¿Qué son los reinos sin justicia
–pensaba San Agustín– sino
grandes bandas de ladrones?
La “pura lógica” presidencial parte de una premisa falsa y claramente inmoral: se piensa que la administración de justicia debe negociar con el criminal cuando no puede con él.
El Poder Ejecutivo Nacional acaba de someter a revisión del Parlamento el memorando de entendimiento celebrado entre la Argentina y la República Islámica de Irán, con motivo de temas vinculados al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en nuestro país. Es lo que corresponde.
La Constitución Nacional establece en su artículo 72, inciso 22, que es atribución del Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones. Si los legisladores refrendan el acuerdo, será parte de nuestro derecho, con jerarquía superior a la ley. De suceder tal cosa, nuestro país habrá renunciado a la verdad, a la justicia y, lo que menos importa a esta altura, a su propia dignidad.
El memorando prevé la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales, que emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambos países. La comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja.
El gobierno de Cristina Fernández ha presentado este acuerdo como un logro de la diplomacia argentina que permite sacar la causa del pantano donde está enterrada desde hace años.
Extraña lógica. Según la Presidenta, hay razones de pura lógica para justificar el acuerdo. En un mensaje al país, dijo: “Si en la causa los acusados son todos iraníes; si además el fiscal le imputa a Irán como Estado haber sido el autor intelectual del atentado contra la Amia; si todos los recabados por Interpol, con orden de detención roja, son iraníes, ¿con qué país quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar precisamente para lograr estas cosas es con Irán...”.
Por cierto que la “pura lógica” presidencial parte de una premisa falsa y claramente inmoral. Se piensa que la administración de justicia debe negociar con el criminal cuando no puede con él.
En otros términos, si el acusado no está dispuesto a someterse al proceso establecido por la ley del lugar del hecho para juzgarlo, entonces esa ley debe ceder a sus deseos y avenirse a las condiciones impuestas por aquel.
No es difícil ver en un proceder semejante la consagración de la impunidad, pues también es de “pura lógica” sostener que si un delincuente pudiera juzgarse a sí mismo, no se condenaría, salvo un caso de locura extrema.
Hay además, con este proceder, una enorme contradicción con el discurso sobre los derechos humanos y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, cuya bandera ha levantado este Gobierno puertas adentro, pues siendo el atentado a la Amia –como se sospecha– un crimen por motivaciones raciales, políticas o religiosas perpetrado por instigación de un Estado contra la comunidad judía por su condición de tal, es un crimen de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible, no amnistiable ni indultable. Tampoco negociable con el supuesto responsable.
Ningún avance. Cuando se descubrió la llamada pista iraní, la causa seguida en suelo argentino en virtud del principio de territorialidad entró en vía muerta por la negativa del régimen de los ayatolás a entregar a los sospechosos y someterlos a proceso.
El Gobierno nacional quiere hacer creer que es un avance grandioso el avenimiento de Irán para que las autoridades judiciales argentinas interroguen en Teherán a los supuestos autores, instigadores o testigos. Lo sería si fuera acompañado por el poder de coerción, o sea, la potestad del juez de hacer cumplir compulsivamente sus resoluciones –entre ellas, la de ordenar las detenciones correspondientes–, haciendo avanzar la investigación hasta la etapa del juicio oral y una eventual sentencia.
Pero nuestros magistrados no tendrán en suelo persa ninguna autoridad; aunque obtuvieran confesiones, no podrían ponerle una mano encima al delincuente y quedarían atados a los resultados de la Comisión de la Verdad, que puede o no coincidir con los obtenidos en el país y, en todo caso, terminará con una simple recomendación.
Una negociación potable hubiera consistido en resguardar a los extranjeros con garantías procedimentales que el Estado argentino estaría obligado a respetar, pero nada más.
La creación de esa comisión es, por otra parte, ostensiblemente inconstitucional y violatoria de los principios del derecho público argentino, por cuanto arrasa con la garantía del juez natural y contradice la prohibición del juzgamiento por comisiones especiales (artículo 18 de la Constitución Nacional).
En cualquier escenario imaginable, el único ganador con esta estrategia diplomática será Irán, que habrá obtenido de esta forma el marco legal favorable para negar su responsabilidad por el hecho y no entregar a sus nacionales, amparándose en los términos del tratado.
Jamás un acto de terrorismo habrá conseguido una impunidad tan bien legitimada, ni una tremenda injusticia habrá sido por gobierno alguno tan bien celebrada.
