Por Diario HOY.-
"Quítate la venda y mira, cuánta mentira”, cantaba María Elena Walsh en su oración a la Justicia, una clara interpelación a la institución con peor imagen pública del país y que el 78,5% de los argentinos considera que es necesario reformar, según una encuesta reciente.
Aquellos versos suenan tan actuales que ayer el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, los recordó en el acto inaugural del año judicial, en el que presentó el plan de reformas destinado a maquillar la mala imagen que tiene la ciudadanía sobre los jueces.
El presidente supremo insistió en la necesidad de hacer una “autocrítica” frente a la “creciente desconfianza” de la sociedad. Que deberá hacerse, pero no para quedar en la mera declamación, sino para atacar la raíz de una estructura putrefacta, contaminada por magistrados que, salvo honrosas excepciones, han vivido en el desinterés y la ceguera de quienes prefieren no ver para no actuar. Mientras que quienes han pretendido sacar el pie del plato para hacer las cosas bien han recibido el hachazo.
Ninguna reforma puede ser justa si no se parte de una premisa básica: la necesaria independencia de los tres poderes, sin injerencias de los Ejecutivos que designan jueces a dedo, por conveniencia subjetiva antes que por la probidad de los magistrados. Un cambio radical en este sentido podría ocurrir si, por ejemplo, quienes van a impartir justicia en el país rindieran exámenes, dando cuenta de sus capacidades morales e intelectuales.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un plan en ese sentido, en el que propone la creación de una escuela judicial para formar y calificar a los magistrados “de modo objetivo, eliminando todo tipo de subjetividad”, además de la incorporación de un expediente digital y de la duplicación de los juzgados federales porteños que juzgan la corrupción nacional.
De “corrupción” e “impunidad” habló también Lorenzetti y, casi en paralelo a su discurso, el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, solicitó a los magistrados penales que evalúen otorgar libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 condenados por delitos de lesa humanidad.
El argumento es la “superpoblación carcelaria”; los potenciales beneficiados, represores como Jorge "Tigre" Acosta, el "Turco" Julián Simón y el excapellán Christian Von Wernich.
En la continuidad de su discurso, el juez de la Corte criticó “la falta de madurez” institucional para que nada cambie, para que todo siga igual, para que los casos no se esclarezcan y los procesos judiciales se demoren más de una década.
“La tragedia del tiempo y la burocracia” la llamó el titular del máximo tribunal. Vaya si saben de ello los jubilados, que muchas veces litigan perdiendo un tiempo que no tienen, solos y a la espera, conscientes como nadie de que una justicia lenta no es justicia.
En esto no puede haber grietas. Los magistrados (exentos del pago del impuesto a las ganancias y con uno de los salarios más altos del país) deben dejar de perderse en discusiones nimias como la extensión del horario de atención o la duración de la feria judicial para hablar de lo que verdaderamente importa: la celeridad de los juicios, la ratificación de que todos somos iguales ante la ley y su independencia de cualquier poder, presión o dinero que pretendan comprarlos.
Pero, sobre todo, este debate, que recién comienza y busca extenderse a la Provincia, debe anclarse en la realidad de los problemas sociales de la gente, darle la razón a los “justos humillados” de los que hablaba María Elena Walsh y que ayer citó Lorenzetti.
