Por iProfesional.- Para el macrismo, si avanza la propuesta impulsada por el peronismo, el costo fiscal será enorme. Dialogan con los gobernadores, quienes también sufrirán una merma en sus ingresos, para evitar la derrota. El peronismo acusa al oficialismo de “extorsión”
La dura e inesperada derrota que sufrió el Gobierno en la cámara de Diputados por el Impuesto a las Ganancias encendió las luces de alerta en el macrismo.
Es que se dieron cuenta que la campaña por las elecciones legislativas del 2017 ya comenzó y no puede darse el lujo de pensar en partidos “aliados” cuando los deberá enfrentar en las urnas en los próximos meses.
En el último mes, el Gobierno recibió varios sacudones en el ámbito legislativo.
El peronismo le “freezó” el proyecto de reforma política en el Senado y días después votó la propuesta de Emergencia Social del PJ y las organizaciones sociales, que de llevarse adelante, acabaría con los recursos del Estado. Para evitar una escalada en la conflictividad, el martes aprobó en Diputados un proyecto “light” sobre este tema. Además, el Presupuesto 2017 debió aprobarse con concesiones de obras y fondos a los gobernadores peronistas y la Casa Rosada cedió millonarios recursos a la CGT y a las organizaciones sociales para tratar de evitar los conflictos de fin de año.
El peronismo le “freezó” el proyecto de reforma política en el Senado y días después votó la propuesta de Emergencia Social del PJ y las organizaciones sociales, que de llevarse adelante, acabaría con los recursos del Estado. Para evitar una escalada en la conflictividad, el martes aprobó en Diputados un proyecto “light” sobre este tema. Además, el Presupuesto 2017 debió aprobarse con concesiones de obras y fondos a los gobernadores peronistas y la Casa Rosada cedió millonarios recursos a la CGT y a las organizaciones sociales para tratar de evitar los conflictos de fin de año.
La discusión por Ganancias marcó una nueva etapa porque por primera vez el oficialismo se mostró inflexible durante una discusión en el recinto.
Si bien el proyecto del oficialismo aprobado en comisión sufrió algunos cambios en la previa a la reunión plenaria, no conformó al arco opositor, que le pidió modificaciones profundas.
Cambiemos se opuso, por lo que el peronismo (FpV-PJ, el massismo y el bloque Justicialista) se unió para aprobar una iniciativa consensuada a último momento con un nuevo mínimo no imponible y una serie de gravámenes.
Ahora el destino de la ley quedó ahora en manos del Senado, en medio de denuncias cruzadas por supuestos "aprietes" del Poder Ejecutivo nacional a gobernadores para que le pidan a sus legisladores que frenen la propuesta peronista.
Las modificaciones aprobadas impactan de lleno en la recaudación de las provincias, ya que dicho impuesto se coparticipa en un 50% entre la Casa Rosada y las provincias.
El oficialismo esperaba el respaldo de los gobernadores pero por ahora no lo consiguió, a pesar de que les envió sobre lo que dejarían de recaudar si se aprobaba el proyecto opositor.
En caso de convertirse en ley, tendrá un costo adicional de $32.000 millones, que se deben sumar los $30.000 millones ya previstos por el oficialismo, que habían sido consensuados con los gobernadores.
Para compensar este déficit, la iniciativa crea un nuevo impuesto a las tragamonedas y las apuestas online para recaudar unos $2.700 millones y restablece las retenciones a las mineras -eliminadas por Macri-, para recaudar otros $5.000 millones. Además grava los plazos fijos mayores a $1,5 millones, reparto de dividendos, el dólar futuro e inmuebles improductivos.
En el contexto actual, Ganancias apunta a convertirse en el segundo gran traspié legislativo de la administración macrista, luego de la sanción de la ley antidespidos, que también unió al arco opositor, y luego fue vetada.
Desde el inicio de su mandato, Macri sostuvo que “el veto es una potestad del Presidente” y remarcó que no hará nada que perjudique el rumbo económico y, sobre todo, su objetivo de bajar el déficit en 2017. Precisamente, este es el escenario que analizan el Presidente y su equipo.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, efectuaron distintos cálculos tras conocerse el nuevo proyecto opositor y le informaron al presidente Macri sobre el impacto en las arcas del Estado. Demasiado dinero que el Estado no estaría en condiciones de financiar por una cuestión política.
Es que el macrismo se niega a gravar la renta financiera y la minería, actividad a la que excluyó de este tributo a principios de año.
