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Por Nicolas Pizzi/Clarín.-
La jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Martín, ordenó hoy un allanamiento en el aeropuerto de San Fernando y pidió que se registren seis aviones por un caso de tráfico de drogas. Dos de las aeronaves, según pudo saber Clarin, pertenecen a la gobernación de Chaco y de Tucumán.
El procedimiento se realiza en el marco de una causa donde se investiga el tráfico de cocaína a España. En ese expediente judicial, ya fue detenido Alejandro Damián Arrighi Carril, un joven que llevaba 50 kilos en el baúl de su auto. También fue detenido su presunto proveedor, Oscar Luis Morales, de 63 años.
La orden de allanamiento habilita a “proceder e inspeccionar el aeropuerto, sus dependencias privadas o anexas y/o hangares, como también a toda persona que se encuentre presente allí, con el propósito de requisar las aeronaves identificadas con las matrículas LV-CKA, LV-CIO, LV-CKK, LV-CRB y LV-FUT”.
El primer avión pertenece a la gobernación de Tucumán. En 2010, el entonces gobernador José Alperovich gastó 36,9 millones de pesos para quedarse con un Learjet 60XR.
También es oficial el Lear Jeat 60, matrícula LV-CIO. Esa aeronave está afectada a la gobernación de Chaco. El ex gobernador, Jorge Capitanich, lo utilizaba con frecuencia y protagonizó un escándalo en 2012 cuando lo utilizó para viajar con sus hijas al Caribe.
Las otras cuatro aeronaves pertenecen a las empresas Patagonia Jet, Alas del Fin del Mundo, Baires Fly y Sancor Seguros. La segunda firma es de Nazareno Natale, dueño del hotel y casino Status de Río Grande, en Tierra del Fuego. Ese empresario está siendo investigado por el vuelo que hizo en diciembre de 2011 el ex vicepresidente Amado Boudou a Necochea. El viaje se hizo en el mismo avión que ahora está siendo investigado por el tráfico de droga a Europa, LV-CRB. Esa aeronave, según fuentes aeronáuticas, está en venta en Estados Unidos.
Según pudo saber este diario, la mayoría de los aviones no estaba en el aeropuerto esta mañana cuando llegaron los funcionarios judiciales.
Además de la requisa, la jueza federal pidió información de los registros de vuelo, destinos, escalas, reparaciones, servicios y pasajeros, entre otros datos.
Según publicó Infobae, la detención de Arrighi Carril se produjo en marzo luego de largas tareas de inteligencia que hizo la Policía Federal. El cargamento costaba alrededor de 28 millones de pesos.
