Por Jorge Altamira*
Cristina Kirchner fue muy clara cuando anunció la expropiación parcial de YPF: “Esto no es una estatización, que quede claro.” Clarísimo. “Los derechos de gestión”, dice el proyecto oficial, deben “preservar los intereses de sus accionistas, generando valor para ellos”. Es la lógica de Repsol, cuyo capital accionario, en 80%, se encuentra en manos de fondos de inversión anglo-norteamericanos. En la nueva YPF, el 49% de las acciones queda en manos de fondos especulativos y bancos. La expropiación tiene por base la Ley 21.499, de la dictadura de Videla. Después de rendir un tributo a la propiedad privada, Mauricio Macri aseguró que no revertiría la expropiación si llegara a la Presidencia; con este apoyo de la derecha tenemos cartón lleno, por parte del “establishment” político vigente. La “recuperación de soberanía” resulta, de este modo, un nuevo episodio del “relato” oficial. Sin el menor pudor, la prensa adicta al Gobierno exhibe la posibilidad de alianzas con Petrobras, Exxon, Sinopec. Se insinúa, incluso, que Oscar Vicente, uno de los autores de la privatización de YPF, en el período Estenssoro, ex Pérez Companc y ex Petrobras, sería convertido en director de la nueva empresa. Ver más
El proyecto de ley no obliga al Estado a mantener en el tiempo el 51% de las acciones que quedará en su poder. Cualquier ampliación de capital, absolutamente previsible por las necesidades de inversión, dejaría la participación estatal en posición minoritaria. El conjunto de la industria, que ha vaciado las reservas petroleras en igual medida que Repsol, continúa en manos privadas y sigue vigente la ley de hidrocarburos, que desregula el mercado e incentiva la exportación. Por último, la factura de la expropiación será salada, aunque la indemnización sea cero: el Gobierno reconoce que YPF le deja una deuda de 9 mil millones de dólares –por sobre todo autopréstamos. Entre otras deudas pendientes, con bancos y con Repsol, queda la que contrajo Eskenazi con aval oficial.
Estamos ante un proyecto de reprivatización. El Estado interviene acosado por un gasto feroz en importaciones de fueloil, gasoil, gas licuado y derivados, y por los subsidios que cubren el bache entre los precios de importación y los precios internos. La expropiación parcial de YPF, que factura 60 mil millones de pesos al año, la convierte en la nueva caja del oficialismo, después de la Anses, el PAMI o el Banco Central. El Estado, así, lleva aún más lejos el vaciamiento efectuado por Repsol. Cualquier aumento de la producción acentuará el perfil exportador de YPF, dado el agotamiento de la capacidad de refinación en el país; por la misma razón, crecerá la importación de derivados. Para cerrar esta sangría, el Gobierno proseguirá con los aumentos de tarifas. Los beneficiarios de los subsidios son los usuarios industriales, el 70% monopolios extranjeros.
Han sido estos monopolios los que se han quedado entonces con el grueso de la renta petrolera, porque el subsidio a los consumidores personales está compensado por un salario relativo inferior. La reprivatización es una tentativa tardía de superar el vaciamiento energético, del cual el Gobierno ha sido instigador y cómplice. Un tarifazo naftero nos llevaría a una hiperinflación.
El apoyo del 95% del “establishment” político a esta salida falsa a la crisis no alcanza para disimular el arbitraje personal que caracteriza al presente régimen político. No sólo las instituciones y los partidos tradicionales se han transformado en un cero a la izquierda, sino también el elenco de ministros y funcionarios heredados de la gestión de Néstor Kirchner. El “affaire” Boudou ha puesto de manifiesto la desintegración creciente del oficialismo.
La crisis energética se enlaza con una crisis política imparable. Desde la izquierda planteamos la nacionalización integral sin compensación del petróleo y las privatizadas, y el reemplazo del agotado régimen vigente por un gobierno de trabajadores.
*Dirigente nacional del Partido Obrero y ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda.
