Por Juan Manuel Barca/iProfesional.- Cuando parecía cerrarse el calendario salarial, un grupo de gremios comenzó a perforar la pauta fijada por el Gobierno a principios de año. Esta semana fue el de la alimentación, con una suba del 37%, y ahora amenazan con sumarse otros pesos pesados. La estrategia oficial
El Gobierno se zambulló en la batalla salarial más importante del año y comenzó a seguir con preocupación los pasos de Hugo Moyano. Presionado por la inflación y el Impuesto a las Ganancias, el gremio que lidera el camionero reforzó en los últimos días su reclamo de un aumento del 40% con amenazas de paro y levantó así la temperatura de las paritarias.
El titular de la CGT opositora no está sólo. Su pedido es acompañado por otros gremios y en los últimos días recibió un empujón inesperado en la alimentación, donde se pactó una suba del 37%.
Así, las últimas discusiones le metieron mayor presión a una pulseada que amenaza con agrietar más la pauta salarial, en momentos en que la Rosada pugna por mantener esa variable alineada con la inflación y suba el dólar.
En el transporte de carga, las negociaciones se tensaron luego de que el Sindicato de Choferes de Camiones (SiChoCa) rechazó una oferta del 26% y acusó a las autoridades de interferir en las tratativas para condicionar su reclamo a través de las cámaras privadas.
"Los empresarios están siendo apretados por el Gobierno para que no den un poco más arriba del techo que ellos quieren imponer" a los salarios, disparó el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, y advirtió que el próximo paso será un paro en la rama combustibles.
Con el cierre de los principales convenios, el Ejecutivo había logrado encaminar su estrategia de contención de las demandas sindicales. Entre sus principales "conquistas", consiguió que se pactaran aumentos por debajo del 30% en hasta tres cuotas, y alejó el fantasma de las negociaciones trimestrales, que auguraban paritarias permanentes.
El plan trazado a principio de año contemplaba además un acuerdo de precios que mantuviera la inflación anual por debajo del 30%, luego de que en enero la abrupta devaluación aumentó la cotización del dólar, disparó los precios y redujo el poder adquisitivo de los sueldos.
Sin embargo, cuando el calendario salarial llegaba a su fin (los colectiveros y los siderúrgicos aceptaron un 30% en los últimos días, más sumas y adicionales), los camioneros retomaron el centro de la escena con una renovada capacidad de fuego, tras paralizar las plantas de Techint por despidos y bloquear las fábricas de grandes alimenticias.
Uno de los temores que acecha al Gobierno es que el peso pesado se sume al grupo selecto de los que le "ganaron a la inflación" y deje en "off side" a los gremios que firmaron por menos, entre ellos los emblemáticos metalúrgicos, albañiles y empleados de Comercio.
"El Gobierno está monitoreando muy de cerca la negociación de Camioneros porque es una de las más importantes que quedan por cerrar, pero este año las condiciones no son las mismas", dijo a iProfesional.com un empresario de la logística.
Hasta ahora, los únicos que lograron perforar el "techo" fueron los aceiteros y esta semana se sumó el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), dirigido por Rodolfo Daer, que intregra la CGT oficialista y lanzó paros rotativos de 4 horas en las principales fábricas de la industria.
Daer enfrentaba la presión de las comisiones internas opositoras de Mondelez (ex Kraft), Pepsico, Cadbury Stani y Felfort, lideradas por el Frente de Izquierda. Pero también, el avance del camionero, que logró un adicional de $4.700 para los choferes de grandes firmas alimenticias.
De sumarse a la ola, Moyano metería una nueva presión sobre el sindicalismo oficialista, en el que no faltan señales de descontento. En los propios pagos del titular de la CGT aliada al Gobierno, el cierre de la paritaria metalúrgica desató un pase de facturas a Antonio Caló durante el último congreso de delegados de la UOM.
A los roces internos hay que sumar las tensiones provocadas por los despidos y suspensiones que se viven en las industrias de la zona norte de Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego, donde se registraron reiteradas protestas.
Mientras tanto, las actividades que tienen abierta sus negociaciones disponen cada vez de un menor margen para aceptar subas inferiores al 30%. Por ello, los gremios están siendo empujados a traspasar la malla de contención dispuesta por el Ejecutivo.
Los ferroviarios de La Fraternidad piden 35%, una cifra que también exigen los trabajadores de la Sanidad, con cerca de 300.000 afiliados, mientras que los gastronómicos aspiran a una suba del 52 por ciento.
Salarios y precios
En respuesta a los reclamos, el sector empresario comenzó a encenderle luces de alerta al Gobierno. La Cámara de Operadores Logísticos anticipó que "el resultado de las actuales negociaciones paritarias (estará) seguramente por encima del 30%". Y advirtió acerca del impacto que tendrá sobre los precios en rubros como el automotriz, metalúrgico y el alimenticio.
