El gobierno concentra la suma del poder antes de que empiece el conflicto social.
La quietud de enero no le impide al cristinismo seguir avanzando en el proceso de concentración absoluta del poder iniciado el 23 de octubre. Desde Olivos y en plena licencia, la presidente sigue gobernando en una clara demostración de que no importa en lo más mínimo quién ejerce la presidencia -en este caso Amado Boudou- y dejando en claro que éste es un simple mandadero.
Esta personalización extrema del poder es coherente con el hecho de que el Secretario de Comercio haya pasado a ser el verdadero Ministro de Economía y tanto el ministro formal, Hernán Lorenzino, como la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, sean en la práctica subordinados de Moreno. La decisión ya oficializada de que éste sea la autoridad de aplicación del nuevo régimen de control de importaciones tiene, aparte de lo económico, un alto valor político. Es evidente que Julio de Vido, cabeza de los moderados, está dando un paso atrás como puente natural de la Casa Rosada con la UIA y la CGT. Si el plan de Moreno se afianza, el eclipse del Ministro de Planificación puede ser permanente. En cambio, si la economía no soporta el nuevo esquema de cierre y CFK entra en emergencia, el titular de Planificación sería probablemente el encargado de enhebrar un esquema de pacto social para asegurar la gobernabilidad.
En este marco de concentración de poder, no parece casual que el jurista mayor del kirchnerismo, Eugenio Zaffaroni, haya reavivado tres días atrás la hipótesis de la reforma constitucional. Refiriéndose a la misma, el ministro de la Corte Suprema dijo: “en condiciones estaríamos siempre, ahora hay que ver si está la decisión política”, y aseveró también que “es conveniente, y tarde o temprano vamos a pasar, porque es un sistema que permite superar crisis más fácilmente y con menos trauma que el presidencialismo”. Traducido en términos menos académicos, en el entorno presidencial hay esperanzas de que, si Cristina logra superar con éxito la etapa del ajuste con su correspondiente conflictividad sindical y social, el camino estaría despejado para intentar la reforma con reelección por un nuevo período.
La hipótesis de conflicto
Pero la realidad no le permitiría a CFK soñar demasiado. La obsesión del gobierno pasaría hoy por evitar o prevenir el estallido de los conflictos sociales inevitables en cualquier proceso de ajuste. Más, por cuanto existe un proceso de acercamiento entre la CGT y la CTA y este diálogo incluye hasta a sectores del sindicalismo combativo. La tesis del paro general lanzada días atrás por Luis Barrionuevo preocupa en la Casa Rosada, pero no menos inquieta la posibilidad de reacciones fuera de control como los cacerolazos masivos-al estilo 2008- o los focos de violencia que se dieron el verano pasado a partir del episodio del Parque Indoamericano.
La diferencia entre estos hechos y la actualidad es básicamente una sola: entonces la CGT le garantizaba al gobierno un control social que le restaba margen a cualquier protesta. Hoy esta garantía ya no existe. Ésta sería la explicación de por qué el ajuste se administra en grageas y no en grandes dosis. Por ejemplo, desde el lunes se eliminará para el transporte de pasajeros de larga distancia el precio diferencial del gasoil a $0.97, lo que implicaría un tarifazo del orden del 20% en plena temporada turística. Según trascendió en fuentes cercanas a la Secretaria de Transporte, la medida es sobre todo un test para tantear el retiro de subsidios progresivo al transporte urbano, uno de los temas en el que se prevén reacciones sindicales importantes.
