Los servicios que ofrece el Estado a la población dependen decisivamente de la calidad de la gestión de los recursos humanos. Comparado con el sector privado, el Estado argentino se caracteriza por salarios y demás condiciones laborales mucho más atractivas junto con criterios de selección y promoción mucho más discrecionales.
Esto promueve la mediocridad y genera condiciones propicias para que los funcionarios usen el empleo público para distribuir favores electorales y personales. Para que el Estado sea un factor de desarrollo social es crucial cambiar esta realidad profesionalizando la gestión del empleo público.
Aun cuando los avances de la tecnología tienden a reducir la necesidad de mano de obra, la mayoría de los servicios que ofrece el Estado se caracteriza por un uso intensivo de trabajo humano. Educación, salud, seguridad, justicia son sectores que ilustran esta particularidad. Este rasgo lleva a que la calidad en la gestión de los servicios del Estado dependa decisivamente de la disponibilidad, capacidad y compromisos de sus empleados. Asimismo, también lleva a que el pago de salarios represente un componente muy importante dentro de las erogaciones públicas.
Inconsistente con la alta relevancia de los recursos humanos para el funcionamiento del Estado, la información disponible sobre empleo público es escasa y fragmentada. Sin perjuicio de ello, se puede aproximar su evolución con los datos del Ministerio de Economía, lo cuales se obtienen de las declaraciones juradas para el pago de cargas sociales a la AFIP del sector público nacional y de las 11 provincias con sistemas previsionales transferidos a la Nación. Esta fuente de información oficial permite identificar las siguientes tendencias:
• Entre los años 1997 y 2011 la cantidad de empleados en el sector público nacional pasó de 720 mil a 1,5 millones, es decir una tasa de crecimiento promedio de 5% por año.
• En el mismo período la población total del país creció a razón del 1% anual.
• Es decir, la tendencia de largo plazo es que el empleo público crece 5 veces más que la población total.
El fuerte crecimiento del empleo público no constituiría síntoma de un problema si formara parte de una mejora sustantiva de los servicios estatales. Pero las evidencias muestran que es creciente el uso que hace la población de instituciones privadas para acceder a los servicios públicos. Por ejemplo, la cantidad de alumnos en el nivel primario atendidos por escuelas públicas se redujo en los últimos 15 años. En contrapartida, un cuarto de las familias argentinas hacen el esfuerzo para que sus hijos accedan a la educación privada. Procesos análogos se observan con la salud y la seguridad.
Crear más empleo público para producir menos servicios denota muy bajos niveles de productividad. Esto es generado por reglas que promueven la mediocridad y la falta de compromiso, ya que las condiciones de trabajo de los empleados públicos son mucho más favorables que las de los empleados privados. En el Estado las jornadas de trabajo son más reducidas, el régimen de licencias y feriados más generoso, y las remuneraciones más altas. Según datos del INDEC, el salario promedio registrado en el sector privado en el 3º trimestre del año pasado fue de $5.194. En el sector público, en cambio, la remuneración media fue de $5.846, es decir un 12% más alto. Particularmente notable es que en el sector público nacional el salario promedio llega a los $8.609, es decir un 66% más alto que la media en el sector privado.
Con salarios y demás condiciones laborales mucho más atractivas que las que disfrutan el resto de los trabajadores, la presión para ingresar al Estado es muy intensa. A su vez, como el ingreso al empleo público responde a procedimientos arbitrarios, los funcionarios con poder de decisión están tentados a utilizar el empleo público como mecanismo para retribuir favores partidarios y personales. En suma, fruto de reglas que promueven la mediocridad y el uso del empleo público para fines personales, el Estado tiene más erogaciones y peores resultados.
Es de importancia estratégica cambiar la gestión de los recursos humanos en el Estado. Para ello, se debería adoptar el criterio de que todo ingreso al sector público tiene que estar avalado por una necesidad objetiva, la selección en base a procedimientos transparentes y la permanencia sujeta a evaluación de desempeño. Tan importante como esto es iniciar el proceso para que los salarios y demás condiciones laborales del empleo público converjan a las que prevalecen en el sector privado.
