Por Diario HOY.-
Los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura se negaron a tratar el caso del juez federal por considerar que violaba el reglamento del cuerpo. El magistrado estaba en la mira por suspender un allanamiento tras un llamado de un alto funcionario K
En otra movida que desnudó la connivencia entre el poder político y la Justicia, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura se negaron ayer a tratar el caso del juez federal Norberto Oyarbide, acusado de actuar irregularmente por suspender un allanamiento tras el llamado de un alto funcionario del Gobierno nacional.
El Consejo -órgano encargado de analizar la conducta de los jueces- comenzó a tratar el tema en su plenario de la mañana, pero ante la falta de acuerdo postergó el tratamiento para la tarde.
En el reinicio del encuentro, el consejero abogado Alejandro Fargosi propuso que el plenario se convierta en Comisión de Disciplina y Acusación para suspender “inmediatamente” a Oyarbide en su cargo, citarlo por el artículo 11 del reglamento (que voluntariamente el juez haga un descargo) y comenzar a tramitar pruebas para avanzar en la causa.
“No se puede violar la Constitución Nacional y la ley del Consejo. La suspensión es solo ante un pedido de juicio político”, respondió el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Moreno. Esa postura fue avalada por el diputado de la UCR Oscar Aguad y el abogado Daniel Ostropolsky, que consideraron que era violar la garantía de defensa del juez.
Sin embargo, más tarde llegó la propuesta de citar a Oyarbide por el artículo 11, pero el kirchnerismo se negó. Un verdadero escándalo, más aún si se tienen en consideración los estrechos lazos entre el propio magistrado y el oficialismo.
“Nosotros no vamos a seguir. Se está violando el reglamento y no nos vamos a dejar llevar por las intenciones de un grupo mediático”, sostuvo el senador K Marcelo Fuentes.
La nueva mancha del tigre
La polémica que involucró a Oyarbide se había desatado luego de que se conociera la información de que el juez federal suspendió el allanamiento a la Asociación Mutual Propyme tras recibir un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi (quien le advirtió sobre un presunto pedido de coimas y maltratos por parte de los policías del procedimiento).
“Le avisan de la comisión de un ilícito, prioriza la permanencia en una fiesta con 'gente agradable', como dice, y no se constituye en el lugar donde le denuncian el ilícito”, se quejó el senador-consejero Mario Cimadevilla (UCR), y remarcó: “Actuó como un encubridor”.
Además, Cimadevilla dijo que el proceder del juez “pone de manifiesto que el poder político puede en la Argentina paralizar procesos judiciales", a la vez que advirtió que si “consentimos esta conducta estamos poniendo en riesgo la República”.
Las declaraciones vieron la luz luego de que ingresaran al Consejo tres denuncias del senador radical, de un grupo de diputados de UNEN-UCR y el expediente de la Cámara Federal porteña que, curiosamente, quedaron a cargo de Moreno. Éstas comenzarán a ser analizadas el próximo jueves a las 10 cuando se reúna la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.
Un prontuario que lo complica con elementos contundentes
Si hay que encontrar razones por las cuales el kirchnerismo saltó en defensa del juez federal Norberto Oyarbide basta con revisar el oscuro historial del magistrado, que en más de una ocasión tuvo a cargo causas que comprometían seriamente al Gobierno nacional y a sus principales funcionarios.
El caso más emblemático de la relación entre los K y Oyarbide tuvo lugar en el 2009, cuando el juez federal sobreseyó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la causa que investigaba el presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, causa que desvelaba al expresidente. Y también se encargó de la investigación del millonario desvío de fondos públicos otorgados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas (que involucró a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a la titular de la fundación, Hebe de Bonafini, afín al kirchnerismo).
Como si fuera poco, Oyarbide quedó al frente de una causa contra la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, por presunto “abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público” por el manejo del Programa Argentina Trabaja, una investigación que también puso en la cuerda floja al intendente K Francisco “Barba” Gutiérrez en el distrito bonaerense de Quilmes.
Capitanich salió a lavarse las manos y deslindó responsabilidades
Si la decisión de los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura fue un papelón, peor aún fue la actitud del jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, que se lavó las manos al ser abordado por el tema.
En este marco, Capitanich, evitó fijar una posición respecto del juicio político que la oposición pidió para Oyarbide y aseguró que ésta “es una cuestión que debe dilucidarse en el marco institucional correspondiente”.
“No es obligación del jefe de Gabinete responder todas las preguntas que tienen que ver con una agenda múltiple existente todos los días”, fue el insólito argumento del funcionario kirchnerista, al excusarse de opinar sobre el juez federal.
La conducta de Capitanich frente a los medios, en definitiva, es otra muestra de la irresponsabilidad que caracteriza a las autoridades nacionales que, cuando las papas queman, deciden esquivar el bulto y dejar que el problema lo resuelvan otros (pese a que el hecho involucra directamente al subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi).
