 |
| Satisfechos. Los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña atravesaron sus primeros cuatro meses de convivencia sin sobresaltos. Se multiplicaron las gestiones con el Gobierno y se contuvo la protesta. |
Por Mariano Martín/Ámbito.- Los dirigentes creen haber sido garantes de la paz social y aliados al gobierno al evitar paros.
El jueves hará la última reunión de su Consejo Directivo en 2016. Celebrará fortaleza del triunvirato y habrá quejas de ocasión por Ganancias y bono.
La CGT realizará este jueves la última reunión del año de su Consejo Directivo para poner en común un balance de las negociaciones por el bono y la preocupación por los despidos en algunos sectores, y de paso ensayar una advertencia frente a la posibilidad de un veto presidencial a la ley de reforma de Ganancias. Sobre el debate impositivo hoy se reunirá la dirigencia en Azopardo para reforzar la posición del sector y el apoyo al proyecto consensuado de la oposición, que se traducirá en la presencia de la "mesa chica" de la central mañana en el Senado.
El encuentro del jueves será para la mayoría de los dirigentes el último acto con presencia requerida de un año signado por el fortalecimiento de la central obrera en el plano institucional, con un triunvirato de jefes asentado en sus funciones, el objetivo cumplido de contención de la protesta social y un marcado deterioro de las condiciones socioeconómicas del grueso de sus representados.
En palabras de Luis Barrionuevo, artífice clave de la reunificación de la CGT en agosto pasado, la dirigencia gremial puede jactarse de haber hecho "la mayor contribución sectorial a la gobernabilidad" de Mauricio Macri al haber resignado entre diez y quince puntos porcentuales de poder adquisitivo frente a la inflación, de los cuales el bono apenas compensó una parte mínima en las actividades donde fue negociado. A cambio, la central sindical mayoritaria obtuvo un sitio de participación permanente en la discusión con el Gobierno -que Cristina de Kirchner le había quitado-, liquidez extraordinaria para sus obras sociales y la promesa, vigente por ahora, de que se mantendrán sin cambios el modelo gremial y las paritarias.
Entre los dirigentes impera como evaluación del año una sensación de satisfacción. La administración de Mauricio Macri actuó con microcirugía para alcanzar ese estadio. Prueba de ello son las concesiones puntuales a gremios de actividades más sensibles, como el caso de los del transporte.
A Hugo Moyano, por caso, el Gobierno le facilitó el control de la empresa postal OCA y el consecuente mantenimiento de más de 7.000 puestos de trabajo amenazados, en lo que constituye el mayor empleador individual del gremio de los camioneros. Con el resto de los sindicatos del transporte (colectiveros de UTA, ferroviarios, aeronáuticos) garantizó acuerdos salariales que empataron o le ganaron a la inflación, a diferencia de lo ocurrido en la media del sector privado.
Además, a todos esos gremios, agrupados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), el Ejecutivo les prometió exenciones puntuales para el futuro esquema de Ganancias. Mañana los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Trabajo, Jorge Triaca, volverán a verse con los principales dirigentes de la CATT para pulir esos beneficios: hasta la semana pasada, cuando tenía chances de prosperar el proyecto oficial de reforma del tributo, el compromiso era eximir los viáticos en esos sindicatos del pago del tributo; esta semana analizarán cómo compensarlos.
También explica la buena predisposición hacia el Ejecutivo la cesión sin precedentes de fondos retenidos para las obras sociales.
Los más de 30 mil millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) volverán en su totalidad al circuito de las entidades de salud de los sindicatos luego de años en que el kirchnerismo apenas dejó gotear esa canilla lo justo para impedir quebrantos.
Como parte del entendimiento CGT-Gobierno hubo espacio para que ambos actores cobijaran a un sector de los movimientos sociales. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa canjearon paz social por un lugar permanente en la mesa de diálogo con los funcionarios y un reconocimiento institucional de la central obrera. Esa alianza inédita dará a luz una obra social para sectores populares.
Las concesiones puntuales bastaron hasta ahora para sostener la promesa de colaboración con la gobernabilidad, incluso con un apoyo explícito a la reforma de la ley de riesgos del trabajo que promueve el Gobierno con visos de inconstitucionalidad por incluir, una vez más, obstáculos para el acceso a la vía judicial para el trabajador accidentado.
