El pedido de indagatoria del juez federal Federico Delgado a su par Claudio Bonadío puede abrir un nuevo curso sobre la investigación de la gran tragedia ferroviaria de Once. En la investigación del trágico accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero pasado en la estación Once de la ciudad de Buenos Aires –en el que murieron 51 personas y otras 700 quedaron lesionadas–, la Justicia adoptó importantes procedimientos y avanzó en el proceso de determinar las responsabilidades. El juez federal Federico Delgado solicitó a su par Claudio Bonadío el procesamiento de 32 personas, que deberán declarar en indagatoria. Entre ellos figuran dos ex secretarios de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; el actual subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; el presidente de la empresa Transportes de Buenos Aires, Claudio Cirigliano, y otros 24 directivos y empleados de dicho grupo. El juez Delgado también pidió la indagatoria de Marcos Córdoba, el maquinista del tren siniestrado, aunque en su opinión este no tuvo responsabilidad en la tragedia, ya que su eventual error fue quizá no haberle prestado la atención debida a su tarea.
A nadie escapa la importancia de esta etapa judicial abierta por el juez Delgado, que puede arrojar una nueva luz en el establecimiento de la verdad sobre la que fue una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia del país y cuyas consecuencias siguen conmocionando a la sociedad argentina. Y que a la vez puso de manifiesto las falencias, la irresponsabilidad y la corrupción que han caracterizado a la administración de las empresas públicas.
Dice el fiscal que se ha acreditado el desvío de fondos de casi dos mil millones de pesos que debían destinarse al mantenimiento y la reparación de los trenes, lo que constituye una cifra descomunal para el presupuesto argentino.
Por esos motivos, a los funcionarios y empresarios sospechados se les han imputado los delitos de peculado y estrago culposo, que reprime a quienes, por su desidia, pueden provocar un accidente grave, como un descarrilamiento o un naufragio.
Dijo además el magistrado saber que las transferencias del Estado nacional a la empresa TBA no fueron a parar adonde debían, y dio cuenta de su investigación sobre las inversiones multimillonarias que realizó el grupo Cirigliano en el exterior. También transcribió 14 llamadas celulares entre conductores de trenes y la torre de control de TBA, en las que aquellos alertaron sobre posibles fallas en los sistemas de frenos.
Hay, pues, nuevos elementos de juicio en uno de los más las importantes procesos judiciales de los últimos tiempos.
Lo que la ciudadanía argentina pide y exige son dos cosas: que se establezca la verdad y que se haga justicia, como corresponde en un Estado de derecho, que debe vigilar constantemente el cumplimiento de las leyes y garantizar el régimen republicano.
