FUERTE POLÉMICA POR LEY DE TIERRAS QUE QUIERE EL GOBIERNO.
Avanza un controvertido proyecto oficialista. La presidenta exige su pronta aprobación
El kirchnerismo intentará esta semana dar un paso fundamental en la Cámara de Diputados para aprobar la ley que restringe la venta y cesión de tierras a extranjeros, reclamada como una prioridad por Cristina Kirchner un día después de haber obtenido el 50,3% de los votos en las elecciones primarias. El presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, dijo que procurará obtener el miércoles dictamen favorable del proyecto, cuando se reúnan las comisiones de Legislación General, de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, para llevarlo al recinto. Pero la oposición, que aún conserva el control de dos de esas comisiones, exige más tiempo para debatir la iniciativa, que considera que vulnera la Constitución y está cargada de riesgosas vaguedades, como la falta de definición de qué tipo de tierras rurales pueden estar sujetas a la cesión extranjera. Además, alertó sobre que podría perjudicar la llegada de inversiones a la Argentina. "Según el proyecto del Gobierno, da lo mismo vender tierras en Pergamino que en Formosa -sostuvo el diputado Juan Casañas (UCR), presidente de la Comisión de Agricultura-. Estamos dispuestos a dar el debate, pero no a apurarlo; sin duda el Gobierno quiere sacar rédito electoral", dijo. La iniciativa propone limitar al 20% la tenencia total de tierras rurales en manos foráneas y establece, entre otros puntos, que un mismo extranjero no puede poseer más de 1000 hectáreas. También establece que el Gobierno no vulnerará los derechos adquiridos de los extranjeros que hoy poseen tierras en el país, pero les exigirá informar al Estado sobre su titularidad en un plazo de seis meses. Y también ordena realizar un registro catastral y dominial en 180 días.
"El objetivo de esta ley es conservar para el dominio nacional y no estatal, atención a la diferencia, las tierras nacionales de la propiedad extranjera", dijo Cristina Kirchner el 28 de abril pasado, cuando presentó el proyecto.
Las estimaciones sobre la propiedad de la tierra en la Argentina varía según quien haga el estudio. Para la Fundación Pensar, hay 5.800.000 hectáreas en manos foráneas, pero ese número asciende a más de 17 millones, según la Federación Agraria.
Para la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (Bloque Peronista), se trata de una "iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra".
En la vereda opuesta se ubica Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), presidenta de la Comisión de Legislación General. Dijo que en la Argentina "crece la venta de grandes extensiones de tierra por parte de capitales extranjeros". Y que por esa razón "es necesario legislar para preservar la tenencia en poder de productores agropecuarios argentinos".
Diputados que comulgan con la necesidad de una regulación reclaman mayores precisiones en el proyecto del Gobierno.
"La iniciativa oficial establece un límite del 20%. Pero no especifica a qué afecta ese porcentaje: ¿es sobre el total de la superficie territorial o deducidas ya las hectáreas ya adquiridas por extranjeros? ¿Dará lo mismo vender tierras en zona de frontera, que es estratégica, o en zonas cultivables, que en otras extensiones?", se preguntó Lisandro Viale (Partido Socialista).
"El proyecto debería restringir la venta de tierras que contengan cursos de agua y bosques naturales", acotó Verónica Benas (SI).
En sus fundamentos, el Gobierno dijo que es necesario avanzar con la restricción por cuanto se trata de un recurso estratégico no renovable. Sin embargo, el geógrafo Carlos Reboratti (UBA-Conicet) cuestionó ese argumento al sostener que, al igual que el agua, la tierra es un recurso renovable si se lo trata como tal. En una columna de opinión publicada en Clarín se preguntó a qué racionalidad responde el límite del 20% "¿o son simplemente cifras alegres? ¿No deberíamos aprovechar la oportunidad para pensar en una verdadera ley de la tierra que contemple su distribución y su explotación sin distinguir si los propietarios son o no extranjeros?", se preguntó.
En esa línea, el diputado Julián Obiglio (Pro) dijo que "es más importante ocuparse de regular el uso y la explotación de las tierras que establecer prohibiciones al capital extranjero. Se busca agitar fantasmas nacionalistas", sostuvo.
El debate sobre la ley de tierras en el Congreso comienza en momentos en que en Río Negro el gobernador radical aliado del kirchnerismo, Miguel Saiz, acaba de suscribir un acuerdo con China sobre explotación de tierras en esa provincia. El proyecto agroalimentario se fundamenta sobre la explotación de más de 330.000 hectáreas hoy improductivas (de lo que se informa por separado).
EN VOZ ALTA
"Es necesario legislar para preservar la tenencia en poder de productores agropecuarios argentinos"
Vilma Ibarra
Diputada Nuevo Encuentro
"Es una iniciativa inconstitucional porque la Carta Magna establece que los extranjeros gozan en el territorio de los derechos civiles de los ciudadanos, como comprar y vender tierra"
Graciela Camaño
Diputada bloque peronista
"Según el proyecto del Gobierno da lo mismo vender tierras en Pergamino que en Formosa. Estamos dispuestos a dar el debate pero no apurarlo; sin duda el Gobierno quiere sacar rédito electoral"
Juan Casañas
Diputado UCR .
