Federalismo a pérdida: Los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), aparentemente beneficiados por la ley de confiscación de YPF, empezarían a preocuparse seriamente. Es que, por ejemplo, los asesores jurídicos del salteño Juan Manuel Urtubey y mendocino Francisco Pérez coincidirían en un oscuro pronóstico judicial. Descontando que no habrá acuerdo sobre el pago por la expropiación, REPSOL iniciaría distintas acciones ante tribunales argentinos e internacionales reclamando una multimillonaria indemnización. El caso es que CFK se ocupó de asociar a su maniobra contra los españoles a las provincias petroleras y éstas podrían sufrir en el futuro serias consecuencias judiciales. Para empezar, la petrolera española acusaría a los gobiernos provinciales de orquestar una maniobra dolosa para bajar la valuación de YPF a través de la caducidad de las concesiones de la empresa en media docena de provincias. Todo esto con el propósito de presionar a REPSOL para que vendiera sus acciones en YPF. Ver más
Acuerdo forzoso
Pero más graves serían las responsabilidades que asumirían las provincias petroleras a partir de que entre en vigencia la ley de expropiación que se sancionará la semana que viene. El articulado de la futura ley asocia a las provincias con el Estado nacional en el Consejo Federal de Hidrocarburos, que pasará a ser la máxima autoridad en la materia. Pero la corresponsabilidad de las provincias ante la justicia por las demandas de REPSOL se perfila más claramente a partir del artículo 8, que establece que el 49% de las acciones a expropiar se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. La clave está en el artículo 9, que dispone: “La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el Estado nacional a favor de los Estados provinciales integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”. En otras palabras, que los gobiernos provinciales sólo podrán votar junto con la Casa Rosada, porque sus acciones estarán sindicadas con las del Estado nacional. Entonces, los reclamos judiciales de REPSOL apuntarían conjuntamente al gobierno nacional y a los provinciales. Si algún gobernador quisiera diferenciarse de la presidente, por ejemplo proponiendo algún acuerdo con los españoles, simplemente no podrá hacerlo. Así las cosas, el riesgo judicial que ahora enfrentan las provincias afectaría también sus posibilidades de obtener financiamiento en el mercado internacional, limitando seriamente algunos proyectos. Todo esto al margen de los riesgos de futuros embargos de activos. Fiel a su estilo político, la presidente federalizó su estrategia petrolera, pero cuidándose de cortarles a los gobiernos provinciales cualquier chance de dar un paso al costado.
