domingo, 5 de febrero de 2017

GOBIERNO Y C.G.T. SE CRUZARON POR LAS MEDIDAS DE FUERZA ANUNCIADAS PARA MARZO.


      Por El Cronista.- Para la Casa Rosada, se debe a "un error de diagnóstico" y es un "objetivo político". Por su parte, los sindicalistas criticaron "el rumbo económico, los despidos y el aumento de tarifas". El anuncio de movilización para el 7 de marzo y de un paro para la segunda quincena de ese mes que la CGT realizó provocó un cruce entre el Gobierno y la central obrera. La discusión se dio en torno a las causas que llevaron a las medidas de fuerza, ya que, para la Casa Rosada, se deben a "un error de diagnóstico de la economía" y a que tienen un "objetivo político" en un año electoral, lo que fue negado por varios sindicalistas, que las justifican basados "en el rumbo económico del país, los despidos y el aumento de tarifas".
A pesar de la creciente polémica por las visiones contrapuestas respecto al planteo de las medidas por parte de la central obrera, una posible solución fue expresada por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien afirmó: "la única forma de que el gobierno evite un paro de la CGT es sentándola a una mesa de diálogo".

Entre las condiciones que esgrimió Palazzo, detalló: "Tiene que haber un compromiso firmado y homologado que termine con los despidos, las suspensiones, que asegure paritarias libres y que tenga consecuencias expresas para el que no lo cumple". "Hasta ahora no hubo un diálogo social, hay una imposición de un modelo político, económico y social por parte del Gobierno y los sectores que lo acompañan", remarcó Palazzo. En tanto, en una visión contraria al gremialista bancario y muchos otros sindicalistas, el Gobierno evalúa que las medidas de fuerza tienen como origen "un diagnóstico erróneo de la situación económica" mezclado con una "intencionalidad política" debido a los comicios legislativos de este año. "Hay una diferencia de diagnósticos (entre la CGT y el Gobierno)", manifestó a Télam una fuente cercana al ministro de Jorge Triaca al plantear el análisis de la cartera laboral sobre la movilización con fecha 7 de marzo y el paro que todavía no la tiene, aunque se estima que sería el 30. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el encargado de hacer pública la visión de la Casa Rosada sobre el conflicto basados en un "uso político" por parte de la CGT.


 Dujovne declaró el viernes por radio que "es un año político, con elecciones legislativas, y dentro de la CGT hay distintos sectores que empiezan a tomar nota de esto y empiezan a hacer un uso político". También Dujovne se refirió a la diferencia entre ambas partes por el análisis del rumbo económico del país, al manifestar que el Gobierno "no comparte el diagnóstico expresado ayer (por el jueves) por la central obrera. "Hay una economía que va en recuperación, lo que se ve en la cantidad de escrituras, de patentamientos, en el crecimiento del empleo en los últimos meses, y en la construcción", consideraron desde el Ministerio de Trabajo. Desde la otra vereda, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), sostuvo que las medidas de fuerza son un "cuestionamiento" al "enfoque económico" nacional y afirmó que el diálogo tripartito con empresarios y Gobierno "ha naufragado" por el desapego "a lo acordado" durante las negociaciones. 

 En un tono más beligerante, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de las Estaciones de Servicio e integrante del triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña, consideró que "no es un paro político" y afirmó que el movimiento obrero llegó a esta situación "porque el Gobierno apaña a los empresarios y los acuerdos no se cumplen". En relación a las críticas formuladas por Dujovne, Acuña fustigó al funcionario diciendo que "en vez de criticar a los trabajadores, el ministro debería ponerse a trabajar para solucionar los problemas de la economía". También el titular del sindicato de Canillitas y diputado nacional, Omar Plaini, aseveró que las medidas de fuerza planteadas son el producto de la "perdida de confianza de los trabajadores en un escenario que incluye tarifazo y continuidad de despidos, imposibilitando la continuidad del diálogo".