Por Carlos Burgueño/Ámbito.- Ingresos Brutos y el Impuesto al Cheque los primeros poara reformular, pero sin perder recaudación.
El proyecto oficial, de 200 hojas, busca una reducción gradual de la presión impositiva en 5 años, pasando del 41 actual al 33% final. Tiene en cuenta que el déficit actual es de $500.000 millones y que recién cuando esté dominado, las rebajas se podrán acelerar.
El gobierno enviará al Congreso, luego de las elecciones de octubre, el proyecto oficial de reforma impositiva; que, posteriormente, intentará debatir y consensuar con la parte "sensata" de la oposición una ley definitiva a aprobar en algún momento del 2018 para aplicar desde enero de 2019.
La intención es una reforma gradual en dos tiempos (un primer período de un año y otro de cuatro, para terminar de aplicarse en el 2023), donde los primeros tributos en la mira serán la eliminación paulatina de los tributos al cheque e ingresos brutos; y su reemplazo por otros impuestos "menos distorsivos". La propuesta que el macrismo presentará en sociedad, se basa en que la generosidad de la reforma llegue al final del proceso, cuando el fantasma del actual déficit fiscal de 400.000 millones de pesos anuales esté dominado. La idea del gobierno es que la reforma represente una nueva "política de estado" que sea respetada por el gobierno que suceda al actual de Mauricio Macri y que sea tomado como algo serio y duradero por la sociedad económica general. Para esto habrá un debate entre la clase política, cámaras empresarias, colegios profesionales de ciencias económicas y sindicatos; que, en teoría, deberían comprometerse en la ley final.
"Llamaremos a una amplia negociación y debate con la oposición sensata, e incorporaremos todas las ideas que completen el proyecto oficial. Pero impediremos que el proyecto termine en un Frankenstein imposible de aplicar y que nos haga perder más dinero que lo que se recauda hoy". Así explicaba a este diario uno de los participantes de la cumbre de ayer en Olivos donde el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne repasó el paper de 200 extensas páginas donde figura con detalles generales y técnicos el proyecto oficial que, luego de las elecciones del 22 de octubre, llegarán al Congreso nacional.
Ya en el Legislativo se abrirá entre noviembre y diciembre (aún con la composición actual en Diputados y Senadores) un debate que llevará hasta fin de año. Una vez que juren los próximos legisladores, se consensuará el momento exacto en que el texto final termine de ser discutido y comience a ser redactado para su debate final; en comisión de presupuesto y hacienda primero y el recinto después. Esta negociación final será discutida con los referentes que nombren los gobernadores; actores fundamentales en el proyecto, ya que deben aceptar el sacrificio público de ingresos brutos y su reemplazo por un nuevo tributo a nivel nacional. Vendrá luego el turno de los diputados y senadores. La hipótesis del Gobierno es que se podrá negociar mejor con algunos de los legisladores actuales más otros que seguramente se sumarían al nuevo Congreso, siempre descartando al kirchnerismo en la intención; al que, suponen en el macrismo, estará de entrada 100% en contra de cualquier iniciativa oficial. Suponen desde el oficialismo, que con diputados como Marcos Lavagna, Martín Lousteau, Jorge Sarghini, Matías Tombolini, José Ignacio de Mendiguren y Diego Bossio, entre otros. Enfrente estarán, piensan en el gobierno, Fernanda Vallejos y Axel Kicillof, entre otros, bombardeando cualquier tipo de negociación que pueda avanzar, y calificando un eventual acuerdo político como una especie de contubernio ajustador imposible de votar y digno de denunciar.
Obviamente, la hipótesis del macrismo es que al gobierno le irá muy bien en las próximas elecciones; al punto que, aún sin mayoría parlamentaria, se pueda negociar con la oposición en situación de fuerza.
Dujovne repasó así una vez más sus 200 hojas ante el propio Mauricio Macri (que hace 20 días tuvo en sus manos la primicia); al que se sumó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los dos vicejefes del área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. También intervino (y aportó ideas) el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
La iniciativa plantea reducir la presión tributaria del actual 41% al 33% en 2023. Dujovne dijo ante sus interlocutores oficiales que la intención es que haya una reducción gradual que le de previsibilidad a los empresarios y que sea aceptada por los profesionales de las ciencias económicas que deberán aplicar el proyecto.
Dentro de la propuesta, donde más se piensa avanzar es en el impuesto al cheque, una fuente de ingresos que desde que comenzó este año sólo le trae satisfacciones al Gobierno aportando el mes pasado unos 13.338 millones de pesos (30% más que mayo del año pasado) y proyectando para todo el año unos $156.000 millones (28% más que 2016).
En el caso de Ganancias, el Gobierno quiere trabajar sobre la reforma que tuvo que aplicar desde este año a partir de la ley que se aprobó en diciembre de 2016 y que el oficialismo aceptó luego de que la oposición aprobara en Diputados una modificación radicalizada y que el Senado estuviera a 48 horas de obligar a Mauricio Macri a vetarla. Como contrapartida, se quiere mantener con el nivel actual la carga sobre las retenciones a las exportaciones y los derechos de importación; así como, se sabe en el oficialismo sólo se puede trabajar en Ganancias hacia abajo y nunca hacia arriba. Pensar en recaudar, sin más, menos IVA y el impuesto al cheque, sin contrapartida de ingresos por otra vía (que obviamente no sea aumentar en endeudamiento) es una utopía fiscal. La solución al dilema es ganar tiempo. Cree el Gobierno que con los meses, los ingresos por el IVA Impuestos (que miden además la marcha de la actividad interna), mejorarán sustancialmente y se mantendrán cerca del 25% de incremento anual; mientras que habrá una necesaria mejora en la liquidación de los exportadores de soja y la consecuente recaudación de los derechos de exportación. Y que además, luego de las elecciones, comenzará a notarse una baja importante en el nivel de gasto nacional, fruto de la reducción de los subsidios a los servicios y el aumento en la producción local de energía, mas una baja en los gastos corrientes.
