Por Carlos Tórtora/El Informador Público.-
Fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia dejaron trascender que en el tribunal ya habría una mayoría favorable a otorgar el amparo del Gobierno de la Ciudad contra el Decreto Nº 735 del 9 de septiembre pasado, a través del cual el Poder Ejecutivo nacional ha reducido la cuantía de lo que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de lo recaudado por la Nación por los impuestos nacionales (artículo 2° la Ley de Coparticipación Fiscal Nº 23.548). Esta participación, por disposición de ese decreto, será del 2,32%, en lugar del 3,5% que la Ciudad tenía fijado por Decreto N° 257 del 28 de marzo de 2018, el cual ha sido derogado.
Si la Corte se pronuncia a favor de la Ciudad, habría un doble efecto: el gobierno nacional recibiría un severo golpe y, lo que es más grave aún, quedaría desfinanciado el aumento de sueldos con el cual la Casa Rosada aplacó la reciente protesta de la policía bonaerense. Esto obligaría a la búsqueda de otra fuente de financiamiento o a cubrir el aumento con emisión.
El decreto 735 no respeta el principio básico sentado en el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional, esto es, la regulación de la coparticipación impositiva a través del dictado de una ley formal por parte del Congreso de la Nación, sobre la base del consenso entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los casos en que se procedió por decreto y no por ley (fijación del porcentaje de coparticipación correspondiente a la Ciudad por Decretos Nº 692/2002 y 194/2016), se trató de supuestos donde el Estado Nacional redujo su participación en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin afectar los porcentajes correspondientes a las demás provincias, por lo cual la omisión del dictado de esa ley convenio, si bien resultó contraria a la norma constitucional -hay que admitirlo-, no generó agravio alguno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni a ninguna de las jurisdicciones provinciales. Con estos y otros argumentos, la Corte dejaría sin efecto la quita de la masa coparticipable efectuada por el presidente.
Llegan los sumarios
A todo esto, distintos indicios coinciden en que la crisis policial puede agravarse en las próximas semanas. Al margen del factor fundamental -que la Corte haga lugar al amparo de la Ciudad- hay otros elementos que se sumarían. Por ejemplo, Sergio Berni estaría decidido a restablecer la cadena de mandos disponiendo la iniciación de sumarios administrativos por los hechos de los últimos días. En rigor de verdad, el inicio de las investigaciones habría comenzado cuando, durante las protestas, muchos comisarios optaron por lavarse las manos y denunciar que sus patrulleros habían sido sustraídos de las respectivas unidades, al igual que el armamento de cada dotación. La maquinaria administrativa para determinar responsabilidades se echó entonces a andar y la consecuencia lógica es que haya sanciones -tal vez masivas- que le podrían costar la carrera a numerosos policías.
Como es comprensible, esta situación alimentaría nuevos movimientos de protesta, por cuanto la expectativa de los que realizaron la movilización sindical era que las autoridades dispusieran una especie de amnistía y se evitasen cualquier tipo de sanciones.
