Por Agustín De Beitia/La Prensa.-
La Justicia investiga una denuncia de fraude por el pago de millonarias indemnizaciones a Montoneros que atacaron un cuartel en Formosa. Jovina Luna, hermana de uno de los soldados muertos en el ataque al RIM 29, acusa a los funcionarios que registraron a guerrilleros abatidos como falsas víctimas de la represión ilegal. Podría ser sólo el principio de una de las mayores defraudaciones contra el Estado.
Jovina Luna tenía once años cuando su hermano Hermindo, un soldado de 21, fue ejecutado por integrantes de la organización Montoneros, que iniciaban así un espectacular ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Los guerrilleros, unos 60 en total, y que habían secuestrado un avión de línea para facilitar su huida, esperaban copar el cuartel y apoderarse de armamentos. Era domingo. Jovina cumplía años. Un día que debió ser festivo y que en cambio dio paso a un agudo dolor que ella tardaría años en entender, según confiesa hoy en una entrevista con La Prensa.
El ataque ocurrió el 5 de octubre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Aunque la ofensiva fue repelida, en el cruento combate perderían la vida Hermindo y otros nueve soldados conscriptos, un sargento y un subteniente, además de un agente de policía, que fue asesinado en el aeropuerto de la capital provincial. En total, 13 fallecidos. En las acciones fueron abatidos 13 guerrilleros.
Con el correr del tiempo, el dolor de Jovina por la pérdida de su hermano se agravaría al ver la reescritura de la historia. Hoy dice que contemplar a los atacantes homenajeados en el Parque de la Memoria, como si hubiesen sido víctimas de la represión del Estado, le da una gran impotencia. “Impotencia porque mis padres han golpeado tantas puertas reclamando un reconocimiento para su hijo sin ser escuchados. Porque ellos entregaron a su hijo a la Patria. Se lo dieron para cumplir con una ley, la del servicio militar obligatorio, y se lo entregaron en un cajón. Mis padres ya no están. Ellos se fueron con esa tristeza. Mamá falleció en el 2006. Pero yo les prometí que iba a continuar con su lucha. Que no me iba a detener”. Después de 44 años de la muerte de su hermano y luego de 13 de haber asumido este reclamo, logró que la Justicia admita una denuncia penal contra los funcionarios públicos y los particulares que intervinieron en una maniobra para registrar a guerrilleros muertos aquel día como falsas víctimas de la represión ilegal del Estado, y así cobrar indebidamente millonarias indemnizaciones. Ese beneficio lo percibieron, al menos, los familiares de nueve de los trece guerrilleros, por un monto de $60 millones. La denuncia recayó en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas. “Es hora de que se termine este fraude”, dice Jovina en la entrevista celebrada en el microcentro, a la que acudió acompañada de su esposo, Roberto Guerrero. “Es hora de que se haga justicia, que se termine con la mentira, que se termine con el engaño. Ellos figuran hoy como víctimas de la represión ilegal y no es así. Siguen mintiéndonos. Siguen matando a mi hermano cada vez que veo que le llevan flores a los guerrilleros en el Parque de la Memoria”. La denuncia que presentó es por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el escrito, al amparo de las llamadas “leyes reparatorias”, en particular la ley 24.411, se registraron casos falsos de “Desaparición Forzada” y “Ejecución Sumaria” o “Asesinato”, en legajos formados en la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y en la Secretaría de Derechos Humanos (SDDHH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Con el correr del tiempo, el dolor de Jovina por la pérdida de su hermano se agravaría al ver la reescritura de la historia. Hoy dice que contemplar a los atacantes homenajeados en el Parque de la Memoria, como si hubiesen sido víctimas de la represión del Estado, le da una gran impotencia. “Impotencia porque mis padres han golpeado tantas puertas reclamando un reconocimiento para su hijo sin ser escuchados. Porque ellos entregaron a su hijo a la Patria. Se lo dieron para cumplir con una ley, la del servicio militar obligatorio, y se lo entregaron en un cajón. Mis padres ya no están. Ellos se fueron con esa tristeza. Mamá falleció en el 2006. Pero yo les prometí que iba a continuar con su lucha. Que no me iba a detener”. Después de 44 años de la muerte de su hermano y luego de 13 de haber asumido este reclamo, logró que la Justicia admita una denuncia penal contra los funcionarios públicos y los particulares que intervinieron en una maniobra para registrar a guerrilleros muertos aquel día como falsas víctimas de la represión ilegal del Estado, y así cobrar indebidamente millonarias indemnizaciones. Ese beneficio lo percibieron, al menos, los familiares de nueve de los trece guerrilleros, por un monto de $60 millones. La denuncia recayó en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas. “Es hora de que se termine este fraude”, dice Jovina en la entrevista celebrada en el microcentro, a la que acudió acompañada de su esposo, Roberto Guerrero. “Es hora de que se haga justicia, que se termine con la mentira, que se termine con el engaño. Ellos figuran hoy como víctimas de la represión ilegal y no es así. Siguen mintiéndonos. Siguen matando a mi hermano cada vez que veo que le llevan flores a los guerrilleros en el Parque de la Memoria”. La denuncia que presentó es por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el escrito, al amparo de las llamadas “leyes reparatorias”, en particular la ley 24.411, se registraron casos falsos de “Desaparición Forzada” y “Ejecución Sumaria” o “Asesinato”, en legajos formados en la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y en la Secretaría de Derechos Humanos (SDDHH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La denuncia señala que, por múltiples pruebas documentales, al alcance de cualquier administración, se puede comprobar que ninguno de los miembros de Montoneros muertos aquel día al intentar copar una instalación militar responde a las causales comprendidas en la ley 24.411, lo que hace responsables de fraude a los beneficiarios, a quienes los asesoraron a sabiendas de la falsedad para la tramitación y cobro del beneficio, y a los funcionarios públicos que aprobaron los pagos sabiendo que no correspondían, o sin haber realizado las diligencias necesarias mínimas para corroborar la procedencia del beneficio.
