EE.UU.: Por MATT MOFFETT y TAOS TURNER
BUENOS AIRES—En una medida que marca un hito en la expansión del control estatal sobre la economía, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley que busca nacionalizar la mayor empresa argentina de petróleo y gas, YPF SA. La medida desató una batalla contra Repsol, el accionista ibérico que controla la empresa y el gobierno de España. Bajo la propuesta, que declara a la industria petrolera "de interés público nacional", el gobierno federal y los gobiernos provinciales de la nación asumirán el control de 51% de la empresa, que hasta ahora se halla principalmente en manos de Repsol YPF SA, de España. Es seguro que la medida será aprobada en el Congreso de Argentina, donde el gobernante partido peronista, de la presidente Kirchner, tiene la mayoría. La nacionalización es la culminación de un enfrentamiento de meses entre YPF y el gobierno de Kirchner. El gobierno culpa a la petrolera por la baja producción que ha obligado a Argentina a gastar grandes sumas para importar energía, en momentos en que sufre de una escasez de dólares debido a la fuga de capitales. Ver más
YPF, que ha sostenido que las propias políticas intervencionistas del gobierno son culpables de la crisis energética, no hizo comentarios. A partir de ayer en la tarde, un portavoz de YPF comenzó a referir a toda la prensa al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina diciendo que el gobierno estaba ahora gestionando la empresa. En un comunicado, Repsol dijo que cree la medida de Argentina es "claramente ilegal y seriamente discriminatoria" y que está estudiando todas las acciones legales que podría tomar en respuesta.
Por su parte, el gobierno español dijo que tomará claras y contundentes medidas contra Argentina. "Es una pésima decisión", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel García-Margallo, en una conferencia de prensa. A su vez, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel García, dijo que España tomará medidas legales contra Argentina en los próximos días, aunque declinó revelar más detalles.
Kirchner, que la semana pasada enfrentó advertencias de los líderes españoles y europeos sobre los rumores de nacionalización, imprimió un tono desafiante al hacer el anuncio en un discurso a la nación: "Esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto", dijo.
La nacionalización parece que garantizará una intensa lucha legal entre el gobierno argentino y Repsol, a la vez que tensará la relación del gobierno de Kirchner con España, un gran inversionista y socio comercial. Además, la acción puede dañar aun más la reputación de las relaciones de Argentina con la Unión Europea.
"Esto envía una verdadera señal negativa a casi todo el mundo en términos de reglas del juego y la inversión en Argentina", opinó Mark Jones, politólogo de la Universidad de Rice. "Esto es una gran señal de advertencia que dice 'inversionistas, cuidado'". De hecho, los analistas se preguntan cómo Argentina obtendrá el capital y los conocimientos necesarios para desarrollar las significativas reservas de gas de esquisto de YPF, tras la dura medida contra Repsol.
Evidentemente, el gobierno de Kirchner no perdió tiempo en asegurar el control. Una fuente cercana dijo que a algunos directivos españoles se les impidió el ingreso ayer en la tarde a las oficinas de YPF en Buenos Aires. Después del discurso de Kirchner, el gobierno emitió un decreto de emergencia anunciando una "intervención" en las operaciones de la compañía, que quedaría bajo la autoridad del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Fuentes de Repsol habían dicho anteriormente que el gobierno de Argentina tendría que pagar cerca de US$18.000 millones para tomar el control total de YPF, según los estatutos de la empresa y la ley argentina correspondiente. El gobierno estaría obligado a hacer una oferta por todas las acciones de YPF, aun si sólo quisiera obtener apenas 51% de ellas, de acuerdo con los reglamentos de la compañía.
YPF representa más de 50% de la producción diaria consolidada de Repsol. En 2011, representaba cerca de 35% de los ingresos consolidados de Repsol antes de impuestos, depreciación y amortización.
YPF se formó como una empresa estatal en 1922, antes de ser parcialmente privatizada por un gobierno conservador en 1993. Repsol obtuvo el control de la empresa en 1999 y actualmente posee 57%.
Luego del anuncio, la bolsa de Buenos Aires suspendió la cotización de las acciones de YPF. En tanto, en Nueva York, los ADS de la empresa cayeron 11%, a US$19,50, lo que representa una baja de 43% para lo que va del año, en medio de rumores de planes de nacionalización. Las acciones de la empresa han caído este año 31% en Buenos Aires, mientras que las acciones de Repsol tuvieron una baja de 26% de su valor en España.
Kirchner culpó a YPF por el declive de la producción de petróleo y gas, y dijo que la empresa es en gran medida responsable por obligar al país a ser dependiente de la importación de petróleo y gas por primera vez en 17 años. La presidenta también ha dicho que Argentina es el único país de América Latina sin una significativa presencia estatal en el sector petrolero. México, Chile, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia e incluso Uruguay gozan de empresas estatales que son determinantes en sus sectores de crudo y gas.
