El plazo vencía el 10 de agosto. Pero Cristina firmó el decreto el 7. La intervención estatal en la ex Ciccone se produjo exactamente tres días antes que le venciera a su compradora -la Compañía de Valores Sudamericana (CVS)- el plazo que le había dado la sindicatura del concurso de acreedores de la firma para informar sobre la composición de su directorio , con nombres y apellidos, el estado de sus deudas impositivas y la situación patrimonial de la empresa.
El plazo vencía el 10 de agosto, pero dos días antes, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunciaba la intervención de la firma por 60 días y el envío del proyecto de ley para expropiarla al Congreso. El decreto fue firmado por la presidenta Cristina Fernández el 7 de agosto.
Y el Congreso, con mayoría oficialista, aprobó luego la expropiación .
¿Qué debían responder allí los ignotos administradores de Ciccone cuando llegó la salvadora intervención estatal? Nada más ni nada menos que “la composición actualizada del directorio de la sociedad” , con indicación expresa de “nombre, apellido, documento y domicilio de cada uno de los integrantes”, además de adjuntar “copia del acta respectiva inscripta ante la Inspección General de Justicia (IGJ)”, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.
El legajo original de la ex Ciccone en la IGJ a esa altura estaba desaparecido , según había informado a mediados de junio el diario La Nación. Y ya en marzo, el organismo había decidido cambiar su tradición y restringir el acceso a los registros de sociedades sólo a quienes demuestren un “interés legítimo” y no a cualquier ciudadano, como ocurría hasta entonces.
Es que un mes antes, en febrero, una mujer llamada Laura Muñoz, salió a decir que su marido, en proceso de divorcio, el abogado Alejandro Paul Vandenbroele, era “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou. Vandenbroele era el presidente de The Old Fund, la firma que dos años atrás había sacado a Ciccone de la quiebra y cuya propiedad correspondía al fondo holandés Tierras International Investments y a una sociedad uruguaya llamada Dusbel con acciones al portador e investigada por lavado de dinero. Como apoderado de la primera figuraba un jubilado de Longchamps.
El informe que debía entregar CVS a la sindicatura del concurso, del estudio Stolkiner, era el segundo de los que había ordenado el juez Javier Cosentino hacer de manera trimestral. El primero, en mayo, ya había levantado las quejas de CVS, que pidió ser amparada por el secreto fiscal para no exhibir de manera pública la documentación requerida.
Finalmente contestaron y allí se supo que The Old Fund había puesto casi $ 50 millones en la nueva Ciccone, que a esa altura ya había sido beneficiada con la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria (FPV) en las elecciones de 2011, entre otros negocios. Ahora tiene el de la impresión de papel moneda y sumó el patentamiento de vehículos.
Respecto de los dueños de la firma -el verdadero misterio de toda esta trama-, en aquel primer informe CVS sólo habló de The Old Fund y el reparto de acciones con la familia Ciccone. Nada más. El misterio seguirá ya que ahora el dueño es el Estado, aunque no quede claro a quién indemnizará por la expropiación.
