La operación Severo fue un fallido intento de tapar la crisis que conmueve el país. Esto es, la protesta salarial de la Prefectura y la Gendarmería, aún sin solución por falta de voluntad del gobierno, que necesita mantener y aumentar su nivel de gasto en el clientelismo político. Con los números actuales, una de las principales variables de ajuste son entonces los sueldos de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales. Los cambios que se vienen La crisis derivó en que se forme una junta coordinadora de gendarmes y prefectos para negociar con sus superiores y con las autoridades políticas. Así, la protesta se va pareciendo más a una paritaria de las que se enorgullece el gobierno porque allí se discuten democráticamente los salarios. Pero el problema es que se rompió la cadena de mandos. Como anticipamos hace dos semanas atrás, los altos mandos de la Gendarmería consultaban a abogados acerca de si no incurrirían en delito si allanaban la sede de Cablevisión. Hoy estas señales se van profundizando: aunque lo ordenara un juez, hoy sería dudoso que la Gendarmería se prestara a una maniobra del gobierno para maniatar la libertad de expresión. Gracias a la eliminación de la obediencia debida, obra del kirchnerismo, las fuerzas empiezan a debatir sobre la pertinencia de cada orden. En este clima, se produjo la maniobra burda del autosecuestro de Severo y su aparición en un horario adecuado para que fuera tapa de todos los matutinos, desplazando así la protesta de los gendarmes y prefectos. La operación es también una prueba de la complicidad del Partido Obrero con el gobierno. Este pacto se viene expresando en los sucesivos episodios fabricados para hacerle la vida imposible a Mauricio Macri, como por ejemplo las actuales tomas de los colegios técnicos.
FUENTE: Guillermo Cherashny/EL INFORMADOR PÚBLICO
