Por Claudio Savoia/Clarín.-
Sospechas de corrupción
Los expedientes en los que es investigada vienen avanzando con velocidad desigual, y a veces incoherente.
En Tribunales, en los despachos públicos y los medios, pero también en los bares y las esquinas de cualquier barrio, es la pregunta más repetida del año: "¿Cristina va a ir presa?" Claro, tanto los interrogadores como quienes ensayan distintas respuestas suelen proyectar la simpatía o la bronca contra la ex Presidenta, acusada en varias causas como autora de muchos y graves delitos. Esos expedientes vienen avanzando con velocidad desigual, y a veces incoherente. Mientras algunas pruebas se acumulan frente a la mirada atónita de la sociedad, el kirchnerismo denuncia una persecución. Sobre este suelo pantanoso, en el que es tan fácil hundirse, hay otra pregunta que apenas si llegó a formularse: ¿Hay razones para que alguno de los jueces que la investiga dicte una prisión preventiva sobre Cristina?
En el último mes, Clarín consultó a media docena de fiscales y jueces de todas las instancias del fuero federal, y a un fiscal general del fuero ordinario, para escuchar sus reflexiones al respecto. Ninguno será identificado, porque su opinión podría ser cuestionada en alguna futura intervención. Todos, además, se saben bajo el asedio de la periódica cosecha de dólares en cajas de seguridad, conventos o dragones oportunamente vaciados; la multiplicación de estancias y riquezas en la Patagonia por parte de Lázaro Báez o algún otro empresario amigo del poder K, y otras evidencias lo suficientemente potentes como para cuestionar cualquier intento de equilibrio y mesura. Sin embargo, lo intentan.
La ley es clara: todos son inocentes hasta que en un juicio justo y con posibilidades de ser apelado a una instancia superior se demuestre lo contrario. Y sólo cuando una persona es condenada debe ser detenida. Según el fiscal federal Federico Delgado, esa tradición no es tan antigua. "Desde el año 2004, en la Argentina se divorció la letra de la ley de lo que los jueces dicen que la ley dice", explica con provocación docente. "Según el código de procedimiento, la libertad de una persona es una cuenta. Todo delito que tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 8 no admite la excarcelación. Si tiene un mínimo menor a cuatro y un máximo mayor a 8, el acusado podría estar en libertad, siempre que no tenga antecedentes o más causas. Ese sistema era previsible", dice.
¿Qué ocurrió entonces? "Todo cambió. Cuando la llamada visión progresista impactó en los tribunales, con el fallo Barbará de la Cámara del Crimen, empezó a imponerse la interpretación de que la regla es la libertad del imputado durante todo el proceso. Y que esa regla sólo se quiebra cuando hay elementos 'objetivos' que permitan 'presumir fundadamente' la existencia de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación." Para Delgado, la traducción fáctica de esa nueva interpretación perjudica masivamente a los acusados pobres, quienes atiborran las cárceles. "La visión progresista es la más regresiva de todas, porque le da a un juez el poder absoluto sobre la libertad de las personas."
El magistrado sólo debe justificar ahora que hay peligro de fuga o de entorpecimiento. En varios expedientes -incluso en manos de jueces que investigan a Cristina-, el hecho de tener mucho dinero, poder e influencias es un agravante a tener en cuenta. ¿No es más fácil para ellos escaparse, alterar pruebas o corromper a testigos para que las causas no progresen? En los tribunales se discuten ejemplos que podrían incomodar a la ex Presidenta. "En la causa Hotesur fue ostensible su intervención para frenar y luego correr al juez Bonadio, y luego se descubrió que habían borrado su nombre de las actas de esa sociedad con liquid paper, es un escándalo", sintetiza un renombrado camarista. Un fiscal que en el último año intervino en causas trascendentes afirma que "el ocultamiento de la información sobre las empresas y movimientos de dinero de Lázaro Báez en Nevada por porte de la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, podría ser un claro ejemplo de entorpecimiento de la justicia. Esta hipótesis ya se está hablando en Tribunales", comenta el acusador, en referencia al llamado Cristileaks.
Otra fuente de argumentos sobre una posible detención de la viuda de Néstor Kirchner es la hasta ahora dormida denuncia del fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Los persistentes -y hasta ahora exitosos- intentos por evitar que esa acusación siquiera se investigue podrían interpretarse como una interferencia bastante evidente. De hecho, en una denuncia conexa que lleva el juez Bonadio se pidió a la Cancillería información sobre cómo se elaboró el Memorándum de Entendimiento con Irán, puenteando los carriles normales para negociar esos pactos internacionales.
Un magistrado cuyo despacho está en el primer piso de Comodoro Py entiende que "para una prisión preventiva también hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos imputados. Y cuando una persona tiene más de un proceso en su contra, de la sumatoria de penas que le podrían llegar a aplicar puede determinarse que la eventual pena a aplicar sea de cumplimiento efectivo, lo cual puede determinar una prisión preventiva". En criollo: si alguien está acusado por muchos delitos y con penas altas, es razonable que lo encarcelen antes de la condena.
El mapa de las imputaciones contra Cristina es complejo. Un repaso por las principales dice que ya está procesada por administración infiel en perjuicio de la administración pública (2 a 6 años de pena); que hoy deberá declarar en indagatoria por haber conducido una asociación ilícita (5 a 10 años, de cumplimiento efectivo) para cometer varios delitos; en el caso Hotesur la acusan de malversación de fondos públicos (2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años), lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita vinculada a la obra pública (5 a 10 años); en Los Sauces, de enriquecimiento ilícito (2 a 6 años), falsificación de documentos públicos (1 a 6 años) y cohecho (1 a 6 años). En la ruta del dinero K, por lavado de dinero (3 a 10 años). Y en la causa por traición a la Patria, que lleva Bonadio, la pena es de 10 a 25 años. Mejor no hacer cuentas.
