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| Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzun. |
Por Gabriel Morini/Ámbito.-
Clima convulsionado luego de agitada semana: reunión de acuerdo de acuerdo y unanimidad.
En dos decisiones de oficio, máximo Tribunal exigió explicaciones a la Cámara y a la dirección encargada de las escuchas telefónicas. Ante la ira presidencial, inicia despegue de Justicia federal y deja expuestos a magistrados.
Cuando se patea un hormiguero, el efecto produce que las hormigas huyan despavoridas en todas direcciones, sin rumbo y de manera descoordinada, chocando unas con otras. Un fenómeno similar atraviesa el clima judicial, luego de una seguidilla de fallos y episodios que desencadenaron un tembladeral puertas adentro de los Tribunales. Un nuevo hito lo marcó la Corte Suprema ayer, con dos decisiones sin aparente punto de contacto pero que envían una señal de divorcio con los protagónicos Tribunales Federales de Comodoro Py. Ambas los dejan expuestos y los obligan a responder para evitar un conflicto que pueda colocarlos en situación de peligro.
Se trata de dos pedidos de "investigación" sin más precisiones. El primero por la "integración" de la Sala I para el fallo que dispuso la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que al mismo tiempo modificó la carátula del delito por el que confirmó sus procesamientos. La otra pesquisa fue destinada a desentrañar la manera en la que se filtraron escuchas legales sobre la expresidente Cristina de Kirchner, que desde hace un año vienen siendo replicadas en medios de comunicación. El dato es que todas fueron firmadas por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Para el primer caso, el pedido está dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas para que "arbitre los medios que tiene a su alcance" para investigar cómo se integró la Sala antes de producirse el fallo que los excarceló por mayoría. El interrogante que surcó los despachos es cuál es el objetivo final de la orden "de oficio" de la Corte.
La respuesta tiene múltiples efectos: ya sea para despejar las sospechas que lanzó Elisa Carrió ante el Consejo acerca de supuestos sobornos; o bien por qué no se hizo sorteo entre Eduardo Farah y Martín Irurzun para desempatar. Al primero lo unía al expediente una causa conexa, facultad para su convocatoria que tenía el presidente de esa Sala, Jorge Ballestero, el único juez titular que se expidió. Leopoldo Bruglia es un magistrado trasladado por el propio Consejo desde un Tribunal Oral. Una interpretación cerrada de la última acordada de la Corte referido a la designación de jueces sería un coletazo inesperado de la carta enviada ayer.
La segunda carta es a su vez más significativa por sus implicancias: está dirigida al Congreso para que realice una "auditoría" externa en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo que conducen Irurzun y Javier Leal de Ibarra, ambos de extrema confianza de Lorenzetti. La Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia será la encargada de recabar información acerca de la manera que esas escuchas secretas y reservadas trascendieron. La dirección bajo el mando de Juan Rodríguez Ponte emitió a los pocos minutos un comunicado volviendo a deslindar su responsabilidad en el hecho y mostrando gestos de transparencia ante el reclamo.
Ya lo había hecho con anterioridad, lo mismo que el juez Ariel Lijo, de quien Rodríguez Ponte era secretario. También la Corte le preguntó al juez Rodolfo Canicoba Corral que recibió la denuncia de Oscar Parrilli cuáles fueron los avances hubo en su propia investigación penal por las filtraciones.
Irurzun quedó bajo fuego cruzado porque un expediente investiga en primera instancia por qué no hay pruebas de un sorteo para designar a ambos camaristas al frente del estratégico enlace con las escuchas. Ahora la Corte delega en el Congreso una auditoría y le transfiere la responsabilidad de dar respuestas convincentes.
La Cámara quedó sacudida tras los reproches presidenciales a sus decisiones. Casación está alterada por la situación de Calos Mahiques, también trasladado por el Consejo. Debaten el costo de sostener su permanencia tras el aluvión de embates post acordada de la Corte. Los Tribunales Orales Federales estaban furiosos con la idea de que jueces ordinarios integraran sus filas. El Gobierno maldice a la Corte por fulminar al TOF 9 e ironiza que un idéntico tribunal (el N° 7), encabezado por Guillermo Yacobucci pese a que también fue trasladado contó con la aprobación final de los cortesanos. La Corte esquiva la ira de la Casa Rosada y busca recomponer.
En primera instancia de Comodoro Py tanto predomina el "sálvese quien pueda" que dejaron de lado el sello de la AjuFe, la asociación que nació para crear un bloque de poder entre los magistrados. Los choques entre jueces y fiscales se volvieron más frecuentes entre la denominada "línea boca" y el sector que mejor relación supo tener con los servicios de inteligencia. La apreciable coordinación de acciones que atravesó 2017 quedó en suspenso en tan solo dos semanas.
En este vendaval pasaron casi inadvertidas las conclusiones finales de la reforma para el Poder Judicial que impulsó la Corte. Se habilitaron 10 días más para presentar propuestas adicionales.
