Por Diario HOY.-
El gobierno oficializó la designación de magistrados amigos al frente de la Cámara de Casación Penal. La mayoría defendió a funcionarios, entre ellos, a Boudou y Felisa Miceli. El tribunal es la última instancia en causas por corrupción
o pudo imponer la reforma judicial, pero de a poco, el gobierno va mellando la independencia del único poder que le falta controlar.
Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de diez conjueces que ocuparán vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, luego de haber logrado, en diciembre pasado, el aval del Congreso, dominado por el oficialismo.
El avance K se da sobre todas instituciones democráticas del país, pero no puede evitar la polémica. A su paso por el Senado, los magistrados fueron rechazados por la oposición por sus fuertes vínculos con el kirchnerismo. Algunos de ellos, incluso, se declaran “militantes” del “modelo”.
Tal es el caso de Marcelo Roberto Buigo, apoderado de Julio de Vido.
Es decir, encargado de esconder los trapos sucios del ministro de Planificación. Pero además, este abogado forma parte de Justicia Legítima, la agrupación K en el poder judicial, y es uno de los impulsores de la reforma K. Lo mismo cuenta para Gustavo Ferreira y Eduardo Barcesat, otros de los designados por el gobierno. Este último es también abogado de Madres de Plaza de Mayo y defendió la reelección.
Pero aún haciendo méritos, no son esos los casos más criticados de la lista K de jueces amigos, integrada por Carlos Alberto Cruz, quien defendió a la exministra de Economía Felisa Miceli en la causa que la condenó por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial.
Finalmente, el equipo “nacional y popular” en la Cámara incluye a Martín Magram, abogado defensor del múltiple denunciado por corrupción, Amado Boudou.
He aquí, pues, el lugar estratégico por el cual Cristina Kirchner quiere y necesita copar con amigos este Tribunal, la última instancia legal en las causas por las que se investigan casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. El fin último es, pues, garantizar la impunidad luego de diez años de saqueo y a poco de dejar el poder. No lograda la reforma judicial, un buen número de jueces amigos podrían ayudar a los K a cumplir su cometido.
Críticas y denuncias
Las réplicas a tal decisión no se hicieron esperar. Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, protestó porque, evidentemente, “el kirchnerismo no puede convivir con jueces imparciales”, y dijo que su actitud de colocar jueces aliados “es justamente para que no los juzguen e investiguen ni tampoco se les aplique la ley”. Finalmente, Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de capital, señaló que “la jugada del kirchnerismo es para copar la Justicia. La verdad, he perdido la capacidad de asombro”.
Gils Carbó lidera el avance K en la Justicia
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se ha convertido en la punta de lanza de la avanzada K en la Justicia. Puesta en un lugar vital por la propia Cristina Kirchner, se ha encargado de perseguir a los fiscales que imputan a cuestionan a los funcionarios públicos, aunque aún no ha logrado hegemonizar los tribunales. Por deversas irregularidades cometidas, ha sido ella, pues, la que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por sus subordinados.
La última fue abierta por una denuncia de Alejandro Sánchez Kalbermatten, ante el juez federal Julián Ercolini. Kalbermatten descubrió que su colega Alberto Binder usó “dos sombreros” incompatibles entre sí desde el punto de vista jurídico y ético, bajo el amparo de Gils Carbó.
Por un lado, la procuradora nombró a Binder el 10 de junio como secretario de Coordinación Institucional de la Procuración. Luego le hizo pagar $ 35 mil retroactivos porque, en realidad, había empezado a trabajar el 17 de abril. Pero el 13 de agosto, Binder firmó un pedido de amicus curiae (amigo del tribunal) como vicepresidente de la ONG Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales a favor de Gils Carbó. El laberinto, viciado, terminaba beneficiando a la procuradora.
Cabe destacar, finalmente, que son pocos los fiscales que se animan a denunciar a su jueza, aunque muchos han comenzado a animarse luego de que éste suspendiera a José María Campagnoli por investigar al empresario K Lázaro Báez. A poco de asumir, Carbó ya tiene al menos tres denuncias en la Justicia Federal.
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