"Las empresas no están en condiciones de un 40%. Después esos aumentos los tenemos que trasladar a los precios", dijo a este medio un empresario de la rama.
La advertencia roza una de las cuestiones que más preocupa al Ejecutivo y es que las compañías descarguen el incremento en los costos laborales sobre las góndolas y, por ende, obliguen a hacer retoques superiores a los previstos en los "Precios Cuidados", el programa con el que el oficialismo ha intentado controlar la inflación.
En los últimos días, las empresas alimenticias comenzaron a hacer un relevamiento de costos para actualizar sus precios a partir de julio, en la que sería la tercera revisión trimestral del acuerdo con la Secretaría de Comercio.
"Debemos sumar los incrementos en los costos logísticos, los aumentos salariales y la situación impositiva a nivel nacional, provincial y municipal, por mencionar algunos ejemplos", dijo el miércoles el presidente de la Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja.
En un intento por alejar el fantasma de la inflación, el ministro de Economía, Axel Kicillof, celebró la semana pasada la "fuerte desaceleración" del índice general de precios que en mayo fue de 1,4%, de acuerdo con las cifras del INDEC. El funcionario lo atribuyó a las "políticas anti monopólicas", sin mencionar la retracción que hubo en la actividad económica.
En la misma línea, el sociólogo Artemio López estimó que "la inflación (anual) va a ser del 25%, por lo que los aumentos de la Asignación Universal por Hijo superan ampliamente esa cifra y todo ese dinero se orienta al consumo".
"Hay una estabilidad del consumo y se mantienen los puestos de trabajo, que están asegurados, y eso es lo importante" mientras que los salarios "van a terminar con subas del 30%", aseguró.
En cambio, las mediciones de la CGT opositora son menos optimistas. La central que dirige Moyano concluyó en su último informe que la inflación acumulada de los últimos doce meses ya alcanza al 35 por ciento.
Se trata de una cifra que supera en casi cinco puntos a los porcentajes acordados por la mayoría de los gremios y que anticipa el número que podrían terminar aceptando los camioneros.
Pese a las expectativas gremiales, la consultora de Orlando Ferreres prevé una moderación en el próximo semestre.
"Estimamos que el máximo de los salarios reales se va a dar en mayo y junio, para luego caer un poco", comentó Fausto Spotorno.
Mientras que otros economistas privados vislumbran directamente un deterioro de los bolsillos en los próximos meses, teniendo en cuenta que las paritarias promediarán una suba del 30% y que la inflación durante 2014, ascendería al 35 o 40 por ciento.
Para la consultora Abeceb, ese nivel de pérdida del poder de compra es producto de que, en 2013, el salario real no creció y, este año, quedaría aún más licuado por la inflación.
En efecto, el propio INDEC reconoció en mayo que los sueldos privados corren en desventaja. Según las estadísticas oficiales, entre enero y marzo las remuneraciones de los empleados registrados subieron 4,5 por ciento, mientras que la inflación en el período reconocida por el organismo fue de 10 por ciento.
Ganancias
Además de lidiar con los precios, los gremios se enfrentan en estas paritarias con la sombra del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría. Se trata de otro rival que condiciona los aumentos de sueldos, alimenta la recaudación estatal y ha ganado peso en los últimos años por la desactualización del mínimo no imponible (hoy en $15.000 brutos para solteros), frente al incremento en el costo de vida.
Algo similar ocurre con las asignaciones familiares, ya que los últimos aumentos en los topes y montos implementados por el Gobierno no alcanzan para compensar la inflación y esto lleva a que cada vez más trabajadores cobren menos salario familiar o queden directamente excluidos.
"La aceleración del aumento de precios del primer trimestre de 2014 erosiona estas recomposiciones del mínimo no imponible, que no sólo deberían ajustarse por el nivel inflacionario, sino también revisando las escalas (congeladas desde 2001) que determinan el monto del impuesto a pagar", reconoció el centro de estudios CIFRA, vinculado a la CTA oficialista.
En este contexto, el reclamo que monopolizaban los camioneros se extendió poco a poco a otros sectores. Los bancarios volvieron a realizar paros en junio "porque defendemos la actualización de nuestros salarios en paritarias que nos han garantizado esos gobiernos y no es justo que se anulen en gran parte sus resultados vía un injusto impuesto a las ganancias a ingresos salariales".
Por otra parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento), también manifestó el "profundo malestar" de los trabajadores del sector que, ante la cercanía del cobro del aguinaldo, "ven el impacto arrasador del impuesto a las ganancias en sus salarios".
El sindicalista aliado a Moyano aseguró en un comunicado que el gravamen "el empresario lo traslada a los precios, los precios al supermercado, el supermercado a las góndolas y así lo terminamos pagando dos veces".
"Nos encontramos entre la espada y pared: si en la mesa paritaria logramos no perder poder adquisitivo, luego viene (Ricardo) Echegaray y nos confisca el aumento y esto condiciona la negociación", concluyó.
