Por Fernando Gutiérrez/iProfesional.-
El fraccionamiento de aguinaldos y la licuación de sueldos vía inflación dan la pauta de que se está llegando a un límite de la capacidad fiscal
"Salarios 50% pagados por el Gobierno nacional", decían los carteles de propaganda política instalados en todo el país luego de que se aprobara el programa ATP para asistir a empresas en problemas. Carteles polémicos, claro, porque ponían de manifiesto la "grieta" en su versión de cuarentena: lo que para unos era la demostración de las virtudes del Estado, para los otros era la prueba de sus defectos.
Para empezar, el hecho de confundir los términos "gobierno" y "Estado" ya provocó la irritación de los opositores, que acusaban al presidente Alberto Fernández de confusión sobre de quién eran los recursos utilizados para financiar la emergencia. Pero, sobre todo, la controversia radicaba en si era el Estado quien debía tener el reconocimiento por "salvar" a las empresas privadas o si era el victimario por su presión tributaria y su regulación restrictiva.
Lo cierto es que ese "relato" también está entrando en crisis. Porque el Gobierno no solamente está recortando la ayuda a los privados (empezó cubriendo 250.000 empresas, hoy la ayuda llega a 180.000 y se acaba de anunciar un nuevo achique de la nómina), sino que también se insinúa que el ajuste llegará al propio aparato estatal.
Es algo que siempre se quiso evitar, pero la contundencia de la realidad se terminó imponiendo. Y el anuncio sobre los aguinaldos estatales es el primer síntoma.
El "ahorro" del aguinaldo estatal
Era inevitable que el momento de las malas noticias llegara. Esa negativa principista que exhibía el Gobierno ante cualquier insinuación sobre que se podría recortar los salarios públicos, como hicieron otros países ante la emergencia de la cuarentena, cada vez tiene menos asidero real en qué sostenerse.
Por lo pronto, el fraccionamiento del aguinaldo en cuatro cuotas da una señal bastante contundente. El recorte afecta a los empleados estatales que cobran más de $80.000 brutos, un nivel relativamente bajo, que hace que los afectados por la medida sean 200.000 sólo en la administración central y empresas estatales. En otras palabras, se afecta a un tercio del total.
Y la idea es que la medida sea tomada como señal política para ser replicada en los gobiernos provinciales y municipales, cuyos presupuestos soportan el 65% del total de la masa salarial estatal argentina. En esos casos, la situación es mucho más grave que en la administración central, dado que el peso de los salarios públicos sobre el presupuesto es considerablemente más alto.
En las provincias, antes de la cuarentena el rubro salarial equivalía al 44% de los recursos, pero tras el desplome de la recaudación esa cifra llegó rápidamente al 76%, según se infiere del relevamiento hecho por Fundación Mediterránea.
Y la cosa es aun más complicada en los municipios, donde antes cuatro de cada diez pesos de ingresos se iba al pago de sueldos, pero ahora la relación pasó a ser de nueve de cada diez pesos. Lo cual ya obligó en Buenos Aires a que Axel Kicillof tuviera que salir con un plan urgente de asistencia a los intendentes.
En definitiva, si se generaliza en provincias y municipios la medida del aguinaldo fraccionado en términos similares al que aplica el Gobierno central, entonces los afectados por este recorte serían no menos de 700.000 empleados. Lo que implica que el "ahorro" inmediato por no pagar el aguinaldo de una sola vez podría superar los $20.000 millones.
Para tener una pauta del alivio de caja que implica esto, el monto gastado en mayo por el programa ATP para asistencia salarial fue de $42.000 millones, para cubrir a dos millones de trabajadores en 240.000 empresas.
Recorte no, licuación sí
Aunque hasta ahora el Gobierno se ha negado de plano, los economistas siguen insistiendo sobre un recorte de los salarios estatales altos. El argumento de los analistas es que se está generando una bomba fiscal –ya se estima en un mínimo de 7% el rojo para este año- y que si se hiciera un recorte de entre 20% y 30% en los niveles salariales altos, se ayudaría a financiar el plan de emergencia.
Por caso, Daniel Artana, de Fiel, argumenta que se debería aplicar el mismo criterio de recortes que se acordó para los privados: "Sería conveniente coordinar con provincias y éstas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios, una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado", plantea.
También Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, plantea la conveniencia de un "ahorro forzoso" en el sector público para los funcionarios de altos ingresos. Y le pone números a la propuesta: "La masa salarial de nación, provincias y municipios suma 240 mil millones de pesos por mes. Con el 8,3% de esos recursos (aportado por los sueldos más elevados) se podrían abonar 20 mil pesos por mes a un millón de trabajadores formales del sector privado, pertenecientes a los sectores paralizados, con un esquema de transición que demanda readecuar las instituciones laborales".
