Por Myriam Renée Chávez de Balcedo (Directora del diario Hoy).- Solamente en algunas contadas ocasiones, desde que dirijo el diario Hoy hace más de doce años, me he atrevido a utilizar la frase que sirve de título de esta nota -que fue inmortalizada por el escritor francés Emile Zola a principios del siglo XX durante el resonante caso Dreyfus- con el objetivo de denunciar los ataques a la libertad de expresión como así también los contubernios e infames acuerdos que involucran tanto a sectores de la clase política como a distintos funcionarios judiciales.
Vuelvo a recurrir al “Yo acuso” ya que, ejerciendo mi deber cívico como ciudadana, la semana pasada he decidido presentarme en los tribunales federales de La Plata para solicitar formalmente –mediante una denuncia- que sea la Justicia la que investigue cada uno de los hechos irregulares que hemos publicado en el diario que involucran al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a sus secuaces. Estoy convencida de que, además de intentar reflejar en las páginas de Hoy aquello que sistemáticamente busca ser silenciado por factores de poder, mi obligación es aportar los elementos a la Justicia para que un magistrado sea el encargado de indagar sobre la posible comisión de graves delitos que se estarían cometiendo en el organismo que tiene a su cargo la recaudación de impuestos en la Argentina.
Estoy denunciando, nada más y nada menos, la vinculación entre funcionarios de la AFIP con narcotraficantes y contrabandistas. Eso no es todo: también existi-rían negocios turbios relacionados con lavado de dinero, extorsiones y todo tipo de actividades absolutamente incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Dado el contexto general de impunidad que existe en el país, “Yo acuso” al pacto espurio que hace que no puedan funcionar las reservas morales de la Nación, es decir, los anticuerpos que deberían actuar para combatir y castigar a aquellos corruptos que roban, malgastan y dilapidan los dineros que aporta la ciudadanía. Y esto es algo que afecta, en mayor o menor medida, a todas las clases sociales. El gobierno K, a través de la AFIP, está esquilmando los bolsillos de todos los argentinos, ya sean pobres, ricos o ciudadanos de clase media. Solo basta recordar que el Estado le cobra el 21% de IVA a Doña Rosa cada vez que compra un paquete de fideos o polenta, y ese esfuerzo realizado no se traduce en casi ningún tipo de servicios para mejorar la calidad de vida. En la Argentina, la salud y la educación pública y la seguridad, están de-sapareciendo. Vivimos en un país donde, diariamente, cualquier ciudadano inocente puede ser la próxima víctima de la inseguridad, porque hay un gobierno que es voraz a la hora de querer recaudar impuestos a costa de aquellos que producen y generan trabajo, pero se muestra absolutamente incapaz de garantizar la más mínima protección al soberano. Peor aún: el propio gobierno ha levantado una verdadera fábrica de marginales a partir de una nefasta política económica que obliga a que haya cada vez más ciudadanos que no tienen otra alternativa que caer en la delincuencia.
Asimismo, los pequeños y medianos comerciantes y empresarios, que se esfuerzan para poder salir adelante, cargando en sus hombros los efectos de una recesión de la que no son responsables, son permanentemente extorsionados y apretados por un fisco que está en manos de verdaderos delincuentes que, en lugar de estar en banquillos de los acusados, tienen la libertad para disponer alegremente sobre la vida y la hacienda de los ciudadanos. En ese sentido, tanto en la AFIP y demás organismos del Estado, no puede ni debe haber obediencia debida. Aquellas personas que aceptan las órdenes de funcionarios delincuentes o corruptos automáticamente se convierten en cómplices y, en algún momento, también deberán rendir cuentas de sus actos.
“Yo acuso” que hay un sector importante de la Justicia que está mirando para otro lado, mientras se está saqueando el país. Como nunca antes, se está haciendo visible un contubernio para garantizar la impunidad. En ese sentido, resulta inadmisible que ningún juez federal de La Plata, que diariamente tienen acceso a nuestro diario, haya iniciado una investigación de oficio sobre la gravedad de todo lo que hemos plasmado en nuestras investigaciones, que se encuentran debidamente documentadas. De hecho, cualquier ciudadano lo puede constatar ya que hemos decidido subir la denuncia penal, presentada el miércoles pasado, a la web del diario Hoy.
Los jueces penales Laureano Durán y Jorge Di Lorenzo; como así también los titulares de los juzgados federales en lo civil, comercial y contencioso administrativo como Adolfo Ziulu y Alberto Osvaldo Recondo, parecen estar viviendo en otro planeta o tienen convenios políticos que les impiden actuar de oficio ante la posible comisión de delitos que involucren a funcionarios públicos. Lo mismo estaría ocurriendo con los fiscales, quienes –en teoría- deberían ser los que propicien las investigaciones.
En definitiva, el planteo que estoy realizado apunta solamente a que tanto jueces como fiscales cumplan con su labor. Es decir, investigar, constatar la veracidad de lo que se denuncia y eventualmente decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de aquellos imputados. Lo que no debería hacerse, y en eso radica el contubernio, es dormir los expedientes sin solicitar ningún tipo de acción de prueba para verificar lo denunciado, especulando así con los tiempos políticos y electorales. Ocurre que este tiempo que se pierde puede resultar determinante ya que le permite a los acusados borrar o ocultar pruebas, como así también apretar a los denunciantes con el objetivo de evitar que sigan adelante con su accionar.
Como directora del diario Hoy, respeto y confío en las instituciones. Soy una defensora a ultranza del Estado de Derecho y solamente pretendo que aquellos funcionarios cuyos sueldos salen de nuestros impuestos y meten la mano en la lata sean debidamente castigados.
El famoso “roban, pero hacen”, que se hizo tristemente célebre en los años ´90, nos llevó a la peor crisis de la que se tenga memoria como fue la eclosión del año 2001. Aún estamos a tiempo de cambiar: sólo basta que aquellos funcionarios judiciales honestos, que por suerte aún existen en los tribunales, tengan la valentía de decir “basta” y cumplan con su deber, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga.
Como dijo hace más de dos siglos el escritor y político irlandés Edmund Burke: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.