Sobre los otros cuatro guerrilleros fallecidos, al no contar con información, se pide constatar si el Estado pagó algún beneficio también.
La denuncia, a la que adhirió en las últimas horas Rogelio Mazacotte, un soldado sobreviviente del ataque montonero, se basa en una investigación de largos años llevada a cabo por José D´Angelo, autor del libro “Mentirás tus muertos”, a pesar de la constante negativa a brindar datos de los funcionarios de las áreas competentes.
D’Angelo comparó los informes oficiales de la Conadep de 1984, de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 y del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de 2015, y luego los cotejó con libros de numerosos autores y con publicaciones de la época, en particular “Evita Montonera”. Además obtuvo información detallada sobre las indemnizaciones pagadas al amparo de la ley 24.411.
De los datos recogidos surge que uno de los atacantes, Reinaldo Ramón José Briggiler, miembro de las FAR y Montoneros con rango de oficial 2do, que había participado del asesinato del general Juan Carlos Sánchez y había sido amnistiado en 1973, figura como víctima de “ejecución sumaria” y sus herederos cobraron un monto actualizado al 2019 de $ 9.450.652 (USD 236.266).
Otro de los agresores, Jorge Alberto Livieres, de la Juventud Universitaria Peronista JUP y de Montoneros, con grado de oficial, no estaba registrado en la Conadep de 1984 pero en el informe de la SDDHH de 2006 ya figura como víctima de “ejecución sumaria”, y por ese motivo se pagaron $ 6.526.109 ($ 163.153).
Algo similar a lo ocurrido con Víctor Hugo Iribarren, de la JUP y Montoneros, no registrado en la Conadep y luego reconocido como víctima de “ejecución sumaria”, con una indemnización para sus familiares de $ 7.011.615 (USD 175.290). Todos homenajeados en el Parque de la Memoria.
La lista se completa con indemnizaciones por José Daniel Graziano ($ 8.090.303); Juan Sebastián Hernández ($ 5.134.952); Saúl Mario Kobrinsky ($ 7.499.754); Arturo Inocencio Mariani ($ 5.430.927); Luis Carlos Morero ($ 5.308.145); y Alfredo Rubén Velázquez ($ 6.131.995).
Según el escrito, estos casos sugieren la existencia de “una estructura de falsificación” y podrían ser sólo el principio de una de las más importantes y cuantiosas defraudaciones que haya sufrido el Estado argentino.
Jovina Luna insistió, en cada lugar al que concurrió en estos días, en que no busca un resarcimiento económico, sino que los asesinos de su hermano y de los otros soldados no figuren más en el listado del Parque de la Memoria.
El viernes pasado se reunió con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a quien le pidió que se presente como querellante. Avruj le indicó que ya encargó que se realice una auditoría interna sobre los expedientes cuestionados y que aportará los datos a la Justicia. En declaraciones de prensa Avruj adelantó también que si se comprueba el fraude, solicitará al Gobierno de la Ciudad que retire del Parque de la Memoria los nombres de los montoneros que intervinieron en ese ataque.
Las miradas se concentran ahora sobre el juez Rafecas. “Yo creo que el juez va a hacer las cosas bien porque la opinión pública va a estar viendo todo esto”, dice Jovina. “Es muchísima la gente preocupada”, asegura.
Después de muchos años de reclamos, al fin parece haber predisposición para revelar los legajos que siempre debieron ser públicos y revisar esta defraudación a la sociedad toda.
