CFK partió hacia Nueva York, aparentemente sin dar señales a su equipo acerca de sus próximos pasos políticos. O sea, qué piensa hacer para retomar la iniciativa luego de que el megacacerolazo del 13-S colocara al gobierno a la defensiva. Sin embargo, ya hubo una reacción y fue la orden para frenar una marcha anticacerolazo prevista para el aniversario de Néstor Kirchner, el 27 de octubre. Pero esta intención de enfriar los ánimos para disminuir la reacción social choca con la realidad de los hechos. El funcionario más cuestionado del gobierno, Amado Boudou, queda a cargo del Poder Ejecutivo durante una semana. Esto irrita aún más los ánimos y no se descarta que hoy haya manifestaciones de repudio contra el vicepresidente que, junto a José Alperovich y otros gobernadores y vicegobernadores del NOA; funcionarios y legisladores, participará del acto central por un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán, que se realizará en la capital de esta provincia. Los reflejos defensivos del gobierno también se vieron en la moderación de las expresiones de la presidente en sus últimas apariciones televisivas. Otro gesto de inesperada moderación lo dio Guillermo Moreno. Éste, con la excusa de concurrir a la presentación de los nuevos consejeros económicos de EE.UU. en la Argentina, Timothy Stater y James Koloditch, se fotografió con la embajadora Vilma Martínez en la embajada de los EEUU.
En esta misma línea, también se llamó a silencio Ricardo Echegaray, hoy el funcionario más cuestionado del gobierno junto con Boudou. En el territorio bonaerense también hay ciertos cambios. El ascenso de Martín Sabbatella a la conducción de la estratégica AFSCA (Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) marca el eclipse de Gabriel Mariotto, que seguía controlando este organismo con gente de su confianza. El beneficiario de esto es el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que, con un perfil menos agresivo y más sutil, se va convirtiendo en el eje del kirchnerismo bonaerense. Otro que tendría el aval presidencial para levantar el perfil es Juan Manuel Abal Medina, que se prepara para ser la espada mediática del gobierno en el año electoral. Y, como suele ocurrir en esta época del año, recrudecen los rumores sobre un recambio de gabinete en diciembre próximo que se traduciría en un nuevo asalto al poder por parte de La Cámpora. Por ejemplo, se habla de Andrés Larroque, jefe de la agrupación, como sucesor de Carlos Tomada y de otro de sus aliados como reemplazante de Alberto Sileoni en Educación. Pero éstos y otros ajustes poco o nada influyen sobre la definición de la agenda política. El gobierno, en realidad, no cuenta en lo inmediato con argumentos económicos como para disipar el malestar por el cepo cambiario y la inflación, ya que las cifras oficiales acaban de reconocer que se frenó la creación de los puestos de trabajo y cayó en un 15 por ciento la inversión de mediano plazo. Pero además, la fuga de U$S 1200 millones en el segundo trimestre indica a las claras que el cepo cambiario es inmodificable.
El último recurso
Con escasas perspectivas de poder revertir el malhumor social que se extiende, el gobierno necesita hoy más que nunca un golpe de efecto que le devuelva la iniciativa, consolide su frente interno- donde en voz baja se escuchan cada vez más las dudas sobre el futuro- y le permita asimismo recrear un sistema de alianzas que se está debilitando día a día. Después de la puesta en marcha de la expropiación de YPF, de cuyo trámite no se supo más nada, la única batalla significativa que le queda por dar al gobierno es aplicarle el 7 de diciembre a Clarín -manu militari- el artículo 161 de la ley de medios. En otras palabras, declarar la caducidad de la mayor parte de las licencias del grupo para otorgarlas nuevamente en licitación pública.
Semejante golpe sería la única respuesta de magnitud a disposición de la Casa Rosada para contrarrestar el desgaste que empezó con el 13-S y la percepción generalizada de que el gobierno empieza a perder poder. Por otra parte, un ataque demoledor contra Clarín podría asegurarle a Cristina que la centro izquierda en su conjunto y al menos una parte de la UCR se alinearían con ella, lo que volvería a alimentar el sueño de la reforma constitucional y la reelección. Pero aparte está el botín de las licencias que se cancelarían y que el gobierno podría adjudicar luego a los grupos empresarios aliados, incluyendo a los sectores políticos que lo apoyen. En estas eventuales nuevas adjudicaciones también podrían beneficiarse gobernadores e intendentes bendecidos por Olivos. No por nada se empieza a hablar en medios empresarios sobre un plan para que José Luis Manzano aterrice en la conducción de la UIA. El ex ministro del interior de Carlos Menem y socio de Daniel Vila en Grupo Uno, es hoy uno de los principales aliados del cristinismo en la operación contra el multimedios. Fronteras adentro del peronismo, la ofensiva final contra Clarín también podría ser rentable para CFK, porque el embrión de frente anti-K que están madurando José Manuel de la Sota, Hugo Moyano, Jesús Cariglino y Gerónimo Venegas descuenta que Clarín será su aliado mediático para la batalla en las urnas en el 2013. El debilitamiento de Héctor Magnetto podría entonces afectar el proyecto de los rebeldes del peronismo. El caso es que el spot publicitario oficial que se empezó a difundir ayer en Fútbol para Todos (y que ya fue replicado por el multimedios) abrió el fuego y advierte que el 7 de diciembre próximo, si Clarín no se adecuó a la ley, el Estado readjudicará las licencias que correspondan. Es significativo que la Casa Rosada le haga llegar su ultimátum a Magnetto con una publicidad, elevando la tensión al máximo, cuando faltan más de dos meses para la fecha crítica. Parece evidente que el cristinismo intenta acelerar la polarización en torno a la guerra contra el multimedios, con la expectativa de consolidar el frente político y empresario que señalamos. Pero -y no es lo menos importante- la nueva ofensiva busca cambiar el eje de la confrontación entre el gobierno y los caceroleros. Como es obvio, el arco opositor está profundamente dividido entre los que se inclinan por apoyar al gobierno en su guerra contra el multimedios y lo que hacen causa común con éste. Se trata, en definitiva, del mismo recurso dialéctico al cual el oficialismo suele echar mano en cada crisis. Ahora, en vez de la soberanía hidrocarburífera, la cruzada es por la “soberanía mediática”. Con buenas razones jurídicas, Clarín sostiene que el 7 de diciembre no debería pasar nada y que el plazo de un año se debe contar desde esa fecha. Pero el llamado cristinista a la guerra santa contra el multimedios se da ahora en un contexto distinto al de cuando fue planeado. La diferencia es que ahora el gobierno se enfrenta a un escenario político y social adverso y que, para revertir su tendencia, necesita entonces ganar la madre de las batallas.
