Por Diario HOY.-
El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se presentó ante el juez Claudio Bonadio, en el marco de una causa por “falso testimonio”. En los próximos días debe declarar por sus presuntos beneficios fiscales a Lázaro Báez. Mientras, avanzan los pedidos para que renuncie a la AGN
El garante de la impunidad K, el hombre que durante años protegió con total discreción a exfuncionarios y amigos del poder mientras perseguía a críticos y opositores, ayer se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados, en lo que fue la primera parada de un raid judicial que de un tiempo a esta parte lo tiene a maltraer.
El ex titular de la Administración de Ingresos Públicos y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, hizo su descargo ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una causa por falso testimonio iniciada por una denuncia del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
Prat-Gay denunció a Echegaray y a otros funcionarios de la AFIP por deslizar que era apoderado de una cuenta de la familia Fortabat, cuando se hizo pública la causa conocida como HSBC, que investiga 4.040 presuntas cuentas de argentinos en el exterior no declaradas a la AFIP.
En línea con la estrategia de otros imputados K -la mismísima Cristina Kirchner, por caso, o el empresario Lázaro Báez-, Echegaray presentó un escrito preparado por su abogado defensor, el polémico exministro de Seguridad bonaerense, León Carlos Arslanián.
El comienzo de un largo raid judicial
Tras 12 años de impunidad, los pasillos de Comodoro Py se volverán familiares para Echegaray, quien el próximo 17 de mayo deberá sentarse frente al juez Sebastián Casanello como acusado de beneficiar a Báez en las maniobras de la ruta del dinero K.
Tal como ha informado Hoy, muchas veces en absoluta soledad, Echegaray autorizó el uso de facturas truchas a través de una usina en la ciudad de Bahía Blanca, que favorecieron a Austral Construcciones, propiedad de Báez, produciéndole una estafa millonaria a las arcas públicas. Todo en el marco de un plan sistemático orquestado desde la AFIP para permitir que amigos del poder incrementaran sus patrimonios, por ejemplo, a través de la obra pública, y giraran millonarias transferencias a la corona de la exfamilia presidencial. Eso ocurrió con Báez, a quien el cuestionado Auditor General de la Nación le otorgó la posibilidad de evadir las normas nacionales y lavar más de 5 millones de dólares en la causa que investiga Casanello.
Además, el fiscal Gerardo Pollicita ya pidió que se indague a Echegaray en otro expediente en el que se investiga la impresionante deuda, cercana a los 8 mil millones de pesos, que acumuló Oil Combustibles con el fisco durante el kirchnerismo.
Según trascendió, la Justicia ya tendría las pruebas que confirman que Echegaray protegió a Báez y López, maniobra que también se habría extendido a otros amigos K, como Electroingeniería y el grupo Spolsky. En todos los casos, la metodología habría sido la misma: esconder los incumplimientos impositivos de los empresarios y habilitar generosos plazos de pagos para favorecer su expansión patrimonial.
Por una cuestión similar, la Oficina Anticorrupción (OA) cree que Echegaray aún debe seguir siendo investigado en el caso de la exCiccone Calcográfica, donde el exvicepresidente, Amado Boudou, es uno de los principales implicados: para la OA, es necesario indagar por qué el ente recaudador le otorgó a una empresa que se encontraba en proceso de quiebra un plan de pagos con una extensión extraordinaria de 12 años, aplicando una irrisoria tasa de interés, para cancelar una millonaria deuda impositiva y sortear así el principal obstáculo que impedía que vuelva a ser contratada por el Estado. De hecho, según reveló Hoy en ediciones anteriores, Echegaray habría intentado quedarse con la maquinita de hacer billetes, hasta que Boudou le ganó de mano.
En tanto, la directora de nuestro diario, la señora Myriam Renée Chávez de Balcedo, presentó en abril del año pasado una denuncia penal en los tribunales federales de La Plata para que se investigara la comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la AFIP, en una demanda que involucró a su entonces titular y a otros funcionarios, como el exjefe de la Aduana, Guillermo Michel.
Por estas batallas en el ring judicial es que un amplio sector de la política reclama la inmediata salida de Echegaray de la AGN (Ver aparte), por ser su rol el de investigar el tramo final de la presidencia de CFK, lo que requiere una ley de imparcialidad de la que el garante de la impunidad K no puede jactarse. Pero noqueado y todo, él se resiste a tirar la toalla.
La causa
Además de Echegaray, en la causa por falso testimonio que inició Prat-Gay, fueron imputados otros dos ex funcionarios de la AFIP: Horacio Curien, ex subdirector general de Fiscalización de la AFIP, y Pedro Roveda, ex subdirector General de Asuntos Jurídicos, citado para el 5 de mayo.
Fue en noviembre de 2014, cuando estalló el escándalo Hotesur, que la AFIP presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita en donde había unos 4040 nombres de argentinos que tenían cuentas en Suiza. Incluyó entre los nombres a la empresaria Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo, por unos 68,3 millones de dólares, y como apoderado a Prat-Gay. Pero el ahora ministro denunció una maniobra por parte del entonces oficialismo y entabló una demanda penal contra Echegaray y los funcionarios que lo involucraron en la denuncia.
En la cuerda floja de la AGN
Mientras Ricardo Echegaray se abroquela en su sillón de la Auditoría General de la Nación, desde donde debe controlar los últimos dos años de la gestión de Cristina Kirchner –tiempo en el que el exrecaudador perfeccionó sus garantías de impunidad para amigos del poder-, voces como las de la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, bogan por sacarlo del organismo de contralor.
El jueves, el amparo presentado por Carrió ante la jueza en lo contencioso administrativo federal, Claudia Rodríguez Vidal, para que Echegaray no siga como presidente de la AGN, tuvo efecto, ya que la magistrada solicitó informes a tres jueces en Comodoro Py por las causas en las que está citado a declaración indagatoria el extitular de la AFIP.
Para aliada de Cambiemos, Echegaray debe ser removido “de manera urgente” de la AGN, porque “estando imputado en diversas causas por delitos que hubieran conllevado su incremento patrimonial y siendo susceptible de ser considerado un traidor a la Patria, no es posible admitir que ocupe el rol de control mencionado”. De hecho, la propia Carrió pidió que se investiguen sus declaraciones juradas para evaluar un “eventual enriquecimiento ilícito”.
