Por Sebastian Albornos/iProfesional.- Punto por punto, el proyecto de ley a negociar con la CGT.
Es la "materia previa" que le quedó pendiente a Macri para febrero. Por eso, en Casa Rosada ya pusieron primera para que sea ley ese mes luego de su tratamiento en el Congreso. En la central obrera hay voces a favor y en contra, y la lupa está puesta en algunos ítems de la iniciativa. Lo que viene.
Es la mancha en el balance del año político del Gobierno.
La ambiciosa agenda de reformas pasó el duro escollo de la negociación con gobernadores y legisladores peronistas. Logró traducirse en leyes, en medio de las violentas manifestaciones callejeras, pero faltó la reforma laboral.
Resulta paradójico, porque era de la que más se había hablado y sobre la que el Gobierno dio muestras de avances concretos tras las reuniones tripartitas con sindicalistas y dirigentes empresarios.
Pero, a la hora de tener que definir prioridades, la "mesa chica" evaluó que era conveniente apuntar todas las fuerzas a sacar la nueva fórmula jubilatoria, la reforma tributaria, el Pacto Federal de la Coparticipación y el Presupuesto.
En medio de todo ese esfuerzo, empujar también la iniciativa laboral lucía excesivo. Al punto que fue el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien defendió la postura de poner paños fríos y esperar a que pasaran las tensiones, en vez de forzar una ley que no contaba con el visto bueno de los sindicatos.
Los incidentes dentro y fuera del Congreso durante la discusión por la reforma previsional preocuparon al Gobierno. No solo por las imágenes de los enfrentamientos en la Plaza sino también por la futura relación con gobernadores de la oposición y sus legisladores, a quienes consideraba como potenciales aliados.
Tal situación puso una nota de duda sobre qué ocurriría con los cambios propuestos en materia laboral, ya que muchos interpretaron que se había agotado el margen político como para que el proyecto de ley pudiera ser aprobado.
Algunos hasta arriesgaban que el propio Gobierno no veía una situación tan adversa, ya que buena parte de los cambios que pretendía introducir (como el "multitasking", prácticas para mejorar la productividad, bonos y premios por presentismo) podían ser impulsados directamente en los convenios sectoriales, sin necesidad de una normativa.
Aun así, la situación no deja de ser extraña: ¿se resignaría el macrismo a que una de sus reformas más anheladas quede en la nada? Esto es lo que estará por verse en estas primeras semanas de 2018.
En principio, ya pasadas las convulsionadas semanas de cierre de año, parece resurgir la voluntad de impulsar los cambios en materia de empleo en las sesiones extraordinarias en febrero.
La difícil negociación con el peronismo
Fuentes del peronismo "dialoguista", conducido por el senador rionegrino Miguel Pichetto, aseguran a iProfesional que "no es el momento" de llevar adelante el debate tras las recientes decisiones económicas y políticas tomadas por el Gobierno.
Además, recuerdan que la normativa que modificó el cálculo jubilatorio ahondó la grieta entre el oficialismo y los mandatarios provinciales y profundizó las diferencias entre los dirigentes de la CGT.
Tras las elecciones de octubre, el oficialismo se imaginaba un escenario más favorable en el Parlamento, por haber pasado a tener 106 diputados (antes 90) y 24 senadores (antes 16).
Pero las polémicas suscitadas por las últimas medidas económicas y los proyectos de ley impulsados en estos meses dieron lugar a que el peronismo busque reagruparse para reforzar su rol de oposición.
En algo coinciden: sin el aval de la CGT, la reforma impulsada por Macri no avanzará. Y, en este sentido, hay voces disidentes dentro de la propia central obrera que pueden complicar los planes del macrismo.
"Por la falta de cohesión, hemos decidido postergar el tratamiento hasta la nueva composición del Senado y hasta que la CGT unifique en una sola posición si hay voluntad de avanzar", advierte Pichetto.
En el ministerio de Trabajo, que ha vendido negociando con los líderes gremiales, confían en retomar el diálogo cuando se calmen las aguas. Sin embargo, ya pusieron "manos a la obra".
Un día después de concluida la actividad legislativa, diputados opositores e intendentes peronistas fueron recibidos en Casa de Gobierno, donde hablaron sobre las necesidades de los municipios opositores.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue el anfitrión del encuentro en el que se acordó la reactivación de la obra pública luego de un planteo del justicialismo.
Si bien no se abocaron a otros temas, el objetivo del Ejecutivo es el de seguir manteniendo una buena sintonía con parte de la oposición, a fin de asegurarse los votos en el recinto.