Pero aunque Alberto Fernández se ha negado a considerar esta posibilidad –acaso para no generar conflictos políticos con los sindicatos y con la interna peronista-, también es cierto que cierta licuación salarial ya se inició por la clásica vía inflacionaria: los sueldos se congelan a pesar de que la inflación proyectada por los bancos para este año es del 43%.
El congelamiento fue formalizado la semana pasada, cuando el Gobierno decidió posponer sin plazo la paritaria estatal, así como la prometida revisión sobre la pérdida del salario real ocurrida durante 2019. La comunicación fue hecha en una reunión a la que asistieron el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, y su par de ATE Nacional, Hugo Godoy.
A pesar de que argumentan que en los últimos cuatro años los salarios estatales perdieron más de un 35% del poder adquisitivo real, los dirigentes sindicales han preferido mantenerse en una actitud cautelosa. Y, por lo bajo, admiten que no tienen margen de protesta cuando los empleados públicos siguen cobrando el 100% del sueldo en medio del desplome de la actividad económica.
¿Un cambio de actitud?
En el trasfondo de este cambio de actitud está el acelerado deterioro de la caja fiscal. La recaudación impositiva se ha venido desplomando, al punto que en la última medición, correspondiente a mayo, se registró un 22,5% de disminución en el ingreso real, en comparación interanual.
Y los primeros indicios apuntan a que en junio la situación será peor. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que en las primeras dos semanas de este mes la caída llegó al 25%, con una merma de 17% en el IVA y una de 34% en Ganancias –es decir, cae incluso en términos nominales-.
Otro indicador preocupante fue el de la coparticipación con las provincias. Un informe de la consultora Economía & Regiones registró una caída de 21,5% en la primera quincena de junio.
Son datos que ponen en cuestión la afirmación oficial de que "lo peor ya pasó" y que, como dijo un reporte del ministerio de Desarrollo Productivo, ya hay 15 provincias que operan por encima del 80% de su capacidad tras los levantamientos de las restricciones de cuarentena.
Lo cierto es que el propio Gobierno, con sus decisiones económicas, demuestra no tener ese optimismo que declama en los comunicados. Los recortes a los planes de asistencia reflejan la convicción de que ya no hay margen para seguir usando recursos públicos. Entre el salario complementario y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se empujó al gasto público a un crecimiento de 45% en mayo, lo que motivó una transferencia de $430.000 millones del Banco Central al Tesoro.
Las consultoras ya estiman que, dada la extensión de la cuarentena, sería necesaria una emisión monetaria adicional de 1,5 billón hasta fin de año. Esto implica un aumento de los pasivos del Banco Central –que en diciembre podrán rondar los 6 billones- al mismo tiempo que las reservas disminuyen, lo cual ya ubicaría el tipo de cambio de equilibrio en niveles de $100.
Es una situación que está encendiendo alarmas. Al decir de Carlos Melconian, uno de los economistas más influyentes en el "círculo rojo": "Hoy por la pandemia no tenemos cómo financiar ese gasto. Los países están colocando deuda, con bonos al 2% anual. Nosotros lo tapamos con emisión monetaria. O sea que el Estado quebrado tiene más gasto y nada de financiación. Y aparecen los genios con propuestas de subir y asfixiar con impuestos. Cuando hacés eso dejás de ser competitivo frente al mundo. Y esos mismos tipos dicen: ‘La salida es la exportación’. ¿¡Qué voy a exportar, si me estás cortando la cabeza con los impuestos!?".
De todas formas, el Gobierno está dando algunas señales en el sentido de que empieza a instalarse una conciencia sobre los límites que impone la crisis. Por lo pronto, en lo que va de junio el Banco Central frenó la "maquinita", que venía funcionando a full, y empezó a retirar pesos del mercado.
Mediante la emisión de Leliqs se absorbieron $323.000 millones en apenas 10 días, todo una pauta del cambio de actitud. Sobre todo si se tiene en cuenta que otra vez la tasa de interés está al alza -ya en 38%- y que la "bola" de Leliqs y pases –colocaciones de corto plazo- ya alcanza la respetable magnitud de 2,3 billones de pesos. Es decir, se está gradualmente adoptando un mecanismo similar al que tanto se había criticado durante la campaña.
Pero claro, el contexto es bien diferente: ahora no queda alternativa que abrir la canilla de liquidez por un lado y luego absorber lo que "sobre". Lo que los economistas ponen en duda es la sostenibilidad de esta política mientras no se ataque el problema central del gasto público.
Y ahí es donde Alberto Fernández se dirige inexorablemente a enfrentar un tema tabú para los políticos: el peso del salario de los estatales en un momento de recesión histórica.
