Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
En una larga resolución, el camarista federal Eduardo Farah de la Sala I expone su voto declarando la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la Republica Islámica de Irán para crear una comisión de la verdad que esclarezca el atentado contra la AMIA de julio de 1994. En el mismo, reivindica la potestad de los jueces para decidir acerca de si un tratado internacional firmado por el Ejecutivo y sancionado por el Congreso puede llegar a desplazar o sustituir al juez penal y al fiscal especial afectados a esa causa, como es el caso del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman respectivamente. Considera Farah que el Memorándum con Irán reúne los requisitos de un tratado internacional que está en un segundo escalón de la Constitución y de las convenciones internacionales, que están el primer escalón. Por lo cual, al analizar los términos de ese tratado, desmenuza que la mentada Comisión de la Verdad entre la Argentina e Irán no es tal, porque según la jurisprudencia internacional interpreta, este tipo de comisiones se conforman en países que salen de una dictadura que violó los derechos humanos o bien de una guerra civil donde también se cometieron delitos de lesa humanidad.
Causal de futuro juicio político
En el atentado contra la AMIA no se da ninguna de dichas circunstancias y, en segundo lugar, en este tipo de comisiones, de las cuales hay más de 20 que se crearon en diferentes países, se tuvieron en cuenta las opiniones de las víctimas y en el caso del Memorándum con Irán las víctimas no sólo estuvieron ausentes sino que se pasó por encima de sus requerimientos. Además, sostiene que no queda nada claro qué facultades tendrá el juez de la causa, Canicoba Corral, en cuanto al carácter que tendrán las declaraciones de los funcionarios actuales y pasados del régimen iraní. Es decir, si estarán en calidad de imputados o no. En este último caso se estaría sustituyendo al juez de la causa y al fiscal general. No hace ninguna crítica al tribunal inferior, o sea a Canicoba Corral, por decidir que la justicia no puede intervenir en un tratado internacional firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, pero detalla abundante jurisprudencia internacional y local para demostrar que la justicia puede decidir si ese tratado es constitucional o no.
Pero la parte más importante de su voto es la que sugiere que el canciller Héctor Timerman, en su exposición en el senado para la aprobación del Memorándum ante la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que había un antecedente de cesión de jurisdicción como en el caso Lockerbie. En el mismo, terroristas libios volaron un avión de Panam sobre territorio escocés y la justicia de ese país permitió que se juzgara en un tercer país. Pero en ese caso, Escocia prorrogó la competencia hacia los Países Bajos.
En el caso del acuerdo con Irán, no se tiene que aceptar la justicia de un tercer país sino lo que decida la Comisión de la Verdad funcionando en Teherán, capital del país acusado. Pero la parte más trascendente es cuando Timerman habla de la detención del ex embajador de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, en Gran Bretaña. El juez británico George Royce le dio libertad bajo fianza y dos meses después lo dejó partir hacia su país. Timerman dijo en ese momento que la extradición no se produjo por la corrupción del juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbacia. Sin embargo, el camarista Farah destacó que el juzgado de Galeano envió la documentación adecuada para el juicio de extradición pero el canciller británico decidió por razones políticas y no jurídicas no extraditar al ex embajador hacia la Argentina. Timerman engañó al Senado al decir que, como la instrucción de la causa por Galeano y los Mullen y Barbacia fue defectuosa, no se podría conseguir ninguna extradición futura, por lo cual había que firmar el Memorándum en cuestión. En realidad, el gobierno del Reino Unido, en noviembre del 2003, no quiso agravar sus relaciones con Teherán, aunque después varios años después rompió las mismas con el régimen persa. Está de más decir que mentirle al Senado es una causal de juicio político futuro al canciller.
