Trasladarán médicos al Heca para realizar abortos no punibles.
Lo aseguró la intendenta. En ese hospital son mayoría los objetores de conciencia. La intendenta Mónica Fein aseguró ayer que "cuanto antes" se apelará al traslado de personal o a la incorporación de nuevos médicos para asegurar los derechos sexuales y reproductivos en toda la red de salud.
La declaración llegó en el marco de la polémica que se generó luego de que la Multisectorial de Mujeres denunciara que en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) la mayoría de los profesionales del área de ginecología son objetores de conciencia y se oponen a realizar abortos no punibles.
En ese orden, el subsecretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, destacó: "Como Estado garantizamos el derecho al aborto no punible en todos los hospitales".
La Multisectorial de Mujeres de Rosario, que nuclea a agrupaciones de género, movimientos políticos y sindicatos, denunció en una conferencia de prensa que en el Heca "no está garantizada la atención por parte de profesionales de la salud que no sean objetores de conciencia".
En Rosario, según el último informe del registro provincial son 136 los profesionales de efectores públicos que se oponen a prácticas como la ligadura tubaria, vasectomías y abortos legales, es decir, los permitidos por el Código Penal ante riesgos para la salud de la madre o casos de violación.
Entre los objetores se encuentra el equipo completo de Ginecología del Heca, 17 profesionales liderados por el médico Rafael Pineda. Frente a este cuadro, la Multisectorial reclamó al municipio que informe el listado de objetores y hará el miércoles una marcha al hospital de Pellegrini 3205.
"El aborto no punible es un derecho a la salud integral de la mujer. Los servicios de salud deben ser permeables para garantizar el acceso a esa práctica y a la anticoncepción, al dispositivo intrauterino, la ligadura tubaria y la vasectomía. Es una perspectiva que sostenemos desde hace veinte años y la salud pública trabaja para garantizarla en todos los efectores", fijó posición Caruana tras el reclamo.
El funcionario indicó que para subsanar la situación del Heca revisarán el registro de objetores y rearmarán el organigrama. Aseguró que incorporarán trabajadores que no se opongan a la práctica, de modo que esté garantizada "en todos los hospitales", si bien aclaró que el servicio no ha sido denegado ante ningún caso particular.
En la misma línea se expresó la intendenta: "Si en un efector la totalidad del servicio se inscribió como objetor de conciencia, creo que indefectiblemente hay que incorporar personal que no esté inscripto", dijo a este diario. Fein se manifestó además a favor de que los equipos médicos tengan "diversidad de pensamiento" y cumplan con las prácticas previstas en la ley.
Contrapunto.Más temprano, el responsable de Ginecología del Heca había defendido su posición por la radio. "Los médicos del servicio no están dispuestos a realizar prácticas abortivas por un derecho constitucional que es la objeción de conciencia. No es obligación mía conocer si están garantizadas esas prácticas en el hospital", dijo a LT8. En la entrevista, Pineda se manifestó a favor de que una niña entrerriana siga adelante con un embarazo (ver aparte) y citó, en "defensa de la vida", el caso de una nena de 5 años que dio a luz en Perú en los años 30.
"Es tremendo lo que se plantea en estos casos porque se entiende a la salud sólo desde un punto de vista biologicista", replicó Albertina Fior, de la Multisectorial. "El problema es que se vuelve absolutista el derecho a la vida y se deja de lado la cuestión psíquica y social de la mujer o la niña que lleva adelante el embarazo, en detrimento de su salud", observó.
Caruana, en tanto, dijo que se reunirán con Pineda para debatir el tema: "Respetamos el derecho a ser objetor, pero las instituciones deben garantizar la pluralidad", indicó.
