El avance sobre el Grupo Clarín también fue tema a la llegada aquí de la presidenta Cristina Kirchner, que participará de la 67a Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el Gobierno confirmaron ayer que luego del 7 de diciembre próximo, antes del llamado a concurso público para adjudicar a nuevos dueños las licencias del multimedio que se excedan del cupo fijado por la ley de medios audiovisuales, la Casa Rosada podría intervenir esas licencias para que vuelvan a poder del Estado.
La licencia que está en la mira de la Casa Rosada es Cablevisión, el corazón del negocio de Clarín y la que garantiza mayor audiencia, según confirmaron a LA NACION altas fuentes del Gobierno.
La intervención le permitiría al Estado desplazar de la grilla canales de cable del grupo, como la señal de noticias TN, y los de aire, como Canal 13, que se mantienen independientes del Gobierno.
"Antes del llamado concurso, el Estado tiene que retrotraer esas licencias al Estado con un acto administrativo para que vuelvan a poder del Estado. Las de Cablevisión son más de 200 licencias", confió aquí a LA NACION una fuente involucrada en el proceso contra el multimedio.
El tema fue analizado por la comitiva que se encuentra en el hotel Mandarín, adonde ayer llegó la Presidenta.
El grupo Clarín contrapone su estrategia: sostiene que el 7 de diciembre sólo vencerá la medida cautelar en el juicio civil y comercial en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios, que obliga a cumplir el cupo de licencias en un año. Si antes no llega el fallo sobre la cuestión de fondo, pedirá una ampliación de esa cautelar, tal como permitió el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo último, el mismo que limitó la actual cautelar.
Si no se la conceden, hará uso del plazo de un año para desinvertir, mientras redoblará su defensa en el juicio. El Gobierno interpreta que el plazo expiró el 28 de diciembre pasado para todos los medios. Sobre ello, habrá otra disputa judicial.
"Si los jueces conceden la ampliación de la cautelar, el Estado respetará los fallos, como siempre, pero discutirá en sede judicial", dijo una fuente gubernamental.
EL SPOT
El mencionado "llamado a concurso para adjudicar las licencias a los nuevos titulares" fue anunciado anteayer en un spot televisivo que el Gobierno emitió durante el programa Fútbol para Todos. Al llegar a esta ciudad junto con Cristina Kirchner, el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, dijo a LA NACION que el proceso "será tal como dice el spot, ahí está todo bien explicado". Y señaló que "el spot no habla de intervención". Pero no quiso dar más precisiones al respecto.
Sin embargo, otras fuentes vinculadas con la Secretaría de Comunicación Púbica, que dirige Scoccimarro, confirmaron a LA NACION que el Gobierno prepara una intervención. Dentro del Gobierno añaden además que ese "acto administrativo" podría ser ejecutado con la intervención de la fuerza pública.
"Como Cablevisión tiene más de 200 licencias adentro, debería haber varias intervenciones y llamados a concurso. ¿Cuántas? Todavía no se sabe. Pero el espíritu es ése. Y como hay que garantizar el servicio mientras se llama a concurso, será necesaria la intervención de uno o varios funcionarios del Gobierno", aseguraron en estricta reserva tres fuentes con acceso a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que dirigía Santiago Aragón y ahora, por propuesta presidencial, quedará en manos del ex intendente de Morón y diputado nacional Martín Sabbatella.
Hace 20 días, Cristina Kirchner anunció que "la cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento y es el 7 de diciembre" próximo.
Todo ello será ejecutado por Sabbatella, que el 2 de octubre próximo asumiría en la Afsca, en reemplazo de Aragón, si supera el proceso de impugnaciones tras su postulación por parte de la Presidenta. Además, esa imaginaria jornada de diciembre será teñida de una épica fundacional: se prepara una marcha de los jóvenes de Unidos y Organizados para celebrar el "final del monopolio".
DESINVERSIÓN
El Gobierno afirma que el 28 de diciembre de 2011 venció el plazo de adecuación para todos los multimedios, además de Clarín: Grupo Uno (Vila-Manzano); Moneta-Garfunkel; Hadad; Indalo, y Telefónica, entre otros.
De hecho, la Afsca envió las primeras intimaciones a fines de julio último. Por eso especulan que Clarín podría presentar una propuesta de desinversión sobre la base de una subdivisión de sus licencias entre saus propios socios. En Clarín lo llaman con sorna "Plan Testaferros para Todos" y aseguran que lo harán porque la Constitución ampara al medio y debilitaría su estrategia judicial.
Otros multimedios lo harán con la venia de la Casa Rosada.
FUENTE: Por Mariano Obarrio | LA NACION
