Ayer al mediodía, el comité de crisis del gobierno, coordinado por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, habría advertido que los peores pronósticos se confirmaban. La protesta salarial de la Gendarmería y la Prefectura se extendía como una mancha de aceite en las Fuerzas Armadas y las policías provinciales. Prueba de ello era la masiva concentración de policías bonaerenses del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) en las escalinatas del ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Ricardo Casal y el autoacuartelamiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.
En medio de un mar de versiones, distintos informes de inteligencia predecían autoacuartelamientos militares y policiales importantes en Córdoba, Tucumán y Mendoza, además de varias provincias patagónicas. Ceder ante los reclamos de 7000 pesos de sueldo mínimo, además de la contratación de una ART y otras cuestiones, no era evaluada como una opción razonable en la Casa Rosada. El impacto presupuestario sería enorme y ni siquiera pondría fin al conflicto, porque el personal civil de las fuerzas y los empleados de las administraciones públicas provinciales y de la nacional podrían movilizarse con reclamos semejantes. Pero además, en caso de ceder, el gobierno luciría derrotado ante el mundo político, sindical y empresario, que empezaría a plantarse ante CFK de un modo distinto. Lo que les dio todavía mayor gravedad a los análisis oficiales fue la comprobación de que la protesta en Gendarmería y Prefectura no está liderada por oficiales sino por los mismos grupos de suboficiales, que por primera vez irrumpen en escena sin la conducción de ningún mando superior.
Redoblar la apuesta
La discusión en el gobierno se centraba entonces ayer en la determinación del rumbo a seguir. Desde la jefatura de gabinete se lanzó una débil ofensiva mediática intentando instalar el clima de un pregolpe de Estado. Pero este intento chocaba con la baja credibilidad pública, ya que el gobierno no tenía a quiénes acusar por la supuesta conspiración. Según trascendió, la presidente, seriamente afectada por los hechos, se inclinaba por creer que detrás de los suboficiales hay operaciones políticas de distinto origen. Por ejemplo, una versión indicaba que el próximo miércoles gendarmes y prefectos marcharían a Plaza de Mayo -de uniforme- junto a Hugo Moyano y Pablo Micheli. No es un secreto que la masa de suboficiales de la Prefectura provienen de las provincias del litoral y en su mayoría son peronistas. Algo similar ocurre en la Gendarmería con la gran cantidad de suboficiales peronistas que son de las provincias del NOA. De consolidarse la sindicalización de las fuerzas de seguridad, el oficialismo también temería que los nuevos gremios armados se conviertan en un brazo de la CGT moyanista.
En medio del desconcierto generalizado, ayer al mediodía la presidente, Carlos Zannini y el titular de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, empezaron a elaborar una respuesta política digna del kirchnerismo, que ama redoblar las apuestas.
Se trata de un decreto declarando el estado de sitio en todo el país por una semana, aplicando así el artículo 23 de la Constitución Nacional, que dispone: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio en la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”. La existencia de conmoción interior estaría -a juicio de la cúpula del gobierno- plenamente justificada por la insubordinación masiva de las fuerzas y la ruptura de la cadena de mandos en forma inédita. La jugada política consistiría en que, con el decreto firmado, la presidente reaparecería ante las cámaras para anunciar que la democracia está en peligro y que ordenará el arresto de los responsables de la protesta, pidiéndole al Congreso Nacional que convalide inmediatamente el estado de sitio. En caso de agravarse la situación, el cristinismo convocaría a la movilización masiva a Plaza de Mayo y presionaría a la dirigencia opositora para que se solidarice con la Casa Rosada en la defensa de las instituciones. Algunos talibanes del cristinismo -según otra versión- propondrían que se aproveche el estado de sitio para detener a una serie de opositores y periodistas a los que se acusaría de conspirar. Esta desafortunada receta fue aplicada por Raúl Alfonsín en octubre de 1985. El 25 de ese mes dictó el estado de sitio en todo el país por sesenta días y denunció una conspiración contra el orden constitucional. Inmediatamente, ordenó la detención de 12 personas por presuntas vinculaciones con un “complot golpista”.
Fue la reacción ante una escalada de violencia que había comenzado seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la casa del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y en el estacionamiento del Edificio Libertador, entre otros sitios. Se trató del primero de los estados de sitio desde el retorno de la democracia. El 29 de mayo de 1989, Alfonsín, volvió a disponer el estado de sitio en todo el país por 30 días, debido a los graves desórdenes que se habían producido por activistas que incitaban a saquear almacenes y supermercados en el interior. Por último, horas antes de renunciar, Fernando de la Rúa firmó el 19 de diciembre del 2001 el decreto 1678, que establecía el estado de sitio en todo el país por el término de 30 días. Se trató de un desesperado intento por contener la ola de violencia social que terminó con la gestión radical.
Ahora, los partidarios de jugar la carta del estado de sitio señalarían que, con el mismo, la oposición se vería obligada a ponerse del lado del gobierno y Hugo Moyano no tendría más remedio que suspender su movilización del próximo miércoles. Y hasta el cacerolazo del 8-N podría posponerse si se extendiera hasta entonces el estado de sitio. Además, CFK retomaría la iniciativa en un rol que le agradaría: el de la presidente que lucha por defender la democracia en peligro.
