Por Carlos Tórtora/El Informador.-
La vertiginosa caída del consumo y el comienzo de la pérdida de empleos avanzan en forma paralela a la multiplicación de los casos de corrupción, empezando a definir un horizonte electoral crítico. El exilio en el exterior del ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila, testigo clave en el caso Ciccone, marcó una escalada al aparecer la violencia de las amenazas en la causa de corrupción que hoy afecta más al gobierno. Al mismo tiempo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, lo que coloca a ambos más cerca de la posibilidad de ser citados a prestar declaración indagatoria. Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves (22/05) la pena de seis meses de prisión en suspenso contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por el robo de pruebas durante un allanamiento en su casa durante la investigación de la causa por enriquecimiento ilícito.
El caso es que Jaime está imputado en 16 causas y una nueva condena haría que su cumplimiento sea efectivo. La incógnita mayor es si estamos ante el inicio de una ola de casos de corrupción que haría que la política y la campaña electoral se vean obligadas a transitar sobre todo por los pasillos de Comodoro Py. De hecho, la única idea política que movilizó a la opinión pública en los últimos 15 días fue la iniciativa de Julio Cobos de crear una suerte de CONADEP de la corrupción. Fuentes judiciales sostienen que antes de la feria judicial de julio se abrirían nuevas causas de gran resonancia y en algunos casos conectadas con otras ya en trámite. Las versiones sobre Boudou van en aumento y ahora se habla de sus vinculaciones con una multimillonaria inversión para construir torres de lujo en un predio lindante con el Puerto de Olivos, sobre la Avenida Libertador. Un nuevo episodio habría tensado los ánimos entre la justicia federal y la Casa Rosada.
El jueves pasado, el Senado aprobó la lista de diez conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los que se encuentra el ex ministro de Justicia León Carlos Arslanián.
Las designaciones aprobadas por la Cámara Alta son las de Arslanián, Tomás Hutchinson, Ernesto Alberto Marcer, Héctor María García Cuerva, Arístides Horacio María Corti, Carlos María Cárcova, Walter Mario Huggias, Gustavo Ferreyra, Ricardo Augusto Nissen y José Rolando Chirico. El escaso curriculum de algunos de los miembros de esta lista y sus vinculaciones con el kirchnerismo habrían disgustado a no pocos magistrados y las protestas habrían llegado hasta la Corte Suprema, al margen de los cuestionamientos de la oposición a esta selección de amigos del poder.
Embretado en un ajuste que no le garantiza resultados positivos inmediatos, el kirchnerismo parece impotente para evitar que el clima político gire en torno a la corrupción.
Los precandidatos, incómodos
Este escenario, si se instala definitivamente para el 2015, favorecería la polarización entre el kirchnerismo y el FAU, pero dejando en una posición incómoda a los precandidatos más importantes, Daniel Scioli, Hermes Binner, Mauricio Macri y Sergio Massa, que tienen un discurso moderado. Se trata de situaciones distintas. Scioli está obligado a defender las políticas oficiales pero lo último que quiere es tener que respaldar a los funcionarios denunciados. En el caso de Binner, es obvio que siempre su estrategia pasó por captar sectores del kirchnerismo, razón por la cual habla cautelosamente de la corrupción. En cuanto a Macri, su buen diálogo con la presidente y la estrecha relación entre su amigo Nicolás Caputo y Julio de Vido lo obligan a tratar de evitar que su imagen quede asociada a la de la presidente. En cuanto a Massa, les habría prometido a varios de sus íntimos en los últimos días que a partir de julio incrementará sus críticas a la corrupción oficial.
Por otra parte y a su modo, el cristinismo trata de utilizar los peligros que se ciernen sobre él para aglutinar a su tropa con un argumento: una contundente derrota electoral el año que viene conduciría inevitablemente a que cientos de funcionarios de este gobierno comparezcan en tribunales. Para que esto no ocurra, y aunque el triunfo del Frente para la Victoria en un probable ballotage sea casi imposible, el oficialismo necesita mantener la mayoría en el Congreso, o una minoría muy importante, así como una masa de gobernadores, intendentes y legisladores provinciales que negocie desde una posición de fuerza las posibilidades de salir impune. La clave de este proceso está en la evolución de la interna peronista. Por ejemplo, el gobierno cree que, si Massa mantiene su candidatura a presidente, podrá imponer un sucesor de Scioli salido de sus filas y hoy Florencio Randazzo sería el que da mejores números, aunque para esto deba abandonar sus aspiraciones a ser candidato a presidente. En el orden nacional, se sabe que José Manuel de la Sota ya tomó la decisión de proyectar su candidatura presidencial, que funcionaría como una cuña entre Scioli y Massa, con los que negocia permanentemente. El gobernador cordobés es un enigma, ya que es difícil predecir si su protagonismo terminará sustentando la derrota del kirchnerismo o siendo funcional al mismo.
