Por Diario HOY.-
El negocio del juego destapó una interna entre Mauricio Macri y Gabriela Micheti. Si bien ayer intentaron calmar las aguas, la realidad es que salió a flote –una vez más- los estrechos vínculos que unen a los empresarios del juego con sectores de la clase política.
El manejo de las máquinas tragamonedas, en territorio porteño, es monopolio del zar kirchnerista del juego Cristóbal López que, a partir de un convenio realizado entre gallos y medianoche entre Lotería Nacional y la jefatura de gobierno porteño, no paga Ingresos Brutos (IB) en Capital Federal.
A cambio, Lotería Nacional deriva aproximadamente 300 millones de pesos a la administración porteña.
Este convenio, a su vez, le permite a Cristóbal no tener que cancelar una deuda de aproximadamente $2000 millones en concepto de Ingreso Brutos que nunca se pagó porque el cobro de ese gravamen se encuentra judicializado.
Ahora bien, el aporte de Lotería Nacional resulta ínfimo respecto a lo que efectivamente debería aportar el zar kirchnerista del juego. Algunos números hablan por sí solos: Cristóbal actualmente administra unas 6200 tragamonedas, contabilizando los slots del hipódromo de Palermo y del casino de Puerto Madero. Es decir, prácticamente, tiene la misma cantidad de tragamonedas que la mayor operadora del juego en la Provincia de Buenos Aires, que administra 14 salas de bingo y, según su último balance, obtuvo ingresos en 2014 por aproximadamente $4890 millones en 2014 y debe pagar una alícuota del 12% en concepto de IB.
Tomando como referencia estos datos, Cristóbal debería pagar alrededor de $586 millones anuales de IB en caso de aplicarse una alícuota del 12%, es decir, $286 millones más que los módicos aportes que actualmente hace Lotería Nacional. ¿Cuál es el motivo por el cuál el macrismo acepta mansamente no recibir ese dinero? Desde hace años existen sospechas que el negocio del juego es una de las grandes cajas de la políticas. Por eso, los controles de parte del Estado, algo de lo que se quejó Michetti y luego se arrepintió, brillan por su ausencia.
Piden la anulación del convenio
Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda (FIT), presentó un proyecto para denunciar el convenio que exime a los Casinos y tragamonedas del pago de ingresos brutos, firmado a fines de 2013.
El proyecto de Ramal pide la derogación de la ley que homologó el convenio, y que fue votada por el conjunto del PRO y del kirchnerismo en la sesión del 9 de diciembre de 2013. En los fundamentos del proyecto, el legislador del FIT reseña las responsabilidades de todos los gobiernos –de Ibarra a Macri- en “el crecimiento exponencial del juego en la Ciudad”. Respondiendo a Macri, que justificó ese convenio en nombre de un canon relacionado con las utilidades netas, Ramal señala que “el Estado desconoce cuáles son las utilidades reales de las salas de juego en la Ciudad, y se guía por lo declarado por la propia empresa concesionaria. Todos los pedidos de informes al respecto han sido rechazados. El gobierno y los legisladores que votaron la “addenda” de diciembre de 2013 no exigieron siquiera la imposición de un método de control sobre los ingresos del juego”. Precisamente, el proyecto de Ramal plantea la formación de una comisión investigadora con amplios poderes para abrir los libros contables y dispositivos digitales de los equipamientos de las salas de juego.
