Por Carlos Pagni/La Nación.- Antes de su llegada al poder, sobre Cambiemos pesaban dos prejuicios. Una opinión mayoritaria sostenía que, con el peronismo enfrente, no podría resolver la endemoniada agenda económica que dejó Cristina Kirchner. Al mismo tiempo se suponía que, en cambio, garantizaba la reparación institucional que sus votantes reclamaron en las urnas.
Al cabo de ocho meses, la realidad obliga a reajustar esos pronósticos. El Gobierno logró liberar el mercado cambiario sin contratiempos, sacó al país del default, supervisó negociaciones salariales libres sin grandes conflictos sindicales a pesar de la inflación y está logrando la desaceleración de los precios.
Es cierto que se empantanó con la reducción de los subsidios al gas. Pero es muy difícil discernir en qué medida ese contratiempo se debió a dificultades objetivas o a la propia mala praxis. Sobre la plataforma de estos éxitos, Alfonso Prat-Gay acaba de reclamar, en una entrevista con LA NACION, el beneficio de la duda: ¿por qué rechazar la posibilidad de que, hacia fin de año, el país salga de la recesión?
Si se observa el panorama institucional, lo que se pensaba inevitable todavía no se realizó. Al contrario, Macri enfrenta una crisis en áreas que pedían una renovación.
La guerra de facciones que se libra en el aparato de inteligencia acaba de estallar, revelando lo que se preveía: una irresponsable falta de control. Esa tormenta desnudó la persistencia de uno de los peores vicios con que el kirchnerismo agravió a la democracia: la manipulación de la Justicia a través del espionaje.
Mientras tanto, el sistema de seguridad sigue bajo el mando de quienes lo conducían en la gestión anterior, lo que garantiza prestaciones de la misma calidad.
Cuando presentó a su gabinete en el Jardín Botánico, Macri se comprometió a que, bajo su mando, la Agencia Federal de Inteligencia "no estaría para espiar a los ciudadanos, como sucedió hasta ahora". Frente a esa promesa, sólo viene ofreciendo un llamativo fracaso. Elisa Carrió, cofundadora de la coalición gobernante, presentó el lunes pasado un proyecto de ley para eliminar esa agencia. Cuatro días después, Carrió pidió al juez Ariel Lijo que investigue si Juan José Gómez Centurión fue víctima de seguimientos y escuchas clandestinas por parte de la AFI.
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Gómez Centurión es el director de la Aduana suspendido por una denuncia anónima, basada en una grabación editada. La solicitud de Carrió se basó en una nota publicadas en Clarín por Claudio Savoia. El periodista denunció la existencia de dos bases secretas de la ex SIDE, una en Libertador y Newbery y otra en el viejo edificio del diario La Prensa, desde las cuales se realizarían operaciones de espionaje. Savoia documentó esa denuncia con registros de la persecución a Gómez Centurión. Y consignó, citando fuentes de la AFI, que esos operativos estaban a cargo del jefe de contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien obedeció órdenes de la segunda de esa agencia, Silvia Majdalani. Una pregunta clave: si esa información es verdadera, ¿a quién se le rendía cuenta de los gastos? ¿Y a quién reportaban las novedades? ¿Llegaban hasta Macri? Esto abriría otro ángulo para entender la salida de Gómez Centurión.
Majdalani y su jefe, Gustavo Arribas, un amigo de Macri dedicado a la compraventa de futbolistas, rechazaron las imputaciones y pidieron al fiscal Carlos Stornelli que las investigue.
Sin embargo, pesa sobre ellos otra relación sospechosa entre la AFI y la denuncia contra Gómez Centurión. Días antes de que se conocieran las grabaciones que justificaron su suspensión, Centurión recibió una llamada de un colaborador de Majdalani, el fiscal Eduardo Miragaya, pidiendo que fuera repuesto al frente de la delegación Ezeiza de la Aduana un funcionario sospechado de proteger el contrabando. Cuando lo acusaron, Centurión estaba investigando a una red de importadores vinculados a espías jubilados, encabezados por Antonio Stiuso. Majdalani tiene una estrechísima relación con Francisco Larcher. Fue el jefe de la ex SIDE durante el kirchnerismo, y estuvo tan ligado a Stiuso que antes de pedirle la renuncia prefirió dejar el cargo.
Además de protagonizar este escándalo, Miragaya provocó algunos papelones. Fue, por ejemplo, el responsable de negociar con Lázaro Báez para que denunciara a Cristina Kirchner. Para facilitar ese propósito, dos abogados amigos de Miragaya, Claudia Balbín y Santiago Viola, patrocinaron a Leandro Báez, uno de los hijos del constructor y testaferro. Una versión insistente, pero no confirmada, sostiene que para respaldar la transacción, Leandro Báez fue llevado al edificio central de la AFI. ¿El fiscal Guillermo Marijuan estaba al tanto de estas tratativas?
Su colega, Miragaya, es experto en chascos. Tampoco consiguió corroborar que, como había afirmado Báez, el juez Sebastián Casanello visitó Olivos para pactar con la señora de Kirchner. A Miragaya se le atribuye también haber acordado con Ibar Pérez Corradi una acusación contra el radical Ernesto Sanz. El intermediario habría sido un subordinado de Miragaya, el comisario Carlos Sidras, quien tiene una vieja relación con el abogado del narco, Carlos Broitman. La interpretación más difundida es que el ataque a Sanz fue promovido por Majdalani, por temor a que el radicalismo quisiera desplazarla.
