Por Sebastián Albornos/iProfesional.- Representantes sindicales fueron al Congreso para convencer a los legisladores peronistas sobre los beneficios que tendrán los trabajadores con esa iniciativa. Si bien se mantiene el paso obligatorio por las comisiones médicas, se modificaron otros puntos de la propuesta original del macrismo.
En una “guerra” de constante toma y daca con la oposición, el Gobierno se anotó una victoria trascendente al lograr dictamen de comisión en el proyecto que propone una norma complementaria a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Cuando parecía que la propuesta que contempla el regreso de la obligatoriedad del paso por las comisiones médicas para los trabajadores accidentados iba a pasar el fin de año en los cajones de los escritorios de los legisladores, la Confederación General del Trabajo (CGT) le dio una "mano enorme" al macrismo al avalar la propuesta tras una serie de cambios realizados durante la última semana.
De acuerdo a lo expresado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad en los reclamos por accidentes de trabajo. Es que hay números que preocupan al oficialismo y a las aseguradoras.
De acuerdo a lo expresado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad en los reclamos por accidentes de trabajo. Es que hay números que preocupan al oficialismo y a las aseguradoras.
Durante el año pasado se iniciaron 106.000 demandas derivadas de presuntos siniestros laborales, un 20% más que el 2014.
En tanto, para este año, se esperan alrededor de 122.000 nuevos planteos judiciales, un 16% más que en 2015.
En la Superintendencia de Riesgos de Trabajo estiman que hay 300.000 demandas en la Justicia Laboral que equivalen a unos 4.500 millones de dólares. Este número puede incrementarse ya que un litigio tarda un mínimo de tres años, por lo que hay que sumarle los intereses.
El jefe de la bancada del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, expresó que el visto bueno de la CGT “pone en viabilidad este proyecto para que pueda abordarse en el recinto del Senado y discutirlo” y remarcó que " las ART están todas quebradas y el sistema no funciona. Hay muchas empresarios que no toman trabajadores por el temor al pago de indemnizaciones".
Larga negociación
Desde que se dio a conocer el proyecto hace poco menos de un mes, la oposición se había mostrado reacia a aprobar la iniciativa que el Gobierno consideraba fundamental dentro de su plan político-económico.
Pero la presencia de la cúpula sindical en el Senado para avalar la propuesta presentada por el el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le dio un nuevo impulso, logró la firma del dictamen y será debatida en el recinto durante las sesiones extraordinarias del próximo 14 de diciembre.
Por lo pronto, este año obtendría media sanción y sería ratificada por la Cámara de Diputados recién en las sesiones ordinarias del año próximo.
La controversia surgió porque la iniciativa establece (a pedido de las aseguradoras) como obligatoria la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales antes de iniciar una acción judicial, con el objetivo de disminuir la litigiosidad.
El Gobierno justificó esta necesidad en que el 70% de los trabajadores afectados empiezan el juicio sin pasar por las Comisiones Médicas. El 30% restante que sí utiliza la vía administrativa, logra resolver sus demandas en el 85% de los casos.
Para el macrismo, dichas comisiones deben ser la instancia administrativa única y excluyente, donde el trabajador encuentre una respuesta a su demanda por un accidente o una enfermedad profesional y que en 60 días, como mínimo, pueda tener depositada en su cuenta sueldo la indemnización que le corresponda.
Los abogados laboralistas pusieron el "grito en el cielo" ya que la obligatoriedad de las comisiones médicas, que estaban estipuladas en la Ley 24.557,ya había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2004.
Si bien en principio se anunció que la propuesta había sido consensuada, la CGT (que participó en la redacción del proyecto) se quejó por la falta de un capítulo sobre la prevención y la negativa a ampliar el listado de enfermedades profesionales.
Asimismo, pidió el establecimiento de un piso indemnizatorio y que se estipule un régimen de sanciones para los empleadores que no cumplan las normas.
Durante esta semana, el Gobierno se comprometió a analizar estos pedidos y a incluirlos en el texto a tratarse en el recinto o a reglamentar la ley, una vez sancionada, incluyendo estos pedidos.
Por lo pronto, Triaca confirmó que habrá un patrocinio de letrado gratuito para los trabajadores accidentados y una mejora en las instancias conciliatorias y en el sistema de homologación así como un criterio de cobro inmediato.
También, se amplía el período de incapacidad transitoria establecido en el proyecto original y habrá una recuperación de fondos para las obras sociales (que muchas veces se hacen cargo económicamente de las dolencias que en realidad son enfermedades profesionales que están a cargo de las ART).
Ante la comisión de Trabajo y Previsión del Senado, el secretario general de la CGT y diputado nacional, Héctor Daer, aseguró que es necesario “reformular el sistema” porque “hay una situación de marco de inestabilidad”.
Por otra parte, destacó que los reclamos de la central obrera fueron incorporados al proyecto y que por eso no tienen “inconvenientes de que este proyecto siga su curso”. “Pero tenemos que tener la responsabilidad de concluir aquellas cosas que aún quedan inconclusas”, agregó.
Daer advirtió que las comisiones médicas están “sobrecargadas” y que en algunos casos “el trabajador pasa dos años sin que se dirima si es una enfermedad o un accidente de trabajo”.
“Hay una deficiencia muy grande con respecto a la distribución geográfica y operativa de las comisiones médicas”, sostuvo y sugirió que en todos los territorios donde hay juzgados se establezcan comisiones médicas. Esto será analizado por el Gobierno.
Además, se convocará de inmediato al Comité Consultivo Permanente, un órgano creado por la vieja ley de ART pero que no se reúne hace tres años. Ese comité deberá avanzar en un plazo máximo de 3 meses en una nueva ley de prevención de accidentes de trabajo.
