Al hablar de “cepo democrático”, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incurrió, una vez más, en una flagrante aberración jurídica.
Un sistema democrático debe regirse por el cumplimiento, sin ningún tipo de cortapisas, de la Constitución Nacional, que tiene a la propiedad privada y a las libertades individuales como uno de sus pilares.
El hecho de que los ciudadanos no puedan disponer libremente de su patrimonio, al tener vedada la compra de dólares -recurrir a la verde divisa es una forma que tiene la ciudadanía para conservar sus ahorros, dada la inflación galopante que existe en nuestro país, que desvaloriza la moneda nacional-, constituye una violación infame de nuestra Carta Magna.
Los derechos de miles de argentinos están siendo vulnerados, de forma sistemática, con las restricciones cambiarias, cuyo único objetivo es juntar los recursos necesarios para pagar los vencimientos de la fraudulenta deuda externa, compromisos que oportunamente fueron declarados ilegales por la Justicia de nuestro país ante los grandes negociados que se vienen tejiendo desde la dictadura militar.
La propia palabra “cepo”, en su etimología, denota autoritarismo y castigo, que nada tienen que ver con las libertades ligadas a la democracia.
No por casualidad se llamaba cepo al instrumento utilizado en la Edad Media para reprimir a los acusados por robo, disturbios o pendencias. También se usaba como método de tortura para conseguir una confesión en las mazmorras de castillos, palacios de justicia o cárceles inquisitoriales. Servía, básicamente, para sujetar al reo por la garganta y las muñecas con dos maderos ajustables. Así la víctima quedaba expuesta al público en la plaza de la ciudad, encontrándose a merced del populacho que la vejaba y golpeaba, a veces incluso hasta la muerte, con el beneplácito de la autoridad.
La contradicción en la que incurrió la Presidenta denota las verdaderas intenciones del kirchnerismo, que evidentemente va rumbo a convertirse en una burda versión del chavismo. Por eso, no solamente se atenta contra la propiedad privada de los ciudadanos, sino que también se está avanzando en mayores controles que atentan contra otro de los pilares de nuestra Constitución: la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Gobierno esta profundizado los mecanismos de coerción, utilizando para ello el poder del Estado. Hay un claro intento de acorralar a las voces críticas para imponer un relato único, esgrimiendo para ello una ley de Medios que, desde que fue aprobada, no hizo surgir ni siquiera un medio independiente. Todo lo contrario: empresarios amigos del poder están comprando cada vez más diarios, radios y canales de TV que actúan como boletines oficiales de la administración K.
Todos los monopolios informativos resultan perjudiciales para garantizar la libertad de expresión. Así se denunció en las páginas de este diario, en total soledad, cuando Néstor Kirchner colmaba de beneficios al Grupo Clarín, extendiéndole de forma automática las licencias y permitiendo que se fusionen las empresas de cable. Pero más grave resulta que ahora, por una pelea de los que hasta hace poco tiempo eran socios, desde el gobierno se busque instalar nuevos monopolios.
