Desde hace varios años el crecimiento del gasto público es vertiginoso. La principal fuente de financiamiento ha sido el aumento de la recaudación impositiva que vino creciendo a tasas superiores al 30% anual. Ahora aparecen evidencias de que el crecimiento de los ingresos tributarios se apacigua. El gobierno nacional parecería inclinado a delegar –vía negación de recursos a las provincias– la responsabilidad de liderar el ajuste fiscal. La estrategia es atractiva, por los dividendos políticos de erosionar la imagen política de potenciales contendientes electorales, pero no brinda solución al problema del creciente gasto público que no se puede financiar. En el segundo trimestre del año 2012, el gasto público del sector público nacional ha crecido un 39% respecto a igual período del año anterior. El proceso esta alimentado por los crecientes subsidios a empresas privadas para el sostenimiento de tarifas totalmente desfasadas respecto de los costos de los servicios y los déficits de las empresas públicas. También actúan los masivos nombramientos de empleados públicos en diferentes dependencias del Estado y las más de 2,6 millones de jubilaciones otorgadas sin aportes. Para tener una idea de la trascendencia de este fenómeno resulta ilustrativo que en la década de los ’80 el gasto público nacional, provincial y municipal llegaba al 30% del PBI, en la de los ’90 el gasto público consolidado subió al 32% del PBI y en la actualidad estaría en el orden del 40% del PBI. VER MÁS
El aumento del gasto público se financió con un fuerte crecimiento de la presión tributaria, que del 15% del PBI en la década de los ´80 creció hasta el 35% del PBI en el año 2011. De aquí la importancia crucial de monitorear la evolución de la recaudación impositiva. En este sentido, datos oficiales de la AFIP señalan que:
• Entre los años 2010 y 2011 la recaudación impositiva nacional creció a una tasa de 33% anual.
• En el primer trimestre del 2012 lo hizo al 29% anual.
• En el mes de abril del 2012, la recaudación impositiva nacional también aumentó, pero al 24% anual.
Si bien hay que tomar con precaución el dato del mes de abril, dado que en el año 2012 hubo menos días hábiles que en el año 2011 (esto afecta hacia la baja la recaudación de abril del 2012), las estadísticas oficiales están dando indicios de que se empiezan a enfrentar dificultades para sostener el ritmo de crecimiento de la recaudación impositiva. El año 2012 ha comenzado con tasas de crecimiento por debajo del 30% y en tendencia declinante, planteando un quiebre respecto a los últimos años.
La desaceleración responde a un contexto externo menos favorable, pero también a las controvertidas decisiones de política económica interna. Por ejemplo, la falta de insumos y bienes de capital por los controles sobre las importaciones o la fuga de ahorros ante las intervenciones cambiarias, desalientan y hasta impiden la actividad productiva. Así, el último dato oficial sobre evolución de la actividad económica –el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC– señala que, en marzo del 2012, la economía creció un 4% anual, menos de la mitad del ritmo de crecimiento de años anteriores.
Un escenario optimista en el que el crecimiento de la recaudación se estabilice en tasas del orden del 25% anual, igual resultará insuficiente para financiar la fuerte dinámica de crecimiento del gasto público. La Secretaría de Hacienda informó que, en el primer trimestre del año 2012, el gasto público creció a una tasa del 39%, cuando en el año 2011 lo hacía al 35% y en el año 2010 al 33% anual. Es decir, la tendencia del gasto público es divergente con respecto a la dinámica de la recaudación impositiva.
En este marco, aumenta la necesidad de abordar una profunda mejora en la calidad de la gestión pública. La agenda es amplia y desafiante. Incluye, como mínimo, eliminar los subsidios a las empresas públicas, sincerar las tarifas para reducir los subsidios a las empresas privadas, profesionalizar la gestión del Estado comenzando por erradicar la práctica de usar el empleo público para el amiguismo o la militancia, y reformar el sistema previsional. Sin embargo, ésta no parece ser la opción del gobierno nacional. Aprovechando la fuerte centralización de recursos públicos, pareciera caer en la tentación de delegar –vía negación de recursos a las provincias– la responsabilidad de liderar el ajuste fiscal. La alternativa es atractiva desde el punto de vista político, ya que erosionaría la imagen de potenciales adversarios electorales, pero potencia las distorsiones. Por este camino, las provincias van a recurrir a más endeudamiento, impuestazos y emisión de cuasi monedas. Es decir, el problema del gasto público no financiable no se resuelve; a lo sumo se difiere.
