Dispuesto a asumir el costo político, el Gobierno pone techo de 19% a docentes para moderar subas de salarios. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, cerró drásticamente la paritaria con una resolución que "congela" la oferta salarial oficial. El clima de conflictividad laboral se agudiza y ya amenaza con trasladarse a otros gremios de trabajadores estatales. Las señales son, de por sí, contundentes: el Gobierno se tomó en serio la política de "anclar" los salarios como parte central de su nueva etapa de "sintonía fina". Y está dispuesto a defender esta postura a cualquier precio, aun cuando el costo político a pagar sea el de una elevada conflictividad gremial y nuevos cortocircuitos con la base sindical. No es poca cosa, en un país con un índice de inflación que se ubica entre los más altos del mundo. Federico Mc Dougall/iProfesional.
Por si quedaban dudas respecto de que las palabras del ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien antes del comienzo de clases había calificado como "extorsión" y "salvajada" el paro de actividades convocado por los docentes disconformes con su salario, en los últimos días hubo una ratificación plena de esa nueva política oficial.
Primero, la propia Cristina Kirchner, en su mensaje ante el Congreso, hizo mención al tema y, más allá de lo anecdótico de su referencia a "la jornada de cuatro horas" y a los "tres meses de vacaciones" que tienen los maestros, lo sustancial fue que ratificó lo que desde hacía meses venía insinuando: que este año no habrá margen para elevados incrementos.
La Presidenta, ya desde finales del año pasado, viene haciendo una analogía entre el 2012 y el 2009, dado que los dos años están caracterizados por un mal contexto internacional y un deterioro de la economía (tanto en las cuentas públicas como en la rentabilidad empresaria).
Y ello, en la visión de la jefa de Estado, implica que no existe más espacio como para que haya aumentos desmedidos sin que se ponga en riesgo el nivel de empleo.
Cristina siempre se ha jactado de que en 2009, gracias a su negativa a otorgar ajustes desproporcionados, se pudo sortear la recesión. Y sus recientes actitudes apuntan a que este año intentará repetir ese cuadro de situación.
Por lo pronto, el ministro Sileoni agregó más combustible a la polémica con los docentes, al afirmar que el conflicto residía no tanto en una diferencia de dinero sino, más bien, en "una cuestión cultural" y que los maestros pararían igualmente aunque el Gobierno les mejorase sustancialmente sus ingresos.
Para completar el panorama, ayer el Ministro resolvió ponerle punto final a la paritaria a través de una resolución que da por cerradas las negociaciones y "congela" la oferta hecha por las autoridades.
Hablando en cifras, el Gobierno estableció una suba del 19,6%, mientras que los docentes pedían un 29%.
La decisión -tomada por el Ministerio de Educación- fue oficializada este martes a través de la Resolución 229/2012.
La justificación de Sileoni fue que "no podemos mover el piso", porque se afectaría las negociaciones de las provincias, muchas de las cuales ya han establecido acuerdos.
Además, el titular de la cartera educativa consideró que los gremios "no han advertido la naturaleza de lo que es la paritaria nacional, que sólo es fijadora de un piso, y allí estuvieron muy anclados (los maestros) en 28,30 por ciento".
En ese sentido, Sileoni apuntó: "Consideramos que es un monto que no estaría mal que lo gane un docente, pero siempre las ofertas son en referencia a otra anterior y me parece que no toma en cuenta la marcha de la economía. Este año hay que tomarlo con una moderación mayor".
Mientras que en la provincia de Buenos Aires volvían a fracasar las negociaciones por mejorar la oferta hecha a nivel nacional, empezaron a surgir evidencias de que los demás gremios estatales también captaron el mensaje: lo que se resuelva con los docentes será la referencia para el resto de los sectores.
Y la primera señal es la convocatoria de los sindicatos nucleados en ATE a un paro nacional con movilización, con el objetivo de exigir una recomposición de haberes del 35 por ciento, reclamar contra la precariedad laboral y por la apertura de paritarias.
Una "fantasía" bajo presión
Tal como señalara iProfesional.com, la negociación salarial de los maestros viene siendo -como todos los años- la que es seguida con mayor interés por todos los argentinos.
Funcionarios del Gobierno y de todo el arco empresarial no le pierden pisada, habida cuenta de que al tener el Estado que ocupar el rol de empleador, el porcentaje de aumento que acuerde con los gremios es luego tomado como indicador por los actores privados (compañías y sindicatos).
De modo tal que no es un tema relevante sólo para maestros y padres con hijos en edad escolar, sino que se ha constituido en "la gran referencia" para saber cuál será la tónica nacional, en materia de incrementos salariales, para el resto del año.
Es por eso que, desde hace ya unas semanas, quienes participan de estas negociaciones entendieron que un acuerdo que implicara una suba elevada -más cerca del 30% reclamado por los maestros- sería interpretado como un relajamiento en el pedido de prudencia que emana del Ejecutivo.
En cambio, un incremento moderado -por debajo o cercano al 20%- como el que impulsa el Gobierno, implica un mensaje muy diferente para la CGT, líderes gremiales, empresas y la opinión pública en general: que desde el poder político este año no se avalarán "desbordes" que pudieran poner presión sobre la inflación o complicar aun más la rentabilidad y los planes de inversión de las compañías.
