Por Carlos Tórtora/El Informador.-
Vuelve a hablarse de la suspensión de las primarias.
El 20 de este mes anticipamos que el juez federal con competencia electoral de Córdoba Ricardo Bustos Fierro sería el primero en aceptar un amparo contra la elección de Consejeros de la Magistratura (Elección de consejeros: el kirchnerismo temería que Bustos Fierro la suspenda). El magistrado admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por Colegio de Abogados de esa ciudad, enmarcado en la estrategia que trazó la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura. Pero la decisión más importante la tomará Bustos Fierro en los próximos días y será dictar o no una medida cautelar que suspenda la elección de consejeros. Si esto ocurre se abren dos vías procesales, la apelación del gobierno ante la Cámara Nacional Electoral o el per saltum ante la Corte Suprema. Bien podría ocurrir que esta no admita el per saltum por entender que debe expedirse la Cámara. Anteayer, un vocero de la Corte deslizó que la cuestión debería estar definida antes del 22 de junio, fecha máxima para la oficialización de las candidaturas para las primarias del 11 de agosto. Pero la realidad es que la fecha crítica es anterior. El 12 de junio vence el plazo para presentar las alianzas. Las desmedidas exigencias de la nueva ley obligan a que los partidos de la oposición, para poder presentar candidatos a consejeros, deban realizar complejas negociaciones que, seguramente, modificarán sus estrategias y llevarán a que las listas para senadores y diputados se armen en parte en función de la lista de consejeros. Ahora bien, podría ocurrir que todo el andamiaje de las alianzas opositoras se recomponga en función de la lista de consejeros y que luego, entre el 12 y el 22 de junio, la Corte, la Cámara electoral o ambas, suspendan la elección. En ese caso unos cuantos partidos opositores quedarían atados a alianzas inmodificables que no sólo dejarían de servirles, al no elegirse consejeros, sino que les resultarían políticamente muy costosas. Semejante cambio de reglas de juego una vez iniciado el calendario electoral podría significar una grave crisis. Y ni que hablar si la justicia suspendiera la elección después de la oficialización de las candidaturas. Esta última situación haría, por ejemplo, que las figuras que se presentaron como candidatos a consejeros queden fuera de juego. Si se trata de los que traccionan los votos para senadores y diputados, el partido que se queda sin ellos podría perder una importante cantidad de sufragios.
Patear el tablero
Un panorama tan oscuro favorece todo tipo de especulaciones. Una de estas es que el gobierno, ante la notable baja que sufre en su intención de voto, podría estar interesado en crear condiciones para que, ante el tembladeral que sobrevendría por los fallos judiciales, se imponga el criterio de suspender las primarias. Para esto el Congreso debería sancionar con mayoría especial una ley que suspenda las PASO por única vez, aplicándose entonces la normativa anterior que dejaba en manos de cada partido elegir sus candidatos a través de elecciones internas cerradas, es decir solo de afiliados o directamente con lista única. De este modo el kirchnerismo obtendría un respiro para tratar de que en octubre el humor social mejore y sus votos aumenten. O sea, que la economía repunte. Este curso de acción es por ahora sólo una especulación. Pero no es la única. Una versión originada en operadores judiciales del gobierno señala que las presiones sobre los ministros de la Corte para que estos convaliden la constitucionalidad de la elección de consejeros irían en aumento. Veladamente, el gobierno deslizaría la amenaza de enviar al Congreso un proyecto de ley para aumentar el número de miembros de la Corte a 19, como propuso Eugenio Zaffaroni recientemente. Esto implicaría no solo licuar la capacidad de decisión de los actuales ministros del tribunal sino que el mismo podría quedar en manos de la rama jurídica de La Cámpora. Con estos y otros aprestos, está a punto de empezar la batalla que puede definir el resultado de las próximas elecciones.
