El propio Campagnoli dijo que “esto tiene olor a mucha represalia” en referencia a la investigación que llevó adelante contra Báez, en la que detectó un presunto lavado de casi 50 millones de dólares, con dinero que salió del país a través de la financiera SGI y regresó aquí a través de la compra de bonos argentinos por parte de empresas vinculadas al empresario santacruceño.
El propio fiscal y sus colaboradores hablaron de un “desmantelamiento” de la dependencia que encabezaba Campagnoli en el barrio porteño de Saavedra. Desde la Procuración negaron que se trate de un desmantelamiento y aseguraron que los siete empleados y funcionarios que trabajan en la SIPE mantienen sus tareas en otras dependencias de la institución, en Tucumán al 900, pleno centro.
La Procuración es encabezada por Alejandra Gils Carbó, quien recomendó el juicio político de Campagnoli y la suspensión en su cargo. La explicación que dio por la tarde la Procuración a través de un comunicado es que como Campagnoli ya no ocupa más sus oficinas en la Fiscalía de Núñez-Saavedra, ya no tiene sentido que sus colaboradores en la SIPE permanezcan allí.
Por eso, explicaron, se ordenó su traslado a las oficinas de la calle Tucumán, donde trabaja Norberto Sagretti, a cargo de la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido. Esta oficina, según explicó la Procuración, es la que provee sus insumos a la SIPE y por eso, argumentan, es razonable que estén cerca una dependencia de la otra.
Pero lo cierto es que Campagnoli todavía es fiscal, aunque haya sido suspendido. Y mientras no sea destituido, el día de mañana puede regresar a ocupar sus funciones en la fiscalía de Saavedra-Núñez si es que en el juicio político es declarado inocente. El fiscal habló ayer de un “Estado totalitario” (ver “Para el fiscal...”).
Los colaboradores del fiscal que advirtieron sobre la situación hablaron de que pasaban al “archivo”, dando a entender que les daban tareas menores. Sin embargo, el propio Campagnoli aclaró más tarde que en realidad las tareas que se les darán ahora será la de “archivar” causas y no investigar más como lo hicieron en el caso de Báez.
La SIPE fue proyectada y puesta en funcionamiento por Campagnoli junto con el secretario Ignacio Rodríguez Varela en 2012.
El organismo resolvió desde entonces unos 1.200 delitos graves que estaban archivados, según la estadística que ellos mismos difundieron.
“No ha habido hostigamiento ni persecución de ningún tipo hacia los trabajadores, así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo ni se produjeron cambios en las funciones asignadas”, aclaró la Procuración en su comunicado.
La mudanza del equipo de Campagnoli mereció una denuncia penal ayer de la diputada Elisa Carrió contra la fiscal Cristina Caamaño, quien reemplaza a Campagnoli en Saavedra junto con su colega Claudia Katoc. Ambas ayer estuvieron en las oficinas tras el desalojo del equipo de Campagnoli. Caamaño denunció que el viernes pasado encontraron fajas de clausura en sus oficinas supuestamente colocadas por los funcionarios desplazados al edificio de la calle Tucumán. Además, denunció que ese día hubo cortes intencionales de luz y teléfonos.
