Por Francisco Olivera/la Nación.- Una leve confesión de Héctor Daer puede explicar toda la estrategia de la CGT. El líder sindical la dejó escapar anteayer, en el Ministerio de Trabajo, mientras Jorge Triaca, Alfonso Prat-Gay, Francisco Cabrera, Rogelio Frigerio y Mario Quintana intentaban convencerlo de que la reactivación económica y la caída de la inflación serían el mejor gesto del Gobierno hacia los asalariados. "Pero hablemos del corto plazo: los medios generaron mucha expectativa sobre esta reunión", se sinceró.
Los anfitriones entendieron. Los precios, la pérdida de puestos de trabajo y, más que nada, las protestas callejeras de las organizaciones sociales y la CTA han acortado las urgencias de la CGT a diciembre: difícil mantener la legitimidad si de ese encuentro del jueves en la cartera laboral, del que participaron también Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, los otros conductores de la entidad de Azopardo, no salen al menos un bono de fin de año para los trabajadores y la exención en el impuesto a las ganancias para el medio aguinaldo. La Casa Rosada está a punto de aceptar cumplir con ambos reclamos.
Esa reunión terminó además con un gesto político fuerte: se convocará a un acuerdo social, la sugerencia que Macri recibió en su última conversación telefónica con el papa Francisco, ahora su nexo más relevante con los gremios. La conciliación pontificia funciona: miembros de la Iglesia salieron el sábado pasado de un seminario en la CGT convencidos de haber desactivado el paro; ayer, el Papa exhortó por video a los argentinos a poner el hombro por la patria y se disculpó por no poder volver el año próximo al país. Fue un mensaje a toda la población, pero en especial a sectores del PJ y organizaciones sociales que preparaban una concentración que, el 17 de octubre, pediría la venida de Francisco. Una respuesta anticipada al bergoglismo de la marcha de San Cayetano.
Es probable que estas concesiones del Gobierno sean, con todo, los últimos vestigios de heterodoxia de un programa económico que se propone concluir, si no surgen imprevistos, en una drástica reducción de la pobreza en los próximos años. Macri supone estar ya en ese sendero. Ahí quiso ubicarse el miércoles, cuando convocó a una conferencia para hablar del 32,2% de pobres. "Este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente: por si pudimos reducir la pobreza en este gobierno", dijo. La jugada parece bastante elemental: es casi imposible que esas cifras, que corresponden al peor momento del rebrote inflacionario y de caída en la actividad, sean peores en marzo, cuando se conozca la medición del segundo semestre.
El Presidente estaría entonces en condiciones de anunciar, en el inicio del año electoral, que ha empezado a bajarla.
Esta proyección se sustenta en el pilar de su plan económico, que es la reducción de la escalada de precios y que arrancó oficialmente esta semana, con el comienzo del esquema de metas de inflación que aplicará el Banco Central. Este sistema, que usaron, entre principios y fines de los años 90, países como Nueva Zelanda, Canadá, Israel, el Reino Unido, Australia, Suecia, Suiza, Noruega, Chile, Perú, Corea, Brasil, Colombia, México, Sudáfrica, Tailandia, República Checa, Polonia y Hungría, consiste en el compromiso institucional de mantener la estabilidad de precios como objetivo principal de la política monetaria para, así, alinear las expectativas que los agentes económicos tienen sobre el futuro.
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El Banco Central prevé cumplirlo regulando la tasa de interés -a mayor rendimiento, más demanda de pesos, que no irán al consumo- y no, como se hizo casi siempre aquí, anclando el tipo de cambio. El meollo del asunto es que coincidan las expectativas con las metas, y ése es un proceso no exento de altibajos.
El martes, por ejemplo, probablemente al advertir que los peligros no están del todo despejados, el Banco Central suspendió los recortes de tasas que les venía haciendo a las letras que emite (Lebac). Fue un resguardo ante una señal de alerta: la semana anterior a esa decisión, por primera vez en varios meses, la inflación que mide la consultora Price Stats había sido superior al rendimiento de las Lebac.
Como el sistema de metas se basa en la credibilidad hacia la independencia de la autoridad monetaria, la incógnita más inmediata es cómo reaccionarán los empresarios. Si confían en que no se expandirá el dinero circulante, apostarán a precios más moderados para no perder ventas. Si, por el contrario, suponen que el Central cederá a presiones políticas y volcará más pesos en el mercado, tenderán a encarecerlos. Y en el caso de que eso no ocurra, volverán entonces a escarmentar con caídas en el consumo. Ya les pasó a varios sectores este año. En el Gobierno piensan primero en el verano: temen que, por ejemplo, los operadores turísticos no crean nada de esto, suban los paquetes y expulsen a los viajeros a las playas brasileñas.
La otra tensión viene ya desde hace tiempo y es con los industriales: ¿cómo recuperar competitividad sin una nueva devaluación? Federico Sturzenegger, jefe del Banco Central, oyó este planteo en su último almuerzo en la Unión Industrial Argentina, donde se quejan de que esta cotización del dólar vuelve imposible cumplir con las demandas de aumentos salariales. El funcionario les contestó entonces que no otorgarán alzas que no estén en condiciones de pagar. La discusión no es sólo quién paga, sino quién hace el ajuste.
Llevará tiempo cambiar algunos hábitos culturales. Sturzenegger invitó la semana pasada a las jornadas monetarias 2016 a Karnit Flag, presidenta del Banco Central de Israel, a contar la experiencia de las metas de inflación en ese país, donde la ciudadanía fija en dólares muchos de sus contratos y donde el índice de precios se desplomó de 450% a 2% anual en 20 años, mientras el PBI se multiplicaba por tres. "Ellos dijeron: «Nos vamos a olvidar del tipo de cambio»", concluyó el jefe del Banco Central al cerrar el seminario.
Esto representa un giro drástico en el diálogo con el sector industrial. El Gobierno intentó en estos días suavizarlo evitando algunos prejuicios: no son ellos, dice ahora, sino el Estado el principal responsable de la pérdida de competitividad. El tópico le sirvió a Cabrera para apaciguarlos el martes en la UIA, donde agregó que la Casa Rosada estaba dispuesta bajar costos logísticos.
Serán al menos paliativos en un contexto complicado, que los industriales dicen estar asimilando: un 32,2% de pobreza no da margen para nuevas devaluaciones. Quintana se lo explicó de modo más terminante hace 20 días a un grupo reducido de empresarios que había ido a verlos a él y a Marcos Peña: es una decisión de Estado tener salarios altos, anticipó. "Son muy ortodoxos, ojalá les salga", se quejó después uno de los visitantes. El rótulo va más allá del horizonte sindical, que es diciembre. El establishment siempre intuye estas cuestiones antes que el resto.
