Por Santiago Fioriti/Clarín.-
Son cerca de 700 mil familias que hoy no pueden hacer muchos trámites. Lo harían antes de las elecciones.
En 2001, cuando estalló la crisis que terminaría con el gobierno de Fernando de la Rúa, había casi 400 villas instaladas en el conurbano bonaerense. En 2015, después del relevamiento que hizo la administración de María Eugenia Vidal, se constató un crecimiento impactante. Ya existen más de 1.100 asentamientos precarios en el Conurbano: solo en La Matanza se establecieron 115, en Almirante Brown 78, en Lomas de Zamora 64 y en Florencio Varela 70. A esa cifra hay que adosar más de 450 villas en el interior bonaerense. Y, por supuesto, más de 1.000 en el resto de las provincias.
Más números: el relevamiento que están haciendo las organizaciones sociales, con el guiño del Gobierno -en zonas que parecía imposible ingresar, dicen los militantes- ya permite estimar que más de 700 mil familias duermen hoy en lugares precarios. Un universo de más de 2 millones de personas a las que se les dificulta decir exactamente dónde viven cuando, por ejemplo, tienen que hacer un trámite para contratar algún servicio o para pedir un certificado de defunción.
El Gobierno trabaja en reserva en una medida que apunta a solucionar esa complicación y que buscará presentar como “un antes y un después” en su gestión: quiere otorgarle un “certificado de domicilio” a quienes viven en asentamientos o barrios populares de la Argentina, una iniciativa pensada para que empiecen a abandonar el lugar de la irregularidad. El proyecto está en mano de la jefatura de Gabinete. Mario Quintana lo viene trabajando junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y al titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso.
“Sería la incorporación de un derecho. Nos parece importante, es un avance. La gente que vive en estos barrios lo hace en condiciones de vulnerabilidad y no puede acreditar domicilio, una cosa elemental, con lo que se les traba cualquier trámite que quieran hacer. Estamos en camino de regularizarlos”, dijo a Clarín Gildo Onorato, el secretario de políticas sociales del Movimiento Evita e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
En la Casa Rosada no quieren hablar públicamente del tema. “Preferimos ser súper prudentes para no generar falsas expectativas.
Es una cuestión muy sensible y recién estamos trabajando en el borrador”, confían. Porque saben, además, que los movimientos sociales que tienen buen vínculo con el macrismo verán este primer paso como una serie de iniciativas que a lo largo del tiempo podrían terminar dándole título de propiedad a los ocupantes. “El Estado debería comprar esas tierras y cederlas a sus vecinos”, sostiene Onorato.
Los “certificados de domicilio” podrían librarse antes de las elecciones de octubre, aunque en lo más alto del poder aseguran que no se producirá ningún anuncio oficial para que no sea interpretado como una medida electoralista. Pero habrá que verlo.
Los sectores más postergados de la sociedad, a excepción de la Capital -donde el oficialismo empezó a pisar más fuerte en los últimos años-, siempre le fueron esquivos al macrismo. Pero una vez que llegó a la Casa de Gobierno Macri lanzó varias programas para intentar revertir ese panorama. Entre ellos, está en marcha un plan para urbanizar 96 barrios y localidades vulnerables con un máximo de 10 mil habitantes. Habrá obras de mejoramiento del hábitat y de urbanización. En la primera etapa está previsto que se inviertan 7 mil millones de pesos.