El que quiere ahora remover a Majdalani es Arribas, envuelto en un bochorno. Pero el bróker de jugadores choca con otro amigo de Macri, Nicolás Caputo. Es el padrino de Majdalani. Caputo también hizo designar a la hija de la funcionaria, Agustina Olivero, al frente de la Corporación Puerto Madero.
Por ahora Arribas se conforma con obligar a Majdalani a deshacerse de sus subordinados inmediatos. Miragaya, que estaba al frente de la Dirección de Delitos Económicos, fue enviado a la sección Archivos. En su lugar quedó Fernando Di Pasquale. En Seguridad designaron a Gastón Guildi. Sidras, que estaba al frente de lucha contra el narcotráfico, fue desplazado. A su colega Edgardo Aoun lo destacaron en Avanzada Presidencial, una unidad para prevenir contratiempos en los desplazamientos de Macri. Y el coronel Raúl Bertoia, que estaba a cargo de las relaciones exteriores, volvió a su casa.
Arribas, que según Macri "es vivísimo", debe haber calculado que con estos relevos se exponía a filtraciones. No debería sorprender, por ejemplo, que trascendieran más mensajes del fiscal Marijuan, que prestarían beneficios involuntarios a su antigua jefa y actual imputada, la señora de Kirchner. Marijuan está en un trance circular. Quedó a cargo de la denuncia de Carrió sobre unas escuchas ilegales de las que él también pudo ser víctima. A la vez, acusó por la grabación de su voz que ya se conoció a Alan Bogado, el espía al que Alberto Nisman denunció por traficar información sobre la AMIA con Irán. Bogado declaró ser un agente de Stiuso en la Aduana. Un tema que debe investigar Marijuan, a cargo de la denuncia contra Gómez Centurión. Esta fatigosa enumeración de nombres y de casos conduce a una conclusión inevitable: la emancipación de las mafias requiere de una estrategia y de una voluntad política que todavía no han aparecido. Lógico: es más fácil derrotar a la inflación.
Macri tampoco logra alcanzar otro objetivo: reemplazar a Gils Carbó. La disputa se ha reabierto. Algunos amigos abogados recomendaron a Macri eliminar de la ley del Ministerio Público la necesidad de conseguir dos tercios del Senado, para poder desplazarla por decreto. Pero el Presidente se lamenta: "Esa bala la gasté con las designaciones en la Corte".
En carrera
Macri depende, como en todo, del PJ. En los próximos días Graciela Camaño, del Frente Renovador, quedará al frente de una comisión bicameral de control de la Procuración. Camaño, a quien Federico Pinedo describe como una serial killer, deberá tratar una primera irregularidad: el Colegio de Abogados denunció a Gils Carbó por haber seleccionado sin control alguno a los jurados de una veintena de concursos para designar fiscales. La nueva bicameral será un tribunal oficioso, cuyo objetivo es lograr la renuncia de la procuradora. La carrera por el reemplazo está lanzada. Entre los competidores figura el vapuleado Marijuan, avalado por el empresario Gabriel Hochbaum, antiguo amigo de Julio De Vido. ¿Las filtraciones tendrán que ver con este sueño?
La avanzada contra Gils Carbó es parte de un enfrentamiento más amplio con la asociación kirchnerista Justicia Legítima. La semana pasada, varios integrantes de esa liga se quejaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de garantías en el país. Entre los denunciantes estuvo la camarista de Casación Ana María Figueroa. Gracias a su excursión, sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky pudieron confirmar a la Sala II de la Cámara Federal, que integran Cattani, Irurzun y Farah, en la causa por el dólar futuro, donde está procesada Cristina Kirchner. Figueroa, que cajoneaba la recusación, no debería haber viajado. Un error no buscado. Como el que cometieron los camporistas Vilma Castillo y Juan Forlón al admitir que el nuevo auditor general de la Nación, Oscar Lamberto, designe como asesor al hijo de Germán Moldes. Es el fiscal general que pidió para la ex presidenta la condena por traición a la patria.
Las defecciones y fragilidades del Gobierno en el frente judicial preocupan a muchos dirigentes de Cambiemos. Un ejemplo notorio ha sido el del procurador del Tesoro, Carlos Balbín: se negó a firmar las presentaciones ante la Corte por el caso de las tarifas, acaso el más importante que le toque defender durante toda su gestión. Macri registra la alarma de esos seguidores y, como siempre, les pide que "armen una mesa". Va quedando cada vez más claro un rasgo principal de su liderazgo: promover la deliberación permanente, para reservarse la capacidad de decisión. Con ese método la Casa Rosada se va transformando en una mueblería. Para la mesa judicial el Presidente puso una condición: que además de Garavano, Rodríguez Simón, Torello y Clusellas haya lugar para el binguero Daniel Angelici. Un control de calidad.
Mientras tanto, el diseño judicial promete modificarse con prescindencia del Gobierno. El Colegio de Abogados porteño reclamó que la integración que el kirchnerismo impuso al Consejo de la Magistratura sea declarada inconstitucional. El 19 de noviembre, los camaristas contencioso-administrativos López Castiñeira y Márquez se lo concedieron. Antes de marcharse, Cristina Kirchner pidió recurrir a la Corte. Y lo logró. El máximo tribunal debe resolver la nueva composición del Consejo. La decisión cobija un detalle importantísimo: si confirmara la inconstitucionalidad, se volvería a la formación originaria. El presidente del Consejo sería, entonces, el presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti duplicaría su poder. Un detalle que no contempló Macri. Acaso tampoco Lorenzetti.
