Por Hernán Cappiello/La Nación.- Los recientes avances de la Justicia sobre los funcionarios deshonestos no le dejaron más remedio a Cristina Kirchner que admitir que durante su Gobierno hubo corrupción. La escena de corrupción explícita de José López arrojando bolsos cargados con 9 millones de dólares en un convento era imposible de ocultar. Pero ¿a quienes incluye su afirmación? ¿Entre los corruptos están Amado Boudou o Julio de Vido, en juicio oral esta semana? ¿O acaso busca ponerle un techo a la corrupción y que sus consecuencias judiciales no la alcancen, a punto de ir a juicio en tres causas vinculadas con Lázaro Báez y la obra pública santacruceña? La otra foto porno de las cajas de seguridad en el Banco Galicia de la joven Florencia Kirchner, desbordantes con 6 millones de dólares, hace difícil creer que la corrupción tenga techo.
Esta semana tiene lugar el juicio oral contra dos de los principales funcionarios del kirchnerismo. Boudou, el ex vicepresidente, es juzgado porque se quedó con las acciones de la empresa que imprime billetes a cambio de solucionarle sus problemas impositivos. Una modalidad del kirchnerismo temprano, donde la coima no era un porcentaje de dinero, sino un porcentaje de la empresa.
En el otro caso, De Vido afronta un juicio por la tragedia de Once: décadas de descontrol sobre el uso de los subsidios terminaron con 51 muertos. El máximo responsable político ahora debe responder ante la justicia penal.
El juicio oral es la etapa de máxima iluminación en la justicia. Todo ocurre ante nuestros ojos.
Los jueces que deben decidir si alguien es culpable o inocente tienen la misma información que los periodistas y el público que puede asistir libremente al juicio. Cuando se trata de casos de corrupción, quedan a la luz los negociados de los funcionarios, pero también de los empresarios que estuvieron vinculados con esos hechos.
En el caso Ciccone, el propio Nicolás, primer dueño de la imprenta que llevaba su apellido, está en el banquillo de los acusados. Y el juicio permitirá echar luz sobre la actuación del banquero Jorge Brito y otros empresarios que intervinieron en el salvataje de la empresa. Brito declaró como testigo en la causa. En el caso de Once, ya fueron condenados los Cirigliano, que manejaron TBA y que solo están libres porque su condena aún no está firme.
Ricardo Echegaray será el gran ausente en el juicio contra Boudou. Al menos físicamente, porque será muy mentado en la sala de audiencias. El ex jefe de la AFIP, imputado por el fiscal, no llegó a ser elevado a juicio por el juez Ariel Lijo. Su jefe de asesores, en cambio, es el que debe responder por el plan de facilidades con el que se benefició Ciccone para saldar sus deudas fiscales.
"Con este Gobierno cualquiera puede ir preso", denuncia por estos días, indignada, Cristina Kirchner. Da por hecho que las causas de corrupción que enfrentan sus funcionarios están digitadas por el gobierno de Cambiemos. A lo mejor es por su propia experiencia.
El kirchnerismo domó a la Justicia federal. Por un lado encumbró a un grupo de funcionarios honestos y fieles a sus ideas y por otro manejó a fuerza de carpetazos y amenazas de juicio político a los más díscolos, que no se dejaban seducir.
Bastaron servicios de inteligencia con incidencia sobre las causas y un Consejo de la Magistratura controlado por el kirchnerismo para que nadie desafinara.
Hoy Cambiemos no tiene una estructura organizada de presión sobre la justicia, a pesar de la existencia de operadores que se adjudican éxitos con sus gestiones. Los jueces que hoy avanzan sobre ex funcionarios del kirchnerismo son los mismos que ayer jugaban con el kirchnerismo.
Pero hay que distinguir lo que sucede en los secretos expedientes escritos de los pisos tercero y cuarto de los tribunales, donde los jueces de instrucción realizan su investigación de lo que pasa cuando el caso llega a juicio, cuando la publicidad de la oralidad deja expuestos con brutalidad desde los menos evidentes hasta los más obscenos actos de corrupción.
Esta justicia, denostada, con poca credibilidad y criticada, ya condenó dos veces a un presidente constitucional, Carlos Menem. Pero la cantidad de poder que el acusado conserve sigue siendo proporcional a la posibilidad de incidir sobre la Justicia y así mantenerse en libertad. Menem, senador y candidato a renovar su banca, sigue caminando por la calle.
El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, acaba de advertir que para dejar en libertad a un funcionario corrupto hasta que le llegue el juicio no basta con que haya fijado domicilio, sino que hay que considerar el monto del fraude que cometió y, más importante aún, el poder político que aún conserve. Nuevas reglas que pueden determinar próximas detenciones.
