El Senado de la Nación va a investigar los oscurecidos negocios de exportación de las grandes empresas cerealeras. Se habla de una burla al fisco que rondaría los 1.700 millones de dólares. Solamente en los últimos diez meses. Se creará una comisión legislativa ad hoc. Falsificaciones de declaraciones juradas de las operaciones, serían el hilo conductor de una verdadera estafa, por parte de estas empresas, muchas de ellas multinacionales. El monto en cuestión, es muy superior al que se pensaba obtener este año con las retenciones al productor agropecuario propuesta por la resolución 125. Poco habla públicamente el gobierno de este caso, muy denunciado por legisladores y ex legisladores durante el conflicto con el campo. Módica y lentísima reacción, vía congreso, de un gobierno preocupado por la redistribución de la riqueza. El empeño puesto por los Kirchner por imponerse, a cualquier precio, en una resolución que perjudicaba objetivamente a cientos de miles de productores y a toda la economía nacional, no es ni remotamente el que se exhibe hoy frente a los que verdaderamente detentan el poder y la renta extraordinaria del medio rural argentino: la companías cerealeras-la mayoría extranjeras-y las cadenas de frigoríficos, hoy desnacionalizados. Genuflexos con los fuertes, altivos y provocadores con los más débiles. Todo un testimonio.
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