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| Loretta Preska. |
Por Carlos Burgueño/Ámbito.-
Luego de escuchar a las partes, la jueza llamó a un fallido intento negociador. Ahora abrirá un período para estudiar las presentaciones.
La Argentina logró ayer hacer que prevalezca su estrategia en el juzgado de Loreta Preska por la causa de la renacionalización de YPF. Si bien el país está lejos de lograr la mudanza del caso a Buenos Aires, consiguió que la resolución de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York se postergue a las próximas semanas; con lo que la definición del caso demandará más tiempo que el que esperaban los demandantes de Burford y Eton. Los abogados de ambos fondos fueron ayer a la audiencia programada por Preska para escuchar a las partes, con la convicción que ayer mismo la magistrada podría resolver que se trataba de una “cosa juzgada”; y que sólo quedaría por organizar el mecanismo para que la Argentina defina cuál es el monto exacto de la deuda, y como se liquidará. Por el contrario, Preska decidió ayer armar un cronograma de reuniones entre las partes desde la próxima semana; para interiorizarse más de la posición argentina para justificar la mudanza. Y también para conocer porqué Burford se niega a esto.
Para los abogados del estudio Skkaden que representa al país, la posición de la jueza resultó un logro. Aunque se reconoce que está lejos de conseguirse el objetivo de máxima, el hecho de no haberse dispuesto sin más el fin del juicio; abre un espacio de tiempo para el debate dentro del juzgado que alguna vez manejó Thomas Griesa.
La novedad llegó a Buenos Aires ayer luego del mediodía, y se tomó como una fiesta. Para el Gobierno, la extensión en el tiempo de la causa, determinará que la decisión final demandará varias semanas más y que el capítulo del juicio YPF en Nueva York también podrá ser utilizado en la campaña electoral; dado que los dos principales actores de la operación de reestatización de YPF son hoy de los principales candidatos de la oposición: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Estos además del exministro de Planificación, Julio de Vido. Dentro del Ejecutivo, se ponderaba que la estrategia de Skkaden, elaborada con los representantes del oficialismo que se ocupan del caso, basada en “embarrar la cancha”, haya prosperado. Fuentes oficiales hablan incluso del éxito de la “Burlandización” de la estrategia internacional (recomendada desde Buenos Aires); un objetivo y técnica que habría sorprendido a los abogados de Burford, acostumbrados a enfrentar todo tipo de estrategias, pero evidentemente no a estos mecanismos de ganar tiempo y complicar las argumentaciones.
Siguiendo esta línea, la audiencia de ayer en el Segundo Distrito Sur de Nueva York, tuvo una impronta criolla. La marcó la abogada del estudio Skadden, Maura Grinalds, quién planteó la posición argentina de la necesidad de mudar el caso a Buenos Aires sobre el argumento, adelantado en exclusiva el miércoles por este diario, de la necesidad de juzgar la manera en que en 2008 se vendió el 25% de YPF. La abogada presentó al comienzo de la audiencia las justificaciones sobre el reclamo, basado en que la operación podría haber incluido hechos de corrupción, que deben ser juzgados por las leyes argentinas. Y que al estar implicados muchos testigos locales, la Justicia local es la que debe tomarles declaración.
Si finalmente se demuestra la culpabilidad, será el turno de jueces locales avanzar con sanciones; y, si esto ocurriera, la operación de venta del 25% sería ilegal, y, en consecuencia, imposible de ser juzgada en Nueva York. Los argumentos fueron contestados, de mala manera, por la propia Preska, que en un momento directamente interrumpió a Grinalds preguntando con tono interrogatorio “qué tiene que ver esto con la cuestión de fondo” y “por qué este planteo invalidaría la compra- venta de las acciones”. La respuesta de la abogada de Skadden fue lo suficientemente vehemente como para que la jueza tuviera que retarla, pidiéndole “orden” y que bajara el tono con el que se dirigía a ella. En esos momentos, los representantes del Gobierno argentino presentes en la sala de la audiencia pública pensaron lo peor, y que la posición de Preska en contra del país ya estaba decidida.
Sin embargo sorprendió cuando llegó el momento en que respondieran los abogados de Burford, y fueran también reprendidos por Preska; con el mismo tono imperativo que ya había sufrido Grinalds. Mark Hansen, del estudio Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick (contratado por Christopher Bogart, CEO de Burford), fue quien recibió las reprimendas de Preska al insistir en que la jueza debía acelerar su decisión de terminar con el juicio y determinar cuánto y cómo Argentina debía pagar por haber perdido la causa. Sin embargo, y mientras la jueza comentaba la posición argentina, Hansen interrumpía al grito de “error, error…”.
Preska, ya algo ofuscada y hasta aturdida (y bajo sospecha de conocer poco de la causa), llamó a las partes a una inmediata ronda de negociaciones para ver si las partes podrían llegar a un acuerdo. Pasados 20 minutos, y sin que los abogados hayan logrado avances, la jueza determinó que aún “hay cuestiones que deben ser discutidas y comprendidas”, con lo que se abrirán “nuevas instancias” para que las partes puedan presentar sus argumentaciones. En el caso de la Argentina, plantearle a la magistrada las normas que rigen en el país, para que cualquier resolución en Nueva York deba esperar a que avance la investigación por “corrupción” en la operación de venta del 25% de las acciones.
La única causa que trata el tema está en poder del juez Ariel Lijo, y se basa en una denuncia de la diputada Elisa Carrió de 2008, y que no tienen mayores movimientos, pese a que ya cumplió más de 10 años desde su presentación. En el caso de los abogados de Burford, tendrán que explicar porqué argumentan que esa venta no tiene que ver con la compra de las acciones del litigio en Madrid, cuando Petersen Energía y Petersen Energía Inversora ya estaban en quiebra.
La causa se basa en la demanda de Burford, a la que se sumó Eton, por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado al mismo valor. Burford negoció en 2013 en la Justicia española la compra de la quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos empresas que originalmente representaban las acciones del Grupo Petersen dentro de la petrolera; pero que ya a comienzos de ese año se habían presentado en quebranto en los tribunales de Madrid. Burford, un especialista en detectar casos judiciables por el mundo con potencial de litigio internacional, adquirió los derechos del juicio por unos u$s13 millones, en un contrato firmado por el síndico de la quiebra.
En la presentación de los escritos de Burford, dejó siempre claro que la compra de la causa fue a la Justicia española, y que para 2013 ya no tenía nada que ver con la petrolera el Grupo Petersen. Este punto sería además uno de los argumentos del demandante para desestimar el reclamo de la Argentina de mudar la causa a Buenos Aires para investigar si existieron hechos ilegales en el momento en que el Grupo Petersen ingresó en la petrolera. Burford no es especialista en inversiones financieras, sino que se concentra en la alternativa de encontrar megajuicios de compañías en quiebra o empresas en bancarrota con demandas de terceros, pero que no tienen espaldas como para avanzar en juicios durante años.
En el caso de Petersen, luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015, quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner. El grupo argentino se presentó en concurso en España en 2012, al no poder continuar realizando los pagos comprometidos para su ingreso en la petrolera, al prohibir el Gobierno de Cristina de Kirchner el pago de dividendos, ya con YPF nacionalizada. Esta era la forma en que Petersen había acordado con el Gobierno argentino la liquidación de su deuda original con Repsol, por lo que el cambio de planes del Gobierno de 2012 determinó su presentación en concurso y su posterior bancarrota. Unos meses después apareció Burford y su reclamo por unos u$s3.000 millones.
