Por infobae.-
Los tribunales federales de Comodoro Py 2002 se preparan para la declaración que deberá prestar el próximo lunes la ex presidente Cristina Kirchner en la causa donde se le atribuye haber armado un plan para adjudicar obra pública al empresario Lázaro Báez.
La ex Presidente está citada para las 10 para declarar ante el juez federal Julián Ercolini, tras dos duros dictámenes de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, que hacen un detallado análisis de la obra pública durante la gestión kirchnerista y los presuntos privilegios que habría tenido Báez para ser adjudicatario de los emprendimientos y después cobrarlos en tiempo récord, en relación a otros contratistas.
Será la primera vez que la ex mandataria deba presentarse a declarar en una causa por corrupción. El 13 de abril pasado, acompañada por una gigantesca movilización, había protagonizado su primera indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de dólar futuro.
Cuando tuvo que notificarse del procesamiento que recayó en su contra y el embargo a sus bienes, la ex presidenta fue acompañada por un grupo de seguidores claramente menor al que la había respaldado en una de sus primeras apariciones públicas luego de dejar el poder en diciembre último.
Ahora es una incógnita cuantas personas la acompañarán en esta nueva declaración, aunque se cree que los más fervientes kirchneristas harán una manifestación de respaldo.
Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, remitió escritos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, y al jefe de la División Seguridad de los tribunales, el comisario Daniel Acosta.
A Bullrich se le solicitó que incremente las medidas de seguridad en las afueras del edificio "en cumplimiento de las normas vigentes y bajo el estricto respeto de los derechos humanos".
A Roncaglia se lo notifica de la decisión, mientras que al encargado de la seguridad interna se lo instruye a "arbitrar las medidas necesarias para incrementar las medidas de seguridad del edificio, en aras de proteger la normal prestación de servicios durante las diligencias procesales informadas".
"Ello con el objeto de garantizar el funcionamiento de las dependencias jurisdiccionales y el resguardo de las personas y bienes sitos en el edificio", se señaló.