En este punto encuentra como aliados a algunos mandatarios provinciales que tienen como uno de los principales ingresos de dinero a la minería y consideran que un nuevo tributo pondría en riesgo no solo las arcas locales sino también el empleo.
“Nosotros vamos a dar el debate en el Senado, como siempre. No vamos a apurarnos. Lo que sí vamos a hacer es tener un debate franco, honesto, como hemos hecho; serio. Creemos que es muy importante cuando se habla de impuestos y de decisiones que impactan en la economía. Esperamos una decisión más racional. Iremos paso a paso", indicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
"Si Macri lo veta, sería una pena", expresó esta mañana Sergio Massa, quien señaló que aspiran a que "salga en el Senado". Luegó contó que el martes participó de una reunión junto a Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, "para ordenar los números y tratar de cuidar a todos los sectores, premiar a aquellos que trabajan todos los días y castigar a los que especulan".
Ida y vuelta con los gobernadores
El macrismo, a fuerza de diálogo y también de “billetera”, logró el acompañamiento de legisladores que responden a los gobernadores en leyes clave.
Durante los últimos días aceleró el diálogo con ellos para tratar de aprobar la propuesta oficial. Con ellos había firmado hace tres meses un pacto de equilibrio fiscal, para que se respete un costo en Ganancias de $27.000 millones previstos en el presupuesto 2017. La mitad lo ponen las provincias.
De hecho, pensaba que algunos mandatarios como el cordobés Juan Schiaretti, el santafesino Miguel Lifschitz y el entrerriano Gustavo Bordet, iban a convencer a sus diputados para que se retiren de la sesión y ningún proyecto logre los 129 votos, lo que permitía “patear” la discusión para el año que viene.
Ante esa posibilidad, las diputadas Graciela Camaño, del Frente Renovador, y Teresa García, del Frente para la Victoria, pidieron una moción para acelerar la votación.
Iban poco más de tres horas de debate, cuando en la teoría se esperaba que la discusión se estirase por varias horas más. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque temían que las exposiciones se alargaran y le permitieran al Gobierno seguir presionando a los mandatarios provinciales.
Frente a las críticas del oficialismo, Camaño indicó que Marcos Peña, “llamó a gobernadores” para intentar “quebrar su voluntad”.
“Si vamos a hablar de las nuevas prácticas políticas, a estas mismas prácticas las he visto en muchas otras oportunidades”, apuntó.
Tras la votación, algo quedó en claro: ningún gobernador pudo convencer a su diputado de que no acompañe la iniciativa opositora y apoye la oficial.
Eso sumó más preocupación al Gobierno porque se evidenció una señal de que no será fácil frenar la media sanción en el Senado.
El jefe del bloque Justicialista en Diputados, Oscar Romero, salió al cruce de las críticas del PRO. “Esto no es una cuestión de números, no es una cuestión de apriete, de si llamo a un gobernador o no lo llamo, si pongo el culo en la silla o no pongo el culo en la silla: venimos a hablar de una realidad que aqueja a los trabajadores”, sostuvo.
Tanta era la ausencia del peso de los gobernadores que el sanjuanino José Luis Gioja admitió que no estaba dispuesto a frenar el retorno de las retenciones a la minería, actividad principal de su provincia.
El dictamen opositor había sido defendido en comisión por dos laderos de gobernadores: el salteño Pablo Kosiner y el pampeano Sergio Zilioto. Y por si fuera poco, el gobernador chubutense Mario Das Neves envió mensajes todo el día para dejar claro que sus dos diputados jamás pensaron en acompañar al Gobierno.
Hasta hace poco, Das Neves era un aliado del Gobierno pero un DNU del Poder Ejecutivo le quitó los reembolsos a puertos patagónicos que exportan u$s8.500 millones anuales en pesca, lana, y productos agropecuarios.
Hasta el momento, nueve mandatarios opositores se manifestaron a favor de la propuesta oficial, el chaqueño Domingo Peppo, el salteño Juan Manuel Urtubey, el sanjuanino Sergio Uñac, la fueguina Rosana Bertone, el entrerriano Gustavo Bordet, el santafesino Miguel Lifschitz, el cordobés Juan Schiaretti, el misionero Hugo Passalacqua, la santiagueña Claudia Ledesma y el neuquino Omar Gutiérrez.
Junto con los cinco gobernadores oficialistas podrían ayudar al Gobierno para imponer su proyecto y lograr alargar la discusión para el año próximo. El problema para el macrismo es que no todos los mandatarios tienen “peso” sobre sus senadores. Y eso abre un interrogante de cara al debate en la cámara alta.