"La intención del Gobierno de que los aumentos en varias ramas de actividad se ubiquen en torno del 20% tendría, entre sus principales objetivos, evitar que la rentabilidad continúe erosionándose", afirma un informe de la consultora Economía & Regiones, firmado por su director, Alejandro Caldarelli.
No obstante, esta nueva etapa de "sintonía fina" en los sueldos, no será tan fácil de llevar a la práctica, luego de que el país mostrara durante años una fuerte política expansiva, en términos de crecimiento en las remuneraciones.
Sin ir más lejos, en 2011 las subas pactadas fueron de casi 30% en promedio, unos "ocho puntitos" más respecto de una inflación que se ubicó en 22%, según estimaciones privadas.
"Habrá mayores tensiones sociales", señalaba Caldarelli a este medio.
Claro está que, en materia salarial, el debate no se reduce a una cuestión de querer sino de poder, al menos cuando entran en juego los sueldos de los empleados estatales.
Sucede que este año luce más complicada la situación de caja de las provincias. En especial, la de aquellas con economías poco diversificadas y con altos porcentajes de trabajadores públicos.
Comienza la reacción en cadena
La reacción de los gremios estatales refleja que al Gobierno no le resultará fácil implementar una política de moderación salarial en medio de un entorno inflacionario y con una opinión pública sensibilizada.
"Pese a lo concreto de los reclamos que venimos planteando desde hace mucho tiempo, solo nos encontramos con preguntas y no con respuestas y, mucho menos, con propuestas. Por eso, nuestra decisión es clara. Los trabajadores no vamos a pagar una crisis que no generamos con un ajuste que no merecemos", señaló el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, tras confirmar el paro con movilización.
"Si se profundiza la tendencia actual (de dilación en la presentación de una oferta satisfactoria) 2012 será un año que nos encontrará en las calles, no porque así lo queramos, sino porque no nos quedará otra alternativa", añadió.
ATE pide cerca de un 35% de incremento que es, según sus cálculos, la pérdida que sufrió el poder adquisitivo de los trabajadores desde marzo de 2011, cuando se otorgó el último incremento salarial.
"Nuestro gremio no admite que al menos no sea discutida la pérdida inflacionaria que hemos sufrido los trabajadores en 2009, 2010 y 2011, a la que hay que sumarle la estimada para este año. Ese cálculo nos da un 39 por ciento, si la discusión es anual, o un 30 por ciento si se toma sólo el primer semestre", aclaró Isasi.
También el gremio reclama que se equipare la hora de bolsillo que cobran los dependientes estatales. Mientras los auxiliares de educación reciben $18,90 (por hora), los hospitalarios no enfermeros $14,30 y los enfermeros $15,80. En tanto, el personal administrativo percibe $21,90.
"Está claro que hay que equiparar hacia arriba de manera urgente", aseguró el dirigente.
Mal timing para un ajuste
El gran desafío del Gobierno, además de sus propias limitaciones financieras para mejorar los ingresos del sector público, es el de enfrentar a una opinión pública sensibilizada y poco propensa a aceptar algo que tenga "olor" a un ajuste.
A fin de cuentas, como dicen los politólogos, si algo ha constituido la base del apoyo popular a Cristina Kirchner, eso ha sido el aumento en el poder adquisitivo.
Ir en contra de esas expectativas implica pagar un alto costo político para el Gobierno, justo en un momento en el que se avanza en un aumento de los servicios públicos.
Aun así, las negociaciones con los docentes son un claro indicio de que, esta vez, el Ejecutivo está dispuesto a asumirlo, consciente de que aquellas épocas de otorgar unos puntitos más que la inflación tocaron su fin y que ha llegado el momento de "ajustarse el cinturón".
Pero no la tiene tan fácil. Es que, en el caso "testigo" de los maestros, el sector arrancó con un básico de $2.340, una cifra más vinculada a un país en crisis que a una nación que lleva ocho años creciendo a "tasas chinas".
Llevarlo a una cifra cercana a los $3.000, tal como reclama el gremio, implicaba convalidar un incremento del 30%, un porcentaje que el oficialismo quiso evitar, por el peligroso antecedente que dejaría sentado.
Y, por si faltaba algún ingrediente adicional a este "mal timing" para la moderación salarial, el reciente aumento de las dietas de los legisladores completa un panorama que complicó aún más las negociaciones.
Fuerte dispersión
El conflicto docente deja en evidencia las dificultades que enfrenta el Gobierno para moderar las mejoras en las remuneraciones. Pero también la fuerte heterogeneidad que predomina en los sueldos de la actividad educativa.
El hecho de que nueve provincias no hayan aceptado las cifras ofrecidas por las autoridades -y la defensa cerrada de la paritaria nacional por parte de los gremios- son un fiel indicio de que la alta dispersión existente en las condiciones laborales y presupuestarias no es un tema menor.
En provincias del norte, como Catamarca, el salario inicial en bruto de un maestro de grado de primaria es de $3.065. Le siguen Formosa y Santiago del Estero (con básicos, también en términos de remuneración bruta, de $3.126 y $3.318).
En tanto, los maestros del centro y sur del país pueden llegar a obtener $6.099 y $6.540, como ocurre en La Pampa y Santa Cruz, que posee el piso más elevado a nivel nacional.
Claro está que el sueldo de bolsillo es más bajo. La escala a nivel provincial de los maestros que recién se inician está establecida con un básico de $1.332 y para llegar a los $2.300 reciben otras sumas que no impactan en las jubilaciones.
