Alerta en el agro por la posibilidad de un nuevo IAPI. En las últimas 48 horas, dirigentes de CRA y de la Sociedad Rural mantuvieron varias reuniones para analizar una insistente versión. La misma indicaba que el gobierno, ni bien concluya el trámite legislativo para confiscar YPF, pondría en marcha la estatización del comercio de granos. Los fundamentos para el borrador de proyecto de ley que estaría en elaboración no serían muy distintos a los utilizados para YPF. Al comercio de granos se lo calificaría como estratégico y a través de su estatización se buscaría evitar las distorsiones de precios en el mercado interno, favorecer la obtención de mejores precios en el mercado externo y controlar más eficazmente la evasión tributaria en este rubro. También como en YPF, se estudiaría que el organismo a crearse incluya en su directorio a las provincias productoras y habría negociaciones con Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Carlos Garetto (CONINAGRO) en este sentido. Para darle mayor atractivo político a la medida, se podría anunciar que, gracias a la misma, las retenciones a la soja, el maíz y el trigo se irían reduciendo progresivamente. Ver más
También como en YPF, la medida sería presentada como necesaria para contrarrestar a un mercado oligopólico. Las grandes cerealeras serían sin duda las principales perdedoras en este nuevo capitulo de estatizaciones, lo que no debe extrañar, porque la AFIP está preparando el terreno desde más de un año atrás. El 1 de marzo del año pasado la AFIP allanó 117 domicilios de firmas cerealeras que involucran a 48 multinacionales que supuestamente evadieron un monto de aproximadamente 150 millones en un año y dos meses, según las autoridades. Las empresas, en su mayoría exportadoras, habrían facturado 290 millones de pesos entre junio de 2009 y agosto de 2010, manejando como herramienta de evasión operaciones de compraventa de granos en negro a través de la creación de “sociedades pantalla” que estaban a nombre de personas de barrios humildes, indigentes y hasta fallecidos. También -siempre según la versión oficial- se habría utilizado como testaferros a acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.
Entre las empresas allanadas, se contaron Cargill, Bunge, Nidera y Noble Argentina y las investigaciones que desembocaron en las inspecciones se iniciaron por cruces informáticos realizados durante los últimos meses del 2010. Por medio de estos seguimientos se conoció la existencia de las sociedades fantasma que no pagaban impuestos. Echegaray denunció a estas firmas el 3 de noviembre de 2010 en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ricardo Buryaile, de la UCR. En ese momento, Echegaray se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso “Patria Cerealera”, que involucraba a las firmas allanadas en el día.
En esa denuncia en el Congreso, el titular de la AFIP había aclarado que, mientras estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el aumento de la recaudación, recurrieron a una planificación fiscal nociva. Los 117 allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. En ellos, participaron 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información. En la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Santa Fe 22, en Córdoba 21, en Tucumán 4, en Entre Ríos 3, en La Pampa 2, en San Luis 2 y en Salta 1.
Este paquete judicial armado por la AFIP le daría sustento y justificación al nuevo proyecto estatizador.
Tradición partidaria
El equipo que prepara el plan comunicacional del gobierno para este tema se orientaría a enfatizar el antecedente del IAPI. El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio fue creado por el decreto 15.350 del 28 de mayo de 1946, que si bien fue firmado por el Presidente Farrell, formaba parte del conjunto de medidas que el coronel Perón y su equipo de asesores habían proyectado. El nuevo IAPI, por lo que trascendió hasta ahora, se limitaría al comercio de granos pero tendría funciones muy parecidas a su antecesor. Esto es: comprar la producción total en pesos para luego colocarla en dólares en el mercado externo. También estaría en estudio que el organismo a crearse financie la compra de equipamiento para el agro, así como obras viales y de infraestructura ligadas a la producción agrícola. En febrero del 2009, la Casa Rosada estuvo a punto de darle forma a la estatización del comercio de granos. La frustrada ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) -disuelta el año pasado en medio de diversos escándalos de corrupción- iba a ser el único comprador y vendedor de granos, harinas y aceites que se encargaría de abastecer la demanda doméstica y comercializar al extranjero los saldos exportables. Por ese entonces la ONCCA ya regulaba las exportaciones de productos agropecuarios.
