La denuncia de la Anses contra la concesionaria del subte tomó por sorpresa al Grupo Roggio, que sostiene que el Gobierno la podría haber hecho desde el año 2000, pero eligió hacerlo justo en medio del conflicto sin retorno con los gremios y la Ciudad. Si se le rescinde el contrato a Metrovías, la red pasa a manos de Sbase, es decir, el gobierno porteño.
La denuncia que presentó la Anses ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) por irregularidades detectadas en el manejo de la empresa Metrovías por la contratación de servicios tercerizados, podría patear el tablero del conflicto sin retorno entre el Gobierno nacional y el porteño por el frustrado traspaso del subte a la Ciudad. Una de las razones esbozadas en la denuncia es la tercerización de publicidad en la vía pública. Metrovías entregó en subconcesión a Metronec S.A. la explotación comercial de los espacios y la publicidad en estaciones, coches e inmuebles comprendidos en el servicio de subterráneos. La subconcesionaria Metronec S.A. es una sociedad controlada en un 99,9 % por Benito Roggio e Hijos S.A., quien a su vez posee el 90,66 % de la operadora de subterráneos. La falta de adecuación del canon mensual por la explotación de la publicidad benefició indirectamente al accionista controlante, en detrimento de Metrovías y de su accionista minoritario, Anses. El organismo previsional que encabeza Diego Bossio evaluó que los órganos de administración y fiscalización de Metrovías no realizaron las gestiones tendientes a incrementar las ganancias que actualmente se percibe de Metronec por la subconcesión. La Anses analizó, en ese sentido, la incorporación de nuevas estaciones a la red, la mayor cantidad de pasajeros transportados y el tiempo transcurrido desde la firma de la subconcesión en el año 2000. Anses también denunció a Metrovías por detectar contratos de préstamos de dinero, presumiblemente excediendo el objeto social de la compañía, y de asesoramiento técnico con firmas que constituyen el Grupo Roggio.
El trasfondo
Desde el Grupo Roggio señalaron a LPO que les pareció “raro” el momento elegido por el Gobierno nacional para elevar una denuncia de este calibre. “Hace 12 años que cotizamos en bolsa, todos los movimientos están listados y es raro que una denuncia semejante no fuera hecha mucho antes”, advirtieron a LPO desde Metrovías. “Todas las operaciones relacionadas con la información requerida por el organismo previsional han sido debidamente reflejadas en los estados contables de la empresa y las mismas se han concretado como si se tratara de operaciones entre partes independientes no vinculadas", señaló la empresa en un comunicado. El motivo de la sorpresiva movida del Gobierno nacional no sería otro que imponerle al gobierno de Mauricio Macri el control de la red de subterráneos. Es que según establece el contrato de concesión entre Metrovías y el Gobierno nacional, en caso de que el contrato sea rescindido o no se prorrogue cuando finalice en 2017, la administración de los subtes pasaría automáticamente a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Es decir, la red de subterráneos pasaría a depender directamente del gobierno porteño, titular de esa empresa. De esta manera, el Gobierno nacional se quitaría de encima el fierro caliente del subte, que esta semana llegó a un punto que no parece tener retorno, luego de que los gremios, duramente enfrentados con Metrovías, parara por 36 horas y anunciaran una medida de fuerza de 72 horas para la semana que viene. Tanto Metrovías como los gremios sostienen hasta el cansancio que no podrán avanzar en la resolución del conflicto salarial sin la intervención del gobierno porteño, que no hará nada hasta que lo defina la Justicia. Con una ley aprobada en el Congreso que no alcanzó para transferirle los subtes a la Ciudad, en el Gobierno nacional habrían advertido que la única alternativa era deshacerse del contrato de concesión con Metrovías.
