Por Lucía Salinas/Clarín.-
Pollicita lo solicitará esta semana. Sostiene que la ex presidenta era la jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado. Se suma al procesamiento por traición a la patria.
Con las repercusiones aún en ebullición por la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar a Cristina Kirchner por traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA con prisión preventiva, otra causa compleja y delicada avanza hacia su elevación a juicio oral y público. El fiscal Gerardo Pollicita pedirá en los próximos días que la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, llegue a dicha instancia. En este expediente se acusa a la ex Presidenta de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”.
La causa es considerada el delito precedente de otras investigaciones por lavado de dinero, definidas como la instancia de “reciclaje de fondos” que pertenecían al Estado y que permitieron “enriquecer el patrimonio” de los ex presidentes.
Todo se encamina hacia un gran juicio oral y público que reúna todas las causas por corrupción en las que Cristina Kirchner es investigada y antes de fin de año al menos otra causa podría quedar elevada, planteando un escenario complejo para 2018 cuando ya esté en su banca como senadora por la provincia de Buenos Aires. En esos expedientes algunos nombres se repiten: Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, el socio de la familia Osvaldo Sanfelice, entre otros.
El jueves pasado la ex Presidenta sumó su cuarto procesamiento en la justicia federal: está acusada por lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación al Estado y ahora traición a la Patria y encubrimiento agravado. Sólo la causa por la venta de dólar futuro, fue elevada a juicio oral.
En un dictamen que superará las 500 páginas, el fiscal Pollicita pedirá en los próximos días al juez Ercolini que eleve a juicio oral el expediente que inició con la denuncia de Elisa Carrió y que tuvo impulso con la presentación que realizó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) señalando que Lázaro Báez fue receptor de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Esas obras no se concluyeron, se pagaron con sobreprecios que rondaron el 65% de su costo inicial.
Este circuito de contrataciones “irregulares”, según el fiscal, permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados al patrimonio de los ex presidentes".
Cristina Kirchner cree ser víctima de una “persecución judicial”, sin embargo, la Justicia está convencida de que ella fue la jefa de una asociación ilícita, la "cara y contracara de una misma maniobra delictiva": por un lado la "sustracción de fondos del Estado" y después "la instancia de reciclaje de los mismo" cerrando el circuito con maniobras "de lavado de activos" para "enriquecer el patrimonio de los ex presidentes", indicaron fuentes judiciales a Clarín.
La ex Presidenta tiene dos causas por lavado de activos, una confirmada recientemente por la Sala I de la Cámara Federal porteña y otra en instancia de indagatorias. La justicia determinó que los alquileres de inmuebles de Los Sauces SA a favor de Lázaro Báez y Cristóbal López, que eran contratistas del Estado, y la administración y alquiler de Hotesur SA en manos de Báez pagando alquileres millonarios, tiene un "delito procedente": una instancia donde "los fondos se originaron y fueron reciclados". Esto es, el expediente del direccionamiento de la obra pública.
Según Pollicita en esta causa se investiga una "operatoria criminal" con la cual desde el Gobierno anterior y diversos "organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación del Estado "en favor de Lázaro Báez" por más de $ 46.000 millones".
Para la fiscalía, se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.
La causa podría ser elevada a juicio por el juez Ercolini antes de fin de mes, lo que podría significar que en 2018 se unifiquen las causas por corrupción en un mega juicio contra Cristina Kirchner.