Desde la otra vereda, los sindicalistas buscarán -de aquí a febrero- acercar posiciones y lograr el apoyo explícito de los "peso pesado" más críticos, grupo encabezado por Hugo y Pablo Moyano.
Paralelamente, los operadores del Gobierno retomarán el diálogo con gobernadores que no pudieron unificar el apoyo a la reforma previsional y el Pacto Fiscal durante las votaciones en el Parlamento.
Por cierto, no pasan por alto el rechazo de las organizaciones nucleadas en la Corriente Federal que conduce Sergio Palazzo y las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli.
Al igual que con la reforma previsional, los números que maneja el oficialismo dan muy justo como para que impulse el proyecto por sí solo. Es decir, sin el apoyo explícito de la mayoría de los mandatarios.
Por eso, tanto Macri como referentes de Cambiemos quieren, en ambas cámaras, estar seguros de contar con la mayor cantidad de voluntades para minimizar los riesgos de una derrota.
Desde la oposición, encolumnada detrás de Cristina Kirchner, cuestionan "el apuro" y la desprotección que ocasionará a los trabajadores los cambios impulsados, que incluyen:
- Un ambicioso plan para el blanqueo de trabajadores.
- La modificación del régimen de contrato de trabajo.
- Cambios en la relación empleado-empleador.
- El impulso a un nuevo marco legal de pasantías.
- Normas vinculadas con la multiplicidad de tareas.
- Propuestas referidas a mejorar la productividad.
Más allá de estas modificaciones a tratar en la reforma laboral, el foco del Gobierno y de las cámaras empresarias está puesto en la negociación de los convenios colectivos, de cara a las paritarias 2018.
El macrismo quiere poner sobre la mesa no sólo la cuestión remunerativa, sino también que comiencen a ser contempladas otro tipo de situaciones.
Entre ellas, la polivalencia funcional (multitasking), los adicionales por presentismo, premios por objetivos, la reducción de tiempos muertos y el reemplazo del trabajo humano por máquinas con "garantías de empleabilidad".
Punto por punto, qué incluye la reforma laboral
Según la propuesta a ser debatida en febrero, el blanqueo otorgará beneficios a empleadores que "sinceren" empleados en negro. Entre ellos:
- La extinción de la acción penal: no correrán riesgos de ser condenados por haber omitido el ingreso de aportes y contribuciones.
- La condonación de multas y la salida del REPSAL (registro público de empleadores con sanciones laborales).
- Modifica artículos de la Ley de Empleo (24.013) en los que se prevén multas por mala o nula registración.
- Otro ítem modificado (art. 12 de la LCT) es el de la irrenunciabilidad: si bien el empleado podrá renunciar a sus derechos, para ello requerirá de una homologación administrativa y asistencia letrada o sindical.
- Responsabilidad solidaria por subcontratación: no será aplicable a los servicios contratados para las actividades complementarias (limpieza, seguridad, gastronomía, servicios médicos o de transporte, montaje de instalaciones).
- Reinstala la indemnización de tres sueldos en caso de falta de entrega de las certificaciones de trabajo (en el primer borrador se apuntaba a eliminarla).
- Pone fin al polémico "banco de horas", que permitía a los empleadores no pagar horas extras o extender las jornadas si luego compensaban con una reducción del horario.
- Incorpora dos licencias nuevas, además de la ampliación de paternidad a 15 días y la de "razones personales" sin goce de sueldo por 30 días.
- Agrega diez diez días anuales para audiencias previas a los trámites de adopción y cinco días para tratamientos de reproducción asistida.
- Indemnizaciones por despido: se excluye de la base del cálculo "la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada sin periodicidad mensual y en base a una evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador le efectúe al trabajador".
- Crea un fondo de cese tripartito para así afrontar las indemnizaciones.
- Prohíbe dar sumas de carácter no remunerativo: sólo serán válidas si son de carácter excepcional y por tiempo determinado.
- Mantiene la prescripción vigente de dos años, eliminando la intención de reducirla a un año.
- Modifica el régimen vigente de pasantías (contiene un capítulo sobre "prácticas formativas") y crea un fondo de cese por actividad.
Febrero será un mes clave en materia laboral. El Gobierno pudo festejar un 2017 favorable en el plano legislativo. Pero aún le resta sortear este escollo.
Por lo pronto, ya puso manos a la obra para asegurarse un buen arranque del año en el Congreso.